Este proceso inició con el cambio de contravención a delito para cualquier grupo que obstruya los sitios públicos

Abogados constitucionalistas consideran que existe una 'criminalización' de las protestas callejeras, debido a lo cual no están de acuerdo con las acciones ejercidas por el Estado, ya que estas pasaron de tipificarse como una contravención a un delito, si los participantes en un movimiento cívico obstruyen lugares públicos como las calles.

Una de las personas sobre las que recayó esta normativa es el dirigente sindical Orlando Barrantes, a quien condenaron el pasado 6 de noviembre a dos años de libertad condicional por haber participado en una manifestación en Guápiles el 12 de diciembre del 2000.

El dirigente aseguró que él nunca retuvo a cuatro policías como se le imputó en la acusación por parte de la policía y que fue injustamente condenado. (Cuadro aparte: 'Controversial fallo').

Los juristas José Miguel Corrales, Paul Rueda y José Miguel Villalobos manifestaron que esta reforma -hecha en la administración pasada- no es casual luego de las revueltas populares contra el denominado 'Combo del Instituto Nacional de Electricidad (ICE)', cuya oposición se dio en el gobierno del exmandatario Miguel Angel Rodríguez.

El proyecto del 'combo' estaba constituido por una serie de leyes que pretendían la apertura del monopolio en energía y telecomunicaciones.

La reforma al artículo 256 bis del Código Penal adicionó el inciso f.) que hace el mencionado cambio.

Establece una pena de 10 a 30 días de cárcel a quien, sin la autorización de las autoridades competentes, impida, obstruya o dificulte el tránsito vehicular o el movimiento de transeúntes.

Sobre el tema se quiso conocer el criterio del Ministro de Seguridad Pública, Fernando Berrocal, pero su jefe de despacho, Ricardo González, manifestó que el jerarca se encontraba en la Defensoría de los Habitantes y no podía atender al cierre de esta edición.

Se le dejó un mensaje en la grabadora de su celular, pero no contestó ante la solicitud hecha para obtener información.

Fuertes coincidencias

El exdiputado y excandidato presidencial José Miguel Corrales no tiene dudas al afirmar: 'Desde el punto de vista político estoy profundamente angustiado porque de ser cierta la intención del gobierno de penalizar este tipo de actividades, serían los antecedentes de una dictadura'.

Paul Rueda, coordinador de la Maestría de Derecho Constitucional de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) destacó que le preocupan 'algunas conductas después del 'combo' que cambiaron la figura de la contravención por la de delito'.

Como algo evidente calificó José Miguel Villalobos el cambio en la legislación que 'tiene un objetivo: criminalizar o intenta criminalizar los procesos de manifestación de marchas y protestas'.

Especificó que 'la ubicación histórica de esa norma es dos años después de lo ocurrido con el 'combo' y no es una casualidad'.

Derecho a disentir

Los especialistas consultados estiman que en todo país democrático, como consideran es el caso de Costa Rica, las personas tienen el derecho a manifestarse públicamente y a reunirse con fines políticos o de otra índole, según estipula la Carta Magna.

'No me gusta hablar de la 'democracia de la calle' sino de la protesta social, la que es constitucional en un régimen democrático', dijo Rueda.

'Por supuesto esto tiene límites y las manifestaciones públicas no pueden vulnerar los derechos de los otros ciudadanos, si se dañan edificios, por ejemplo. Es algo constitucionalmente inaceptable'.

Por su parte, Villalobos recalcó que 'los seres humanos en una democracia no renunciamos jamás al derecho a manifestarnos en la calle. (...) Solo en una dictadura el ciudadano está obligado a coincidir con los políticos'.

'En 1996 estuve en España cuando la organización terrorista ETA mató a un joven concejal y la gente salió a la calle en forma autónoma y Madrid estaba bloqueada. ¿Usted se imagina a las autoridades madrileñas metiendo en la cárcel y procesando a la gente por obstrucción de la vía pública?'.

Algo similar opina Corrales para quien 'en distintas etapas de la vida nacional los gobernantes han pretendido callar la voz del pueblo tipificando como delito algunos hechos que no lo son'.

Estigmatización

Al consultárseles a los constitucionalistas si consideran que las autoridades gubernamentales están estigmatizando a los estudiantes que participan de las protestas contra el Tratado de Libre Comercio (TLC), José Miguel Villalobos fue uno de los más enfáticos.

Sobre las manifestaciones del ministro Fernando Berrocal cuestionando la participación de los jóvenes en una marcha en la cual prendieron fuego a unas llantas -y se dijo que andaban bombas molotov- Rueda dijo que 'ellos deben tener cuidado de no exponerse a ese tipo de situaciones'.

'Taparse la cara es casi innecesario. (...) Ese grupo produce una imagen contraria a lo que la gente acepta. Más bien va en contra de su causa'.

Manifestó que también está en desacuerdo con los policías que llaman a los estudiantes 'marijuanitos' cuando hicieron una intervención en la Calle de la Amargura (en las cercanías de la Universidad de Costa Rica).

John Vega, representante estudiantil ante el Consejo Universitario, informó que existe el derecho constitucional de expresarse. 'Para eso existe la libertad de tránsito y de expresión. Son lo mismo', dijo.

También cuestionó que durante el 23 y el 24 de octubre el presidente Oscar Arias y su hermano, el Ministro de la Presidencia, Rodrigo Arias, llamaron a la mayoría de los directores de los medios de comunicación para 'uniformar' el enfoque de las noticias sobre las manifestaciones.

Al respecto, José Miguel Villalobos expresó que no tiene la menor duda de que el gobierno quiere deslegitimar al movimiento estudiantil que tendría un papel muy importante en una eventual gran manifestación contra el TLC.

'Al presidente Oscar Arias y al señor Fernando Berrocal les puede parecer incómodo que se bloqueen calles, que ya no sean recibidos con aplausos como cuando el primero de ellos fue nombrado Premio Nobel de la Paz', dijo Villalobos.

'En una democracia él no es un monarca. Sé que él tiene ese tipo de desviaciones y le gustaría ser un rey, pero no lo es. (...) La democracia para ellos es solo válida cuando se toman las decisiones que les benefician'.

Controversial fallo

Orlando Barrantes, dirigente sindical de la zona atlántica, fue condenado a dos años bajo libertad condicional porque se le acusó de haber ayudado a retener a cuatro policías que intervinieron en una manifestación pública hecha en Guápiles el 12 de diciembre del 2000.

El asegura que 'los hechos ocurrieron antes de la reforma al Código Penal, pero ambos están íntimamente relacionados. Lo que sucedió en el 2000 apresuró la aprobación al cambio del artículo 256 bis'.

Para Barrantes el fallo del juicio fue 'subjetivo y político', además de injusto porque asegura que él no participó en la citada retención, ya que se encontraba haciendo llamados a los concurrentes en el parque de Guápiles, lejos de donde ocurrieron los hechos.

'Se le debe explicar a la población costarricense que el aparato represivo del estado no solo se está acentuando, sino modernizando y especializando. Y se debe hacer una fuerte campaña para eliminar la reforma en el Código Penal'.

'Voy a llevar el caso a (Sala de) Casación y, dependiendo del fallo, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos'.

Fernando López González
Semanario Universidad