Entre los días 10 y 13 de mayo anterior, tuvo lugar en la ciudad de Viena, Austria; el segundo encuentro social “Enlazando Alternativas 2”, el cual fue organizado y desarrollado con la participación de los movimientos sociales de Europa, América Latina y el Caribe.

Los temas centrales que se conocieron y debatieron durante estos cuatro días giraron alrededor de los efectos de la globalización neoliberal, la cooperación para el desarrollo, el tema de militarización y los derechos humanos y la construcción de estrategias alternativas frente a los planes de integración regional que persigue el futuro acuerdo de asociación comercial que negocian los gobiernos de la región latinoamericana con la Unión Europea.

De las actividades principales que formaron parte del programa de esta cumbre, resalta la sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos – TPP, el cual tuvo como propósito conocer a través de audiencias, múltiples acusaciones y señalamientos que existen contra corporaciones europeas que operan a lo largo de América Latina y el Caribe. (Repsol, Suez, Unión Fenosa, Bayer, British Tobacco, Nestle, Danone, Botnia, Aracruz, Rabobank, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Banco Europeo de Inversiones, Melia, Ibero Star, entre otras).

Los casos presentados se enfocaron en abusos que estas transnacionales provocan en los recursos naturales, los servicios públicos, la diversidad agrícola, la alimentación, las finanzas y el turismo. El método utilizado fue la presentación de testimonios y estudios de casos documentados por país, en los que se evidencia la responsabilidad directa de estas corporaciones en sistemáticas violaciones a derechos sociales, económicos, culturales, laborales y ambientales en toda la región latinoamericana.

De todas las acusaciones presentadas, el Tribunal Permanente de los Pueblos, identificó las siguientes amenazas comunes para la región: amenaza al derecho y acceso a los servicios básicos esenciales, amenaza a los derechos políticos y civiles, amenaza a los derechos ambientales, amenaza a los derechos de los pueblos indígenas, amenaza a los derechos laborales y amenaza a la soberanía alimentaria. En general, amenaza contra la vida misma y el desarrollo de los propios pueblos.

El dictamen final del TPP además de declarar la responsabilidad directa de estas corporaciones, menciona que en la práctica todas estas amenazas constituyen en conjunto el verdadero desafío para América Latina, el afrontar las políticas de liberalización comercial que se esconden detrás de acuerdos de asociación o tratados de libre comercio, indistintamente como les quieran llamar sus promotores: gobiernos de UE-ALC y corporaciones transnacionales.

A continuación presentamos una síntesis de la denuncia que sustentó la acusación en contra de las operaciones que realiza UNION FENOSA en Guatemala.

1. Características y evolución del proceso de privatización de la energía eléctrica en Guatemala:

A principios de los años noventa, las políticas de ajuste estructural y las reformas impulsadas en la institucionalidad pública del Estado, dieron paso al inicio de una ofensiva en la privatización de los servicios públicos en Guatemala.

Entre los servicios privatizados a partir de estas nuevas políticas que se impulsaron a petición del Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se encuentran el sector de energía eléctrica y el de telecomunicaciones.

Los argumentos que se justificaron de manera reiterada por parte del Estado, para promover la liberalización del servicio de energía eléctrica, fue la ineficiencia en la operación y administración de la institución pública a cargo para entonces; el Instituto Nacional de Electricidad – INDE.

Paralelo a estas reformas de carácter formal y legal, el proceso de pacificación consolidó aún más el ambiente de seguridad y garantías, para que empresas extranjeras desarrollaran y ampliarán nuevas inversiones en el país, principalmente en compras del sector público.

En el sector eléctrico, uno de los instrumentos claves que determinaron el proceso de descentralización y privatización del servicio de energía eléctrica, fue la aprobación por parte del Congreso de la República, del decreto No. 93-96 que aprobaba la Ley General de Electricidad con su correspondiente reglamento.

La estrategia utilizada para la reestructura del sector eléctrico fue la segmentación de las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización del servicio
En 1998 el Estado de Guatemala vende el 80% de sus acciones al consorcio de empresas españolas: Unión Fenosa, Iberdrola Energía S.A. y TPS de Ultramar Ltd. y EDP Electricidad de Portugal, S.A. El total de lo pagado por las acciones fue de USD 520 millones de dólares, equivalentes a Q. 3,967 millones de quetzales. El 11 de septiembre de 1998 Iberdrola Energía S.A. comunica en nombre del consorcio, que es a partir de esa fecha quien administrara las actividades de la Empresa Eléctrica de Guatemala S.A. La concesión para la prestación del servicio se otorga por un periodo de 50 años.

