La cuestión del Financiamiento de la Integración es uno de los ejes centrales que desde los movimientos venimos trabajando. Los países de Sudamérica han experimentado en las últimas décadas la aplicación de un modelo hegemónico de financiamiento y desarrollo que ha dado como resultado el empobrecimiento y la exclusión de vastos sectores de la población, la destrucción y enajenación del patrimonio social, productivo, cultural y ambiental de la región y el violento aumento de los niveles de desigualdad y discriminación social, económica y política.
 
Central a la lógica y funcionamiento de ese modelo ha sido la implementación de un sistema masivo de endeudamiento público, a través del cual se instrumenta un drenaje directo de capitales en pago de intereses y servicios de la deuda y se facilita la imposición de políticas de liberalización, privatización y mercantilización de la vida que tan nefastas consecuencias siguen trayendo para la región. La ilegitimidad de este sistema de exacción es reforzada aún más por las condiciones y términos específicos bajo los cuales los reclamos de deuda han sido acumulados, muchas veces mediante la violación de los requisitos y procedimientos democráticos y legales, mediante fraude, sobornos y engaños, o el manejo unilateral de contratos enormemente desventajosos y onerosos para los países del sur.
 
La resistencia de los pueblos a este prolongado saqueo está reflejada en las repetidas crisis que experimentan el modelo y sus instituciones gestores y en el reconocimiento cada vez más extendido de la necesidad de instrumentar nuevas medidas para resolver el flagelo permanente de la deuda pública. Está presente además en la oposición a la implementación de nuevos regímenes jurídicos como los Tratados de Libre Comercio y de Protección y Promoción de las Inversiones, la prôrroga de jurisdicciones como por ejemplo al CIADI, las normas de la OMC o las Cartas de Intención y otros acuerdos con las Instituciones Financieras Internacionales (IFIs), que someten aspectos fundamentales de la soberanía económica a marcos supranacionales e impactan negativamente en la situación social y financiera de nuestros países.
 
El fortalecimiento y articulación de esta resistencia en los últimos años ha dado lugar a la generación de nuevas condiciones y oportunidades políticas propicias para la concreción de respuestas estatales coordinadas entre sí y que tengan como horizonte la participación activa y organizada de los pueblos y la plena vigencia de los derechos humanos y ambientales. En ese sentido, la construcción de la Comunidad Sudamericana de Naciones se constituye en una de esas oportunidades que puede y debe traducirse en transformaciones concretas de las relaciones injustas de poder que determinan los niveles de desfinanciamiento crónicos y medidas específicas frente a la demanda impostergable de vida digna para todas y todos en un marco de respeto hacia el patrimonio natural y cultural de los pueblos de la región.
 
Avanzar en la consolidación de estas nuevas posibilidades de financiamiento independiente, solidario y acorde con las necesidades de los pueblos, implica tanto el desarrollo de normas y mecanismos innovadores para canalizar la riqueza generada en la región hacia las prioridades sociales y productivas de nuestras poblaciones, evitando la repetición de ciclos de auge financiero y posterior debacle, como también la adopción urgente de políticas específicas para lograr revertir el condicionamiento político y la salida neta de capitales, capacidades humanas y bienes naturales provocados por el sistema de endeudamiento y la intervención de las instituciones financieras internacionales, poner fin a la impunidad de la cual se benefician aquellos actores nacionales e internacionales responsables de esta situación de desfinanciamiento y avanzar en el resarcimiento de los crímenes cometidos.
 
Propuestas:
 
1- Realizar una auditoria sudamericana de los reclamos de deuda contra el patrimonio público en la región y someter a la realización de auditorias externas a las Instituciones Financieras Internacionales, sus políticas y prácticas crediticias. Promover también procesos de auditorias de los procesos de fugas de capitales y de audit de los Bancos privados transnacionales. Estas auditorias deben ser integrales, participativas y transparentes.
 
2- Poner fin a la impunidad con la cual actúa el poder financiero y sus mandatarios.
 
3- Reconocerse como países acreedores para poder saldar la deuda histórica, social, cultural, ecológica y financiera con los pueblos de la región.
 
4- Evitar la acumulación de nuevas deudas y otros compromisos que implican la continuidad de las transferencias negativas de capitales hacia el Norte
 
5- Revisar el rol, la estructura y el funcionamiento de las IFIs.
 
6- Fortalecer las alternativas que se van construyendo desde los pueblos y sus organizaciones e impulsar nuevos mecanismos de financiamiento propios, superando las asimetrías existentes y favoreciendo la consolidación de relaciones de equidad.
 
7.- Establecer mecanismos de vigilancia para que los nuevos mecanismos de financiamiento solidario entre los países del continente no sean aprovechados para mantener viajas relaciones de dominación y de control
 
8. No admitir reestructuraciones ni canjes de deuda que sirven para blanquear deudas cuestionables, legitimar el proceso de saqueo e imponer intereses ajenos.
 
9.- revisar y revertir los tratados de protección y promoción de las inversiones, las prorrogas de jurisdicción y la aceptación de instancias extra-judiciales como el CIADI, los sistemas tributarios regresivos y otros mecanismos de desfinanciamiento estatal, incluyendo la privatización de importantes bienes y servicios públicos cuya explotación privada es luego subvencionada por el estado.
 
10.- Definir políticas de protección del ahorro nacional, fortalecer la base de financiamiento autónomo que permiten avanzar hacia la eliminación de la falsa necesidad de capitales externos.
 
11.- Crear mecanismos propios que permiten incentivar la solidaridad entre pueblos hermanos y superar la vulnerabilidad y la dependencia de América del Sur en relación a los mecanismos financieros tradicionales de la globalización (FMI, BM, BID), a través de la autonomización de la región. Nuevos mecanismos como un Fondo común de reserva, un Banco Solidario del Sur, la creación de una moneda regional son pasos decisivos en esta dirección. Por supuesto el Banco solidario del Sur se constituirá en ruptura con los paradigmas dominantes del desarrollo controlado por las IFIs
 
12.- Exigir la cancelación total inmediata e incondicional de la deuda externa injustamente reclamada a nuestros países. En particular presionar al BID para una cancelación integral e incondicional de la deuda reclamada a los 5 países mas pobres de nuestro continente.
 
13.- Denunciar los programas de alivio de deuda y de reducción de la pobreza que hacen parte de una estrategia de relegitimación.
 
14.- Lanzar acciones continentales unitarias para lograr el no pago de la deuda externa.