El movimiento de los afectados por las represas hidroeléctricas en Brasil
sigue movilizando a centenares de familias, quienes exigen que las
constructoras y el propio Estado asuman los daños que las construcciones
causan a los campesinos.

Entre el lunes 29 y martes 30 de octubre se produjeron algunas acciones
por parte del Movimiento de Afectados. Así, unas 350 personas, la mayoría
provenientes del sector de la represa de Manso e Cerra da Mesa, en el
centro-oeste del país, llegaron hasta las instalaciones del la estatal
Furnas en Río de Janeiro.

Ahí se mantuvieron todo el lunes impidiendo que al menos 100 trabajadores
ingresen a sus puestos. Asimismo, unos 120 miembros de la policía
militar, con armas en mano, vigilaban a los "atingidos".

En horas de la tarde los funcionarios de Furnas aceptaron dialogar con
una comisión de los manifestantes. A decir de los campesinos, en esta
reunión se dieron buenos avances a su favor. La empresa dio garantías en
la entrega de canastas básicas para 400 familias afectadas por la represa
de Manso, en Mato Grosso. También dijeron que revisarán los asentamientos
ya construidos, pues estos están ubicados en sitios secos no aptos para
la agricultura y la situación de miseria de estas familias se acentuaría
aún más.

Una nueva reunión entre los afectados y la empresa Furnas se realizará el
6 de noviembre, en la cual se estudiará las mínimas indemnizaciones que
recibieron algunas familias y también se tratará sobre el caso de unas
600 familias que no recibieron absolutamente nada, pese a ser también
afectadas por los embalses. La reunión se realizará en la sede de la
Asamblea Legislativa de Mato Grosso, en Cuiabá.

Estos acuerdos iniciales fueron evaluados inmediatamente por más de medio
millar de campesinos afectados por la represa e Manso, en Mato Grosso, y
que ocuparon dichas obras. Aquí Helio Mecca, de la dirección Nacional del
Movimiento de los Afectados por las Represas -MAB por sus siglas en
portugués-, dijo que "es una basurdo que los afectados por los embalses
construidos en el centro-oeste de Brasil, tengan que viajar hasta Río de
Janeiro para presionar a la empresa constructora a resolver los problemas
que ella misma causó".

El lunes mismo unos 1.500 campesinos damnificados por la represa de Barra
Grande, en el límete entre los estados de Rio Grande do Sul y Santa
Catarina, ocuparon las bodegas de la obra. En esta ocasión los afectados
ingresaron en dos grupos, uno por cada estado. El martes, el Consorcio
Baesa cedieron a las presiones y buscaban dialogar con los manifestantes.
Los agricultores quieren que sean establecidos criterios para la
indemnización y reasentamiento para las familias afectadas por el
embalse. También piden el establecimiento de un acuerdo entre el MAB y
Baesa, empresa que recién inició los trabajos en la región.

Asimismo, más de 200 familias ocuparon la Usina Hidroeléctrica de Fumaça,
en el Alto Rio Doce, en Minas Gerais. Al momento la empresa
Alcan/Alumínios do Brasil, de capital canadiense, responsable de la obra
continúa intransigente, por lo cual los campesinos se mantienen en el
sitio, paralizando la operación de la Usina.

La protesta de carácter nacional contra las grandes represas se dio no
solo por el desplazamiento humano que estas representan, sino por los
impactos negativos que estas producen, al medio ambiente. Así lo señaló
un grupo de pequeños pescadores agrupados también en el MAB, quienes ven
cómo su actividad también ha sido duramente golpeada por las obras
hidroeléctricas, que interrumpen el libre flujo de peces en los ríos
escogidos para ubicar las turbinas.

Frente al caso de los pescadores afectados, se propone que la estatal
Furnas y la Colonia de Pesca conformen una comisión paritaria para que
resuelvan la situación. Mientras tanto, se solicita a la empresa el pago
de 600 dólares mensuales a cada uno de los 58 pescadores que están
impedidos de pescar, pues simplemente la represa eliminó los peces. El
tiempo de pago no sería por un período menor a tres años ni mayor a
cinco.

Aunque los campesinos afectados están dispuestos a continuar con su lucha
de manera indefinida, los dirigentes del MAB fueron cautelosos sobre la
posibilidad de prolongar las tomas, toda vez que esa actitud podría
bloquear las negociaciones ya iniciadas. Al parecer, el comando nacional
del movimiento ha dispuesto el negociar los respectivos petitorios en
cada una de las usinas ocupadas en varios estados.

Según el Movimiento de los Afectados por las Represas, desde 1999 hasta
la fecha han sido afectadas no menos de un millón de personas, quienes
fueron expulsadas de sus propiedades en función de la construcción de las
hidroeléctricas, y muchas de ellas jamás fueron indemnizadas de manera
justa. El MAB es una ONG ligada a la Iglesia Católica y es de carácter
nacional.