Las empresas subsidiarias de Unión Fenosa que se forman a partir de ese momento son: Distribuidora de Electricidad de Oriente, S.A – DEORSA y Distribuidora de Electricidad de Occidente, S.A. –DEOCSA. Ambas empresas en la actualidad son las responsables del suministro de energía en 19 de los 22 departamentos en el país. Los otros 3 restantes son responsabilidad de la Empresa Eléctrica de Guatemala S. A.

El destino de los recursos obtenidos de la venta, tenían como objetivo invertir en el Programa de Electrificación Rural – PER y en el pago del subsidio para la cobertura de la tarifa social. (El PER originalmente comprendía: 1,300 kms de líneas de transmisión de 69kv y 230kv, construcción de 28 subestaciones, conexión de 280,629 nuevos usuarios en 2,600 comunidades). El alcance del PER a diciembre de 2004 era de 184,156 nuevos usuarios en 1,805 comunidades.

En la actualidad existen un total de 1,161,792 usuarios en todo el país, pero irónicamente el resultado de la privatización representó que de todas las inversiones en infraestructura y modernización que se realizaron con fondos provenientes de la venta de las acciones del estado, fueron aprovechados de manera directa por Unión Fenosa y sus empresas subsidiarias, quienes son las que al final cobran el servicio.

En el 2004 y en el marco de los proyectos del Plan Puebla Panamá - PPP, el Ministerio de Energía y Minas –MEM, anuncio la intención del gobierno de concesionar nuevos proyectos hidroeléctricos por valor de los USD 1,000 millones (entre los más importantes se encuentran los proyectos de Serchil y Xalala en el río Chixoy – Alta Verapaz). Y como siempre, el nuevo financiamiento provendrá como siempre, del Banco Interamericano de Desarrollo - BID.

En ese mismo año, la Procuraduría de Derechos Humanos – PDH, interpuso un amparo en la Corte de Constitucionalidad contra de la CNEE y las distribuidoras EEGSA, DEOCSA y DEORSA por haber modificado los precios de la tarifa social. (Este subsidio es dirigido a usuarios que tienen un consumo menor a 300kwh y en el que el beneficio del subsidio representa un 33% menos respecto al valor del kilovatio consumido).

Sin embargo DEOCSA y DEORSA siguieron cobrando de acuerdo al reajuste y a su vez pusieron otros recursos para que la CC desestimara los señalamientos en su contra. Durante el proceso sumaron más de 19 recursos interpuestos por ambas partes. Finalmente a finales del 2004 la CC emitió sentencia resolutoria, dando lugar a la ampliación del amparo interpuesto por la PDH fundamentando que se violaban los artículos 1, 2, 3, 5, 119, 130, 153, 154, 171, 180 de la Constitución Política de la República de Guatemala y los artículos 4, 46, 50, 77 y 78 de la Ley General de Electricidad.

Sin embargo, ahora en el 2006 y considerando que el precio internacional del petróleo rebasa los $70.00 por barril y que el 60% de la energía que se produce en el país es generada por el hidrocarburo; la EEGSA ha anunciado para el mes de mayo un inminente reajuste en la tarifa. El precio actual de la tarifa es de Q 1.23 por kwh, lo que supone que en término de cinco años, el precio del servicio se ha incrementado en más de un 300% en la tarifa.

2. Principales impactos de la privatización de la energía eléctrica en los usuarios guatemaltecos:

- Cambio en el sistema y forma de la estimación de las tarifas y los ajustes de precios.

- Posterior a la privatización, el incremento del servicio de energía eléctrica se dio de Q 0.55 a Q 1.23 Kw-hora-mes en la tarifa efectiva.

- Abusos en el cobro de la facturación por servicios no prestados. Excesos de cobro en las facturas. Además de la mala atención con los usuarios de parte del personal de la oficina comercial. No existe una verdadera protección a los derechos del consumidor.

- En 2004, las estadísticas de los reclamos a las distribuidoras DEOCSA y DEORSA eran de 14,006 y 15,766 respectivamente, en las que el 95 por ciento de todas estas era por inconformidad en el cobro del servicio. Unión Fenosa ha establecido un sistema de cobro que es calculado por rangos, lo que contribuye a tomar la decisión según estime el sistema de computo de la empresa.

- Otro factor que se repite ya como una modalidad es la inoportuna distribución de los recibos que no llegan con tiempo suficiente y que cuando estos llegan al usuario ya ha transcurrido el tiempo limite para el pago de la factura, lo que conlleva al