La integración energética y de infraestructura son los pilares de la integración sudamericana que debe desarrollarse con la activa participación de los movimientos sociales de la región, aseveró hoy el presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, durante la inauguración de la II Cumbre Sudamericana de Naciones, que se inició en un ambiente político en que la oposición acusó al anfitrión, el presidente Evo Morales, de violar la Constitución nacional y la Carta Democrática Interamericana.
 
En su discurso al hacer entrega de la presidencia pro tempore de la cumbre al presidente boliviano, Lula subrayó que los países de la región quieren un comercio que genere beneficios equilibrados. El libre comercio es un instrumento, no un fin en sí, subrayó.
 
Se preguntó por qué se habían tardado tanto en convertir la integración en una realidad, después de dos siglos de independencia y pese a que la región es una gran área de libre comercio de 34 mil millones de dólares este año.
 
Planteó la necesidad de crear cadenas de producción regionales, "industrias y consorcios regionales en áreas estratégicas" como la aeronáutica y la naval, trazar un plan de fortalecimiento de conexiones aéreas y crear un Banco Sudamericano de Desarrollo, coordinar esfuerzos en la exploración y distribución de hidrocarburos.
 
El mandatario brasileño propuso iniciar negociaciones de un tratado constitutivo de la Cumbre Sudamericana que le dé contenido a ésta, y que "ojalá pudiera firmarse el documento en la próxima cumbre". Asimismo, propuso a Cochabamba como sede del Parlamento Sudamericano, cuando este sueño se concrete.
 
Retomó además la propuesta de Evo Morales de integrar una "rigurosa agenda social sudamericana, con metas específicas y mecanismos de seguimiento de su implementación".
 
El encuentro convocó a los presidentes de Guyana, Bharrat Jadgeo; Perú, Alan García; Brasil, Lula da Silva; Uruguay, Tabaré Vázquez; Venezuela, Hugo Chávez, y a la presidenta de Chile, Michelle Bachelet.
 
Además, asisten dos presidentes electos: Daniel Ortega, de Nicaragua, y Rafael Correa, de Ecuador. Llegaron también representantes de los gobiernos de Argentina, Ecuador, Panamá, Colombia, México y Paraguay.
 
Por su parte, el presidente boliviano comentó que por primera vez ha visto dos cumbres juntas, la de los presidentes y la de los movimientos sociales, que durante tres días sesionaron aquí.
 
En ese contexto, confió en que la integración resolverá los problemas energéticos de Sudamérica sin mezquindades ni egoísmos, aprovechando los recursos naturales con base en las paraestatales.
 
Habló de las injusticias que afectan a la región, entre ellas la pobreza, que castiga a Bolivia, y "las políticas impuestas por alguna potencia, inclusive con participación de organismos internacionales", y añadió que en esta hora hay que imaginar una especie de "Unión Europea" regional.
 
Mencionó que algunas recetas que vienen de fuera, que imponen la subasta de los recursos naturales del país, traen confrontación entre sectores y regiones, y coincidió con Lula en que la presencia de los movimientos sociales "es la única garantía para la unión de Sudamérica, y esto no se para".
 
"La integración que buscamos es una con soberanía y dignidad, que en los foros frenemos cualquier política de certificación y descertificación", aseveró Morales, al señalar que las certificaciones de la lucha contra el narcotráfico "son políticas", en alusión a esa práctica estadunidense.
 
Por la tarde se clausuraron los trabajos de la Cumbre Social por la Integración, paralela a la de presidentes, a la que asistieron más de 4 mil 400 delegados de 20 países del continente y algunos de Europa, una de cuyas conclusiones fue apoyar al pueblo boliviano y a Morales, que "enfrenta los intentos separatistas de la oligarquía y las trasnacionales" para frenar la refundación del país.
 
Más de lo mismo
 
Prefectos (gobernadores) y líderes de los comités cívicos de Santa Cruz, Tarija, Pando y Beni enviaron un "mensaje a la cumbre en que acusan a Morales de estar generando "condiciones absolutas que llevan al totalitarismo y a la desunión entre los bolivianos".
 
Acusan al gobierno central de tener "vocación antidemocrática y beligerante", reiteran su rechazo el dominio oficialista en la Asamblea Constituyente en detrimento de la propia ley, que se desconoce a las minorías y "se pretende desconocer" el resultado del referendo nacional vinculante sobre la autonomía regional.
 
La presidencia de Bolivia aseveró que el artículo 71 del reglamento de la Constituyente, en que se establece la votación mixta, por mayoría absoluta como regla general y por dos tercios el texto final de la nueva Constitución Política y tres artículos que sean observados por la oposición, respeta la ley de convocatoria a la Constituyente y la Constitución.
 
En medio de las protestas de la oposición, diversos incidentes de violencias se suscitaron en los últimos dos días, como el ataque, la noche del miércoles, contra nueve oficinas públicas y privadas, entre éstas las de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos en Santa Cruz, el canal 7 de la televisión oficial, Migración y el aeropuerto de Viru Viru.
 
Además, hoy hubo dos falsas amenazas de bomba en Cochabamba y disparos en Santa Cruz contra la casa pastoral católica, las oficinas del ministro de Obras Públicas y la vivienda del líder empresarial Germán Antelo, en huelga de hambre, sin víctimas.
 
En respuesta, el gobierno decidió cerrar las oficinas públicas en Santa Cruz y advirtió que no tolerará movilizaciones que atenten en contra de la unidad y de la integridad territorial del país.