Madrid / Barcelona, 4 de octubre de 2006

Los partidos políticos presentan distintas enmiendas a la Ley de Deuda que serán debatidas en la Comisión de Exteriores del Senado mañana 5 de octubre. La Sociedad Civil apoya algunas de estas enmiendas pero alerta de otras muy peligrosas porque comprometen la calidad de la Cooperación española.

Después de año y medio de su toma en consideración, la Ley Reguladora de la Gestión de la Deuda Externa llegó a su trámite en el Senado. El pasado 20 de septiembre se hicieron públicas las 45 enmiendas que los distintos grupos parlamentarios han presentado para su discusión en la Cámara Alta. Ninguna incluye un compromiso de cancelación de deuda que agote el marco internacional existente ni medidas iniciales de cancelación del 100% de la deuda externa bilateral de todos los países que en este momento necesitan la cancelación de sus deudas para lograr una vida digna para todos sus habitantes, en contra de los compromisos asumidos por el Estado español y de lo que pide la sociedad civil. En cambio el actual texto de la Ley tan sólo obliga al Gobierno a cancelar, como máximo, un 15% del total de la deuda de la que el Estado es acreedor.

Las tres campañas contra la Deuda Externa, Sin Duda. Sin Deuda, Corta con la Deuda y ¿Quién debe a quién? ?con el apoyo de la Alianza Española contra la Pobreza- recibimos positivamente las enmiendas de los grupos políticos del Senado que han recogido nuestras demandas e instamos al Senado a que aprovecha la oportunidad para transformar la Ley de Deuda en un verdadero instrumento de desarrollo. Para ello, consideramos que se deben incluir aquellas que hacen referencia a la urgente reformulación del segundo mecanismo generador de Deuda Externa, que es la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE); el reconocimiento de la corresponsabilidad de políticas y la creación de mecanismos de evaluación; así como la no contabilización de las operaciones de cancelación de Deuda Externa como Ayuda Oficial al Desarrollo. Los dos primeros puntos han sido presentados por el Grupo Mixto y el Grupo Entesa Catalana del Progrés (GPECP). El tercero lo recogen el Grupo Mixto, el Grupo Popular, GPECP y Convergència i Unió, por lo que parece que es el que más probabilidades tiene de aprobarse. Todas las enmiendas relacionadas con la no contabilización de la cancelación de la deuda como Ayuda Oficial al Desarrollo proponen un periodo de tiempo para hacerla efectiva (o bien dentro de 6 años o bien cuando se alcance el 0,7% AOD/PNB). Desde las tres campañas consideramos que esto debe realizarse de inmediato.

Asimismo, alertamos sobre las enmiendas presentadas por PSOE, en las que propone aumentar los créditos FAD (Fondo de Ayuda al Desarrollo) en 528 millones de euros, cuando en el texto de la misma Ley aprobado en el Congreso el pasado 22 de junio se instó al Gobierno a revisar estos créditos.

Este mecanismo de financiación ha sido recurrentemente criticado por las ONGs españolas como un instrumento cuyo principal objetivo es el apoyo a la internacionalización de la empresa española y no la erradicación de la pobreza, que según la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo es el objetivo prioritario de la AOD. El FAD es el responsable de la mitad de la Deuda Externa que los países empobrecidos tienen contraída con el Estado español y ha contribuido a agravar el problema de sobreendeudamiento de una parte de los mismos. Asimismo, en la mayoría de los casos, se trata de ayuda vinculada a la contratación de bienes y servicios a empresas españolas, lo que provoca, tal y como ha sido demostrado en repetidas ocasiones, la sobrevaloración en el precio de la misma, la discriminación del tejido productivo local y la concentración de los fondos en un número reducido de empresas españolas, entre otros.

Por estas razones hemos reclamado en repetidas ocasiones su revisión y desaparición. El aumento del FAD es inaceptable y contradictorio con la propia Ley de Deuda Externa que prevé revisar este mecanismo de generación de Deuda. La oposición al incremento de los fondos canalizados a través del FAD no debería sin embargo, impedir el crecimiento ni de la AOD en general, para cumplir con los compromisos electorales, ni de las contribuciones a los organismos internacionales no financieros, en particular. España debe incrementar sustantivamente sus aportaciones a los mismos y de esta forma abandonar los últimos puestos en la lista de gobiernos donantes.

Desde la sociedad civil queremos transmitir al Senado nuestra preocupación porque la Ley de Deuda Externa prioriza los intereses económicos del Estado español como acreedor por encima del derecho a una vida digna de las poblaciones empobrecidas en los países del Sur. A fin de que esta Ley sea un instrumento para erradicar la pobreza, como piden cientos de organizaciones en la Semana de Lucha contra la Pobreza del 16 al 21 de octubre, con el lema ?Más hechos, menos palabras?, exigimos que en su articulado se incluyan las demandas que, en su momento, presentamos conjuntamente al Senado.

Más información:

¿Quién debe a quién?: 660 66 59 34 / 619 94 90 53 Sin Duda. Sin Deuda: 91 308 20 20 Corta con la Deuda: 91 204 67 35 / 619 717 884