El gobierno colombiano no ha firmado el TLC y ya está hablando de una inminente renegociación del mismo, no porque así lo haya expresado oficialmente el gobierno norteamericano sino, al parecer, debido al previsible triunfo del partido demócrata en las elecciones parlamentarias del próximo 7 de noviembre. Aunque el ministro Botero, después de algunas declaraciones en este sentido, se rectificó. Esa actitud continúa la inveterada costumbre gubernamental de hacer concesiones antes de que se las pidan y dar una nueva señal de la disposición de concretar el TLC a cualquier precio. Esta posible renegociación, según los voceros Uribistas, se concentraría en los capítulos ambiental y laboral que el partido demócrata ha exigido se incluyan en las negociaciones de tratados de libre comercio y que tanto los republicanos como el gobierno colombiano hubieran preferido no se incluyeran, como lo confesaron los negociadores colombianos en varias oportunidades.

Pero aunque esto sería lógico, no se descarta que de la revisión preliminar que está haciendo el Congreso norteamericano salgan nuevos temas a “renegociar” tales como la revisión de la cuota de azúcar que se le otorgó a Colombia o nuevas restricciones a las exportaciones de textiles colombianos.

Lo que los demócratas usualmente expresan en el tema laboral es la inquietud de sectores empresariales norteamericanos que temen sufrir la competencia de mercancías producidas en el extranjero y como mecanismo de protección piden que se controle lo que llaman dumping social, o sea que no haya peores condiciones laborales en los sectores exportadores que en el resto de los sectores económicos. También los sindicatos norteamericanos que son importante sustento del partido demócrata, se preocupan por la posible pérdida de puestos de trabajo ante el hecho de que muchos capitales emigran buscando mano de obra barata en otros lugares del mundo. Lógicamente los sindicatos colombianos y los norteamericanos comparten una genuina preocupación por los puestos de trabajo, pero vale la pena insistir en que esto no puede convertirse en un pretexto para que los sindicatos avalen el resto del tratado que contiene disposiciones que afectan gravemente las posibilidades de trabajo y de desarrollo productivo.

Los demócratas realmente no están interesados en el bienestar o los derechos de los trabajadores y trabajadoras colombianos, sino en defender su producción local y los intereses de sus electores. La escasa preocupación de la mayoría de los demócratas en este aspecto es visible en el hecho de que lo que se pacta en un TLC no es una mejoría en las condiciones laborales, ni la aplicación de estándares laborales de acuerdo a los avances mundiales o a la aplicación integral de los acuerdos internacionales más avanzados en esta materia. Lo que se establece es la aplicación de la ley de cada país por deficiente que ella sea y se estipula solamente que no se le concedan a los empresarios exportadores condiciones particulares para exportar con mano de obra más explotada que en otros sectores.

Estados Unidos es un país que sufre graves desequilibrios y desigualdades en materia laboral. La sindicalización es baja y hay mil formas de superexplotación que afectan principalmente a los millones y millones de inmigrantes a los cuales no se les asegura ni siquiera el derecho a la ciudadanía, mucho menos a condiciones justas de trabajo, muchos de los demócratas que aparecen tan preocupados por los asesinatos de sindicalistas en Colombia no exigen garantías para los inmigrantes en Estados Unidos, ni garantías para sus propios trabajadores. Aunque hay también allí un importante sector de genuinos opositores a estas formas del “libre comercio”

Para nuestro país el TLC no exige ni garantiza la mejoría en las condiciones laborales y por el contrario, lo que pretende aprovechar son las “ventajas comparativas” que en nuestro caso son los recursos naturales y la mano de obra barata. Cualquier renegociación significaría como en el caso de la carne y el pollo un empeoramiento de las condiciones para Colombia y nuevas ventajas para Estados Unidos.

Es importante tomar nota que, en cualquier caso, la iniciativa de la renegociación provendría de los Estados Unidos; el ministro Botero acepta alegremente la posibilidad de renegociar estos capítulos en los cuales ellos obtendrían nuevas ventajas, pero no abre la boca sobre la posibilidad de reconsiderar por ejemplo el texto agrícola, replantear los plazos, introducir excepciones o cualquier cosa que pudiera servir al país.

Un tratado malo, que ni siquiera se ha firmado, que Estados Unidos quiere interpretar a su amaño cada semana y que implica presiones permanentes para hacer modificaciones a la legislación colombiana y sin que se sepa si será aprobado o no, le hace toda clase de guiños a los demócratas estadounidenses y manifiesta su disposición a renegociarlo, mostrando nuevamente su actitud de decir sí a todo lo que propongan los Estados Unidos y rechazar cualquier exigencia de la población.

Lo que este episodio revela son las dificultades que tiene el TLC en Estados Unidos y la desesperación del gobierno de Uribe por que se firme y ratifique. Esto sigue haciendo al gobierno vulnerable a aceptar incondicionalmente cualquier exigencia norteamericana y seguir hipotecando nuestras posibilidades de desarrollo.

Red Colombiana de Acción frente al Libre Comercio y el ALCA, Recalca
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Bogotá, octubre 5 de 2006