A pesar de la insistencia de algunos países en salvar las
negociaciones de la llamada Ronda de Doha, en la Organización
Mundial de Comercio (OMC), no fue posible llegar a un acuerdo. El
último intento se desarrolló el 24 de julio en Ginebra, cuando el
propio director general de la OMC, Pascal Lamy, recomendó la
suspensión de las negociaciones. El ministro del Comercio de la
India, Kamal Nath, fue más enfático al declarar que la ronda de
Doha “está entre la terapia intensiva y el cementerio”.

Esta fase de las negociaciones se inició en 2001, en la ciudad de
Doha, capital de Qatar, y debió ser concluida en 2004. Sin embargo,
incluso antes de este periodo, la OMC ya sufría de una falta de
legitimidad prácticamente crónica. Este tipo de encrucijada viene
ocurriendo desde el fracaso de la Ronda del Milenio, marcada por
grandes protestos en Seattle (EE UU), en noviembre de 1999.

Después de Seattle, la OMC tuvo dificultades incluso hasta para
encontrar un lugar ‘seguro' para sus reuniones, frente a las
grandes movilizaciones de la sociedad. Por esta razón, la
conferencia ministerial de 2001 se llevó a cabo en Qatar, un
pequeño país del Golfo Pérsico, donde las protestas podían ser
fácilmente reprimidas.

En 2003, el resultado de la reunión ministerial de la OMC en
Cancún, México, fue considerado un fracaso por sectores
conservadores y un éxito por los movimientos sociales. El lema de
las organizaciones que prepararon las protestas era “sacar la OMC
de su camino”, lo que realmente ocurrió.

En todas las situaciones de impasse en la OMC, se constatan los
mismos motivos. Los países industrializados no aceptan reglas
justas y los países periféricos resisten en puntos estratégicos de
la negociación. Otro elemento fundamental es la visibilidad de los
movimientos de oposición a la OMC, que además de las
movilizaciones también producen estudios críticos sobre sus
impactos.

Desde el inicio de las negociaciones de la Ronda de Uruguay, en
1995, la OMC está funcionando como un poder legislativo global,
con el objetivo de favorecer a las grandes empresas a través de la
imposición de una serie de reglas para la apertura de mercados, en
detrimento de derechos fundamentales como trabajo, salud,
educación, protección al medio ambiente y soberanía alimentaria.

Muchas políticas propuestas en el ámbito de la OMC han sido
implementadas a través de acuerdos comerciales bilaterales o
regionales y de medidas impuestas por instituciones financieras
multilaterales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario
Internacional. Sin embargo, el avance de la Ronda de Doha podía
significar la perpetuación y profundización de políticas que
dificultan cada vez más la capacidad de que los países opten por
un modelo de desarrollo basado en los intereses nacionales y en la
autodeterminación de los pueblos. A pesar del discurso sobre
“desarrollo”, las políticas defendidas en el ámbito de la OMC se
basan en la desregulación de sectores estratégicos que, a lo largo
de la historia, garantizaron el bienestar de muchas sociedades.

El fracaso de la Ronda de Doha debe servir para desmitificar
algunas características de la OMC. Una de ellas es la propia idea
de la OMC como institución que promueve el “libre comercio”. En
verdad, el principal papel de la OMC es establecer mecanismos de
control del mercado mundial, a través de la imposición de reglas
restrictivas que pueden inviabilizar las políticas nacionales de
desarrollo, sean agrícolas o industriales.

Otro mito es el presunto carácter multilateral de la OMC. Luego de
la reciente suspensión de las negociaciones, el director general
de la OMC, Pascal Lamy, afirmó: “Perdimos una oportunidad muy
importante de mostrar que el multilateralismo funciona".

Sin embargo, en la práctica, pocos de los 149 países miembros de
la OMC participan efectivamente de las negociaciones. La mayoría
de los gobiernos no tiene condiciones de mantener representantes
en Ginebra, donde está localizada la sede de la OMC. Además,
existen otros mecanismos de exclusión, como la creación del grupo
de países “más interesados” o G6, que realiza reuniones cerradas
para intentar imponer sus posiciones. Participan en este grupo
Estados Unidos, Unión Europea, Japón, Australia, Brasil e India.

Bajo el lema del “libre comercio”, la OMC busca interferir en
cuestiones mucho más amplias que las negociaciones comerciales.
Sus acuerdos incluyen la imposición de leyes de patente o
“propiedad intelectual” que, entre otras cosas, dificultan el
acceso a los medicamentos de las poblaciones más empobrecidas, y
favorecen el control de semillas y biotecnología por las grandes
empresas. Los acuerdos sobre “servicios” defendidos en la OMC
buscan privatizar derechos básicos como salud, educación y
previsión social, además de promover el monopolio privado de
sectores estratégicos como transporte, correos, agua, energía y
telecomunicaciones.

El debate en la OMC sobre la reducción de aranceles de productos
no-agrícolas excluye un elemento importante. En realidad, para
muchos países no- industrializados, los aranceles de importación
significan fuentes importantes de recursos, pues operan como
impuestos cobrados a las empresas extranjeras por los lucros
obtenidos en estos mercados. Muchas veces, estos aranceles
significan para estos países, el mayor ingreso para inversión en
infraestructura y servicios esenciales. En relación a los países
caracterizados como “emergentes”, o con alguna infraestructura
industrial significativa, la propuesta de reducción de aranceles
discutida en la OMC puede representar la inviabilidad de la
continuidad de una estrategia de desarrollo de este sector.

A pesar la difusión constante de diversos “mitos”, la OMC sigue
enfrentando una grave crisis de credibilidad. Al final, sólo hay
dos posibilidades de que los gobiernos lleguen a un acuerdo: (1)
si los países “centrales”, como Estados Unidos y la Unión Europea
renuncian a la protección de su industria, su agricultura y su
economía; o (2) si los países “periféricos” aceptan las
imposiciones de la OMC para abdicar de un modelo soberano de
desarrollo.

Nadie debe realmente creer que la primera opción va a ocurrir. En
relación a la segunda posibilidad, esperamos que los gobiernos de
nuestros países escuchen las manifestaciones de la sociedad.
(Traducción ALAI)

- Maria Luisa Mendonça es periodista e integrante de la Red Social
de Justicia y Derechos Humanos.