Con recibimiento y custodia de la guardia indígena, dirigencia del CRIC y la ACIN, y la población con signos de esperanza a lo largo y ancho de las calles, los miembros de la misión internacional recorrieron este jueves el territorio del norte en Jambaló y Toribio. El viernes, después de interactuar en Popayán con instancias oficiales e institucionales, arribaran a la Maria Piendamó, sitio de convivencia y paz.

“Al recorrer las calles, senderos, descifrar en sus rostros las huellas de la guerra y al final escuchar los testimonios desgarradores de lo que les viene sucediendo a los indígenas en el Cauca, logramos dimensionar la preocupación de sus organizaciones al convocar a la comunidad internacional a esta misión”.

“La muerte del menor WILDER FABIÁN HURTADO y heridos los comuneros BAUTISTA YULE Y ROBINSON ULLUNÉ, por un mortero que dispararan miembros del Batallón Pichincha asentadas en JAMBALÓ, al mando del Teniente Espinel, el cómo estos y miembros de la policía permanecen atrincherados dentro del casco urbano de Toribio y Jambaló, es un ejemplo fehaciente del cómo tienen que vivir en una permanente zozobra, convirtiéndolos en escudos humanos, lo que evidencia que la población civil esta en medio del conflicto armado Colombiano”, son parte de las impresiones de los delegados de la Misión de Verificación, lo cual se constituye en doble reto de incidencia en la comunidad internacional.

“Mi casa a sido impactada cinco veces y nadie a respondido por ello”, “la fuerza pública invade nuestros territorios con armamento pesado, los aviones ametrallan y bombardean alrededor de sus viviendas. Nos invaden los salones comunales. La fuerza pública utilizan a nuestras mujeres como objetos sexuales y sus miembros traen al territorio el consumo de marihuana y bazuco”.

Al igual que la fuerza pública, “la guerrilla también nos invade. Ataca con armas no convencionales matándonos y destruyendo nuestros bienes. Crea estructuras políticas y militares que vulneran nuestra autoridad y la gobernabilidad del territorio. Asesina nuestros dirigentes. Señala a quienes nos mostramos en desacuerdo con sus políticas y sus prácticas como agentes del estado o como paramilitares, mientras el gobierno hace lo mismo”.

“Ambos actores reclutan a nuestros jóvenes y dejan minas antipersonales y munición sin explotar que pone en peligro nuestras vidas. Hemos llegado a tal extremo que nos exigen permisos para entrar a nuestros sitios sagrados”, son las denuncias reiterativas que escucharon y evidenciaron los miembros de la misión.

Por su parte, y por lo acontecido antes de la misión, el Tribunal Indígena del Norte del Cauca – Nasa Ûus Yutx Pehnxi, como máxima instancia jurisdiccional de los pueblos indígenas que habitan este territorio, en ejercicio de la facultad jurisdiccional que le confieren la ley de origen y la Constitución Política de Colombia, decide asumir como competencia de la justicia indígena los hechos acontecidos en Zumbico y Monterredondo, “ya que ocurrieron dentro de nuestro territorio ancestral y afectaron a miembros de nuestros pueblos, no permitiremos la presencia en nuestro territorio de las fuerzas de seguridad del estado: fuerzas militares, Policía, Fiscalía, DAS, SIJIN y demás, como tampoco permitiremos la presencia de los actores ilegales del conflicto armado en nuestros territorios, por lo que exigimos a las FARC el desmonte de las estructuras que operan en nuestros territorios ancestrales”.

Al asumir esta decisión, “como un primer paso para el desalojo del territorio, la Policía Nacional deberá devolver los salones comunales, despejar las vías y levantar las garitas que se encuentran en medio de las viviendas de los cascos urbanos de Toribío y Jambaló en un plazo de 71 horas. Deberán reubicarse en los espacios que han definido las autoridades de ambos territorios”.

No sin antes responsabilizar “como autor material de la muerte de WILDER FABIÁN HURTADO y de las heridas provocadas a BAUTISTA YULE y ROBINSON ULLUNÉ a las tropas del Batallón Pichincha asentadas en JAMBALÓ, AL MANDO DEL Teniente Espinel”., de igual manera responsabilizan “como autores intelectuales de los hechos acontecidos en las veredas Zumbico y Monterredondo a la comandancia de la Tercera División del Ejército y al Presidente de Colombia, Alvaro Uribe Vélez, autor de la política de Seguridad Democrática, a la comandancia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC y a la comandancia de los grupos paramilitares que operan en el Norte del Cauca de los hechos denunciados por el Tejido de Armonía y Justicia de la ACIN”.

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