San José, 5 oct (PL) La Asamblea Legislativa de Costa Rica rechazó 24 mociones que permitirían a los opositores al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (TLC) expresar sus opiniones al respecto, denunció hoy una fuente de ese órgano.

José Merino, diputado por el Frente Amplio, declaró que la "mayoría mecánica" del congreso tico continúa denegando las solicitudes tendientes a democratizar los debates sobre ese acuerdo, sometido a discusión en la Comisión de Relaciones Exteriores y Comercio Exterior.

Hablan de democracia, pero cierran los espacios donde los opositores al TLC podrían expresar sus razones para el rechazo: en vez de recibir a los estudiantes y establecer un debate democrático, les amenazan con dar garrote, opinó el legislador.

"Esa actitud hace crecer la inconformidad de la gente y parece dejar al pueblo el único camino de la resistencia activa y pacífica", alertó.

Las representaciones parlamentarias del Partido Liberación Nacional, la Unidad Socialcristiana y el Movimiento Libertario fueron las que definieron la invalidación de las 24 mociones solicitadas.

Merino precisó que el congreso rechazó el miércoles las mociones presentadas por su fracción política a favor del grupo cívico Convergencia Patriótica, Movimiento de Agricultura Orgánica Costarricense y Movimiento Cívico Nacional, entre otras agrupaciones.

El Frente Amplio pidió autorización para que pudieran también plantear sus ideas sobre el TLC el Foro Emaús, Red de Biodiversidad, Movimiento Estudiantil Alternativo y el Movimiento Comunal Autónomo Costarricense.

Con antelación, recordó Merino, se desestimó la presentación de grupos cívicos como Costa Rica para Todos, Nueve Premios Magón, Costa Rica Solidaria, Mujeres Mesoamericanas en Resistencia, Coordinadora Nacional de Lucha contra el TLC y la Comisión Nacional de Enlace.

El Encuentro Popular, la Coordinadora Unitaria Magisterial y Sindical y el Sindicato de Trabajadores del Estado Costarricense también fueron afectados por la negativa de la mayor parte de los congresistas.

La polémica alrededor de ese acuerdo, negociado por el gobierno de Abel Pacheco e impulsado por su sucesor Oscar Arias, provocó en esta nación reiteradas muestras de desacuerdo.

Académicos, sindicalistas y políticos coinciden en que la concreción del TLC, firmado a espaldas del pueblo tico, implica la venta de la soberanía, la salud, la protección ambiental y la justicia.

Esto es posible a través de los tribunales arbitrales, que serán creados en virtud del contrato y posibilitarán a los mediadores nombrados por las transnacionales y los gobiernos implicados, adoptar o modificar decisiones internas de cada país.