Los Frentes Comunitarios de Lucha contra el TLC, denuncian ante la Comunidad
Nacional e Internacional que el presidente ilegítimo de Costa Rica, el Premio Nobel de la Paz Oscar Arias Sánchez, está militarizando descaradamente a nuestro país mientras que en el exterior predica un hipócrita discurso pacifista. A continuación un breve recuento:

El día 8 de mayo del 2006, cuando asumió la presidencia de la República, se hizo rodear de un dispositivo policial-militar utilizando a cientos de policías antimotines, además de miembros de la Unidad de Intervención Policial (UIP), de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), de la unidad canina (K-9), y de la policía montada, para tratar de silenciar y mantener alejados del Estadio Nacional (sede de la toma de poder) a los miles de manifestantes que, por primera vez en la historia de las tomas presidenciales en Costa Rica, se hicieron presentes para protestar.

El día 16 de Agosto del 2006, al cumplirse 100 días de gobierno, durante el consejo de gobierno realizado en el Parque Nacional, (irónicamente al pie del Monumento que conmemora la Guerra contra los Filibusteros Norteamericanos), se hizo rodear de un operativo de seguridad similar al de la toma de posesión, pero con mayor presencia de agentes de seguridad vestidos de civil, y policías antimotines. Los manifestantes que protestaron en esta ocasión lograron evadir los controles y hacer su protesta.
El día 14 de Septiembre, durante las tradicionales celebraciones del día de la Independencia, en la antigua capital del país (provincia de Cartago), la ciudad fue sitiada con un desproporcionado operativo de seguridad, utilizando cientos de efectivos policiales de todo tipo y colocando vallas metálicas que bloquearon el acceso al parque en donde se realizaría el acto. El acto terminaría con un discurso de Oscar Arias. Los policías montaron retenes en la autopista de acceso a la ciudad, donde detuvieron buses de manifestantes, requisaron a todas las personas que intentaban ingresar a la actividad, les impidieron el acceso a los vecinos, y golpearon a los estudiantes de las Universidades Públicas que intentaron realizar una protesta pacífica, arrestando injustificadamente a dos de ellos, e incluso llegando a arrestar a vecinos de la zona por el simple hecho de exigir que se les permitiera pasar. (Denuncia de la Comisión Costarricense de Derechos Humanos, documento adjunto).

El día 15 se Septiembre, durante las celebraciones del día de la Independencia, cerraron el acceso al Parque Nacional (escenario de la protesta por los 100 días de gobierno), utilizando vallas metálicas de casi dos metros de altura, e impidiendo incluso el paso a médicos y otro personal del Hospital Calderón Guardia, (ubicado a 100 metros del Parque). Además de los cientos de policías que participaron de la actividad, lo hicieron un puñado de estudiantes traídos al efecto, algunos empresarios, e invitados especiales. Por la noche, durante un acto en el que participó el Sr. Arias en el Teatro Nacional, el panorama fue el mismo.

El día 25 de septiembre, durante los actos del 100 aniversario del nacimiento del caudillo Pepe Figueres Ferrer, realizado en el Teatro Nacional, se volvió a vivir la misma situación.

El día 26 de septiembre, en la ciudad de San Carlos (zona norte del país), debido a que Arias iba a participar de una misa oficiada por el Obispo Angel Sancasimiro, varios cientos de policías rodearon la Catedral y cerraron todos los accesos a la misma, y sometieron a todos los vecinos que quisieron participar de la misa a un humillante cateo, requisando hasta los bolsos de las señoras. La situación que allí se vivió fue tan indignante que el mismo Obispo Sancasimiro salió a quejarse ante la prensa, y a exigirles a los funcionarios de gobierno el levantamiento de los retenes so pena de no realizar la misa. Al final, fue levantado uno de los retenes.

El día de hoy, 28 de Septiembre, a la 1:15 de la madrugada, un operativo policial-militar tomó las instalaciones de los muelles de la provincia de Limón (Caribe de nuestro país), y "restableció el orden" en esa ciudad, debido a una protesta que protagonizan desde hace varios días los valientes compañeros del Sindicato de Trabajadores de JAPDEVA, en contra de la privatización (vía concesión) de este estratégico puerto nacional. No es de extrañar que la represión se intensifique en las próximas horas.

Recientemente se anunció que existe una lista de al menos 50 personas, la mayoría estudiantes Universitarios, que están siendo investigadas por la Dirección de Inteligencia y Seguridad a petición de Diputados de la Asamblea Legislativa que están a favor del TLC. Una de las personas que están detrás de esa petición es la Jefa de Fracción Parlamentaria del partido de Gobierno. A estos estudiantes se les estaría investigando por las protestas que han protagonizado en las barras de público de la Comisión Legislativa que analiza a golpe de tambor el mencionado Tratado.
Se ha hecho costumbre de la Fuerza Pública grabar y fotografiar a todo aquel que participe de cualquier movimiento de protesta, en particular contra el TLC, y es preocupante el uso que se le esté pensando dar a los archivos de imágenes en mención.

Actualmente hay al menos un compañero enfrentando un juicio político por su participación en una protesta popular de trabajadores afectados por el plaguicida Nemagón. El juicio, que está llegando a su etapa final, parece que terminará con la condena a 60 años de prisión al compañero Orlando Barrantes, dirigente de CONATRAB. Esto es el preludio de otras condenas similares que se pueden llegar a dar en el marco de las protestas contra el TLC, ya que el gobierno dispone de la ley 4573 por medio de la cual se penaliza la protesta callejera.

Vemos venir una ola de represión en contra del Movimiento Popular Costarricense, como parte de los intentos de aprobar el Tratado de Libre Comercio con los Estado Unidos. Creemos que ante la imposibilidad de hacerlo de otra manera, tratarán de aprobarlo a punta de gases lacrimógenos, balas, garrote, y cárcel...

Denunciamos el doble discurso del Sr. Nobel de la Paz, quien en los foros Internacionales se pasea hablando de desarme y desmilitarización, pero a lo interno del país está desatando una política represiva cada vez mayor y una remilitarización cada vez más descarada de los cuerpos policiales, que resulta inusual para los Costarricenses. Esto parece ser a lo que se refería el Señor Arias cuando, antes de ser presidente, hablaba de la "dictadura democrática": una variación de la Doctrina de Seguridad Nacional adaptada a las condiciones particulares de nuestro país.

Esta doctrina de la "dictadura democrática" se hace más patente en las declaraciones del Ministro de Seguridad, Fernando Berrocal, cuando dice que en Costa Rica hay que restablecer el "principio de autoridad" y el "orden público".

Consideramos que no se trata más que de la demostración de la ilegitimidad del Sr. Arias, producto a su vez de una elección seriamente cuestionada por fraudulenta y pírrica. El Señor Arias usa la fuerza al agotársele los recursos políticos.
Solicitamos a las diferentes organizaciones y activistas de los hermanos países hacer circular esta denuncia entre sus contactos, principalmente los que estén vinculados a los Derechos Humanos, y solicitamos estar atentos al desarrollo de los acontecimientos en nuestro país.

Por la memoria de los Héroes del 56 juramos derrotar el TLC y su agenda complementaria.

Frentes Comunitarios de Lucha contra el TLC
"Generales Mora y Cañas"

frentes_de_lucha_generalesmyc@yahoo.es

Costa Rica: Situación actual de derechos humanos (septiembre 2006)

Comisión Costarricense de Derechos Humanos

A menos de 150 días de asumir la Presidencia de la República, Oscar Arias Sánchez, Premio Nóbel de la Paz, dar muestras de su estrategia frente al descontento popular que han provocado sus políticas elitistas: la represión policial.

Como es tradición en este país, el pasado 14 de setiembre, los y las ciudadanas de Cartago se aprestaron al Parque Central para participar de los actos que conmemoran la independencia de los países centroamericanos. Usualmente, dicha actividad se desarrolla en un clima de completa libertad, pues se supone una fiesta nacional.

En el contexto de la lucha de diversos sectores de la población costarricense contra la aprobación del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (TLC-EUCARD), cientos de personas pensaron en aprovechar la ocasión para hacer valer su derecho a expresarse libremente, protestando contra la aplicación de dicho acuerdo comercial, pero la policía ya se había preparado para impedirlo a como diera lugar.

Las acciones represivas del 14 de septiembre, iniciaron cuando un autobús de la Universidad Nacional, que transportaba a estudiantes de este centro educativo hacia Cartago, fue detenido por la policía varios kilómetros antes de llegar a su destino, siendo todos obligados a bajarse del transporte para ser requisados. Luego de lo cual la policía amenazó con impedir el paso del autobús y los y las estudiantes (decididos a pasar a pie si era necesario), si no le era entregada una lista completa con el nombre de todos los ocupantes. Todo esto en claro irrespeto de su libertad de tránsito y expresión. Pero además, para sorpresa de las y los manifestantes, así como de la población cartaginesa, desde las 3:30 de la tarde, la policía había cerrado completamente un perímetro de 200 metros alrededor del Parque Central, impidiendo el libre ingreso de los y las ciudadanas.

Ese día la fuerza pública violentó el derecho de libre tránsito de las y los ciudadanos, al impedirles su participación en el acto público para conmemorar 2006 la Independencia. Requisó a las personas de forma desproporcionada (coches de bebé, ancianos, niñas y niños con faroles), y decidió de manera completamente arbitraria quienes estaban autorizados a pasar y quienes no, entre estos últimos cualquiera con “cara” de manifestante.

Tal arbitrariedad indignó a las vecinas y los vecinos de Cartago, así como también a las y los manifestantes; por lo cual este último grupo decidió pasar los retenes policiales para llegar hasta donde se efectuaba el acto público. Después de un forcejeo, las y los manifestantes fueron repelidos, y los retenes policiales reinstalados. Luego de lo cual, la policía advirtió por megáfono que se llevaran de inmediato a los niños presentes en el lugar, para arremeter inmediatamente después contra las y los manifestantes, así como contra cualquier otro presente, utilizando macanas y a la policía montada, en un acto irracional y de abuso de fuerza.

Durante esa noche, fueron arrestadas tres personas de forma arbitraria:

a) Un estudiante de la sede en San Ramón de la Universidad de Costa Rica, el cual fue obligado a sostener una pintura en aerosol y un palo de bandera que portaba, para poder ser filmado por la policía y obtener así supuesta evidencia que utilizarían en su contra.

b) Un estudiante de la Universidad Nacional fue arrastrado desde fuera del retén, provocándole marcas en la nuca al ser jalado de la cabeza y en el cuello debido al estrangulamiento que le quiso provocar uno de los oficiales.

c) Un ciudadano cartaginés que trabaja en el mercado de esa ciudad, al manifestar su descontento por la situación casi de sitio que estaba viviendo la ciudad de Cartago, fue sacado de su vehículo, agredido y luego arrestado; siendo su esposa e hijo intimidados por una oficial de policía.

Todos estos arrestos se realizaron de manera injustificada y utilizando la fuerza desproporcionadamente. En el propio momento del arresto la policía no quiso aclarar el fundamento legal e inclusive posteriormente negaba que estuvieran detenidos: “No están detenidos, sólo están ahí adentro y ahorita salen”, expresó un oficial de la fuerza pública consultado al respecto. Ni siquiera cuando un vicerrector de la Universidad Nacional llegó al lugar para interceder por los estudiantes detenidos, la policía quiso explicarle las razones de la detención.

En un país que se jacta de respetar los Derechos Humanos, su presidente y Premio Nóbel de la Paz, Oscar Arias, con sus acciones convirtió un acto público y festivo en un “mini-estado de sitio” en donde ni manifestantes, ni ciudadanos, tuvieron la oportunidad de participar, violentándose además su derecho a la libertad de expresión, tránsito e integridad personal.

Los hechos narrados son sumamente graves, el gobierno utilizó la violencia y el abuso de poder para impedir la participación de la población en una fiesta patria, todo para tratar de impedir que se escuchen las voces contrarias a la suya, frente a un tema que resulta trascendental para el futuro de este país. Recordamos que los derechos a la integridad personal, libertad de expresión, opinión y tránsito, así como al debido proceso, están consagrados en los artículos 22, 28, 39 y 48 de la Constitución Política de Costa Rica, así como en los artículos 1, 3, y 8 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes, además de muchos otros instrumentos jurídicos internacionales.

Reiteramos nuestra profunda preocupación ante la forma sistemática en que el Estado costarricense hace uso de la violencia para intimidar a quienes difieren de sus posiciones y se atreven a expresarlo públicamente. Laméntanos, que en el gobierno de un Premio Nóbel de la Paz, la policía desarrolle operativos que nos recuerdan más a una dictadura militar, que a una fuerza policial civilista y democrática.