Desde el inicio de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), la Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio (RMALC) ha insistido en la necesidad de incluir una agenda social dentro de los tratados de libre comercio que nuestro país ha negociado. Mantenemos la postura de que el TLCAN sea renegociado y se incluya esta agenda social en la cual se considera la dimensión migratoria laboral como una de las demandas prioritarias.

En la última década, el gobierno mexicano ha venido incorporando la migración laboral a sus políticas económicas neoliberales y a las de Estados Unidos y Canadá, para la creación de un mercado regional de fuerza laboral migrante, donde las relaciones laborales se den con la intervención mínima de los Estados en pro de los derechos laborales, de manera que los trabajadores migrantes formen un ejército industrial de reserva sujeto a la producción y acumulación flexibles de las corporaciones norteamericanas.

Con Carlos Salinas de Gortari a la cabeza, el gobierno mexicano apostó, junto con el estadounidense, a que la solución al problema migratorio se daría a largo plazo por los beneficios que traería el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Durante las negociaciones del TLCAN, la migración laboral fue dejada fuera bajo el considerando de que la liberalización económica y comercial de nuestro país fijaría, a largo plazo, a la mano de obra migratoria en su propio territorio. Se consideraba que a corto y mediano plazos la migración laboral inclusive se incrementaría, por lo que se buscaría impulsar mecanismos de desarrollo regional en las regiones expulsoras. Mientras tanto el gobierno de Estados Unidos inició una estrategia de control y aun de militarización de la frontera para impedir el paso de los migrantes indocumentados. En perspectiva, resulta claro que al apostarle todo al TLCAN el gobierno mexicano aceptó tácitamente las reglas del juego sobre la migración laboral impuestas unilateralmente por Estados Unidos.

Esta política fue continuada por el presidente Ernesto Zedillo para adecuar las regulaciones migratorias de nuestro país a las estipuladas por el gobierno estadounidense –específicamente en sus leyes de inmigración, antiterrorismo y de bienestar social aprobadas en 1996– constriñendo, por un lado, el paso de migrantes centroamericanos y de otros países por la frontera sur mexicana y penalizando el tráfico de indocumentados en ambas fronteras; y, por otro lado, facilitando aún más la entrada de personas calificadas, de acuerdo con el artículo XVI del TLCAN. También inició en secreto negociaciones para impulsar un acuerdo de trabajadores huéspedes y ayudó a regionalizar las políticas estadounidenses de inmigración a través de un foro que se ha venido institucionalizando desde 1996 en la región de América del Norte, Centroamérica y el Caribe: la Conferencia Regional de Migración.

El gobierno de Vicente Fox, para enfrentar el fenómeno migratorio dio continuidad a lo que se llevó a cabo durante los dos regímenes anteriores, que se enmarca en una estrategia para profundizar la integración regional de México a América del Norte, impulsando la creación de una región energética norteamericana, la creación de un mercado laboral norteamericano, así como contribuir a la creación del mercado de fuerza laboral centroamericana (donde se incluye a la de estados del sur y sureste mexicanos) por medio del llamado Plan Puebla-Panamá. Y no obstante que los atentados terroristas realizados en New York y Washington el 11 de septiembre de 2001 llevaron al gobierno estadounidense a darle un nuevo giro a su política de inmigración vinculándola a su seguridad nacional, ambos gobiernos han planteado que las negociaciones sobre un acuerdo laboral de migración temporal mexicana a Estados Unidos no se detendrán, aunque tal vez sean un poco más tardadas.

Las grandes movilizaciones realizadas en EU durante marzo, abril y el 1º de mayo de 2006 –de 3 a 5 millones de inmigrantes indocumentados– para protestar contra la iniciativa de ley Sesenbrenner (aprobada en diciembre de 2005 por los diputados, que criminalizaría a los indocumentados y reforzaría el control militarizado de la frontera), dieron un impulso para que el Senado norteamericano aprobara una iniciativa de ley que supuestamente beneficiaría a la mayoría de los indocumentados aunque varios millones tendrían que salir de ese país para poder volver a entrar y otros serían deportados. Falta que diputados y senadores de EU consensen ambas iniciativas (que es como intentar mezclar el agua y el aceite), lo cual se ve muy difícil antes de fin de año por las elecciones que se llevarán a cabo en noviembre para cambios en el Congreso.

Es necesario insistir en la necesidad de que el próximo gobierno que resulte de las elecciones del 2 de julio en México se aboque a buscar un mejoramiento de las relaciones entre ambos países, basado en el respeto a la soberanía. Y que en este marco se busque avanzar pláticas sobre los trabajadores migratorios desligadas de la cuestión de la seguridad.

La RMALC, por su parte seguirá insistiendo en la renegociación del TLCAN, así como en algunas cuestiones como las siguientes:

* El Primer derecho que defendemos y por el que luchamos es el de poder quedarse y vivir dignamente en su país natal. Para ello hay que apoyar el desarrollo económico regional de aquellas áreas que sean grandes exportadoras de trabajo, por medio de una política de crecimiento de inversiones, tanto públicas como privadas. El apoyo a dichas zonas deberá ser diseñado para promover un desarrollo sustentable con una tecnología apropiada, y contribuir a la recuperación del ambiente y a la utilización mejorada de recursos renovables y no renovables. Los acuerdos de comercio e inversión deberán incluir subsidios internacionales para financiar dichos programas. Apoyar la canalización mejorada de envíos de dinero de trabajadores inmigrantes, combinada con recursos públicos y privados, para mejorar la infraestructura y los proyectos productivos en las comunidades y las regiones que hayan sido grandes exportadoras de trabajadores que buscan empleo.

* Si algún mexicano decide migrar, es decir no se ve obligado por la situación, exigimos que los trabajadores y las trabajadoras migrantes, sin importar su estatus migratorio, disfruten de los mismos derechos y condiciones laborales que gozan los ciudadanos del país receptor. Los patrones que saquen ventaja del estatus migratorio de un trabajador para explotarlo o explotarla bajo condiciones y salarios que estén por debajo de los niveles legales, deberán ser sancionados severamente.

* Exigir a los países de las Américas que no lo han hecho (principalmente a Estados Unidos y Canadá), y del mundo en general, que se adhieran a la Convención para la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migrantes y de sus Familias, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 1990, que entró en vigor en julio de 2003, por medio de su firma y/o ratificación. Deberá crearse un instrumento similar para las Américas, con miras a establecer un "piso" de demandas y un marco legal de referencia.

* Exigir la firma y/o ratificación del Convenio de la OIT sobre Trabajadores Migrantes (revisado), de 1949 (Número 97) y/o el Convenio sobre Trabajadores Migrantes (disposiciones complementarias), de 1975 (Número 143); así como la aplicación de las dos recomendaciones con que se completan estos instrumentos, a saber, la Recomendación sobre Trabajadores Migrantes (revisada), de 1949 (Número 86), y la Recomendación sobre Trabajadores Migrantes, de 1975 (Número 151)

* Exigir que México sea coherente con lo anterior y lo aplique en su frontera sur. México no debe hacer de policía migratorio según los intereses de Estados Unidos. Los Centroamericanos y Latinoamericanos en general son nuestros hermanos; deben ser tratados con respeto a sus derechos humanos independientemente de su calidad migratoria.