Las elecciones legislativas del pasado 7 de noviembre en Estados Unidos han modificado el escenario político norteamericano.

El triunfo del Partido Demócrata le garantiza la mayoría absoluta tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado y constituye, según los analistas, un claro rechazo a la política exterior del presidente George W. Bush.

Por una parte, la guerra de Iraq dejó de tener sustento moral al no existir las anunciadas armas de destrucción masiva y ha ido perdiendo respaldo en la población conforme aumenta el número de bajas en las tropas estadounidenses y se prolonga el conflicto.

Por otro lado, los acuerdos de libre comercio promovidos por Estados Unidos con un considerable número de países subdesarrollados, entre ellos los centroamericanos, generan reacciones encontradas en el electorado y en varios estados han castigado con su voto a legisladores que apoyaron el Cafta.

En el nuevo escenario político es de esperar que las presiones se intensifiquen en el Congreso con el fin de lograr el retiro militar de Iraq a la mayor brevedad. La salida de Donald Rumsfeld como secretario de Defensa se considera una señal en esa dirección.

También en el área comercial los nuevos vientos parecen pronosticar cambios importantes. No solo se retrasará el trámite de los tratados de libre comercio de Estados Unidos con Perú y Colombia, cuyas negociaciones ya concluyeron, sino que la probabilidad de aprobación disminuye y podrían ser objeto de renegociación por iniciativa norteamericana.

El diario Washington Post, en un artículo titulado “Las elecciones alteran el clima de comercio en Estados Unidos”, señala que el Partido Demócrata planea limitar el acceso sin aranceles a bienes producidos en Perú y Colombia si son elaborados en fábricas donde hay trabajo infantil o si se les niega a los trabajadores el derecho a organizar sindicatos.

Si esta es efectivamente la nueva orientación que los congresistas demócratas les quieren imprimir a los acuerdos comerciales suscritos por Estados Unidos, no sería de extrañar que a corto plazo los países centroamericanos puedan recibir una solicitud para renegociar algunos capítulos, tal y como ya se escucha respecto a las naciones andinas.

¿Qué reacciones generaría en Centroamérica una solicitud de esta naturaleza? ¿Estarán los países en disposición y en capacidad de aceptar normas más estrictas en materia laboral y posiblemente ambiental? ¿Podrían eventualmente rechazar una renegociación planteada por Estados Unidos? ¿Podrían pedir algo a cambio?

Interesantes avenidas e inesperadas interrogantes que surgen como consecuencia del cambio político electoral ocurrido en nuestro principal socio comercial. Cambio que no solo pone en evidencia que los acuerdos no son inmutables ni están escritos en piedra, sino también que los convenios responden a los intereses, de distinta naturaleza, de quienes tienen en sus manos el poder de decisión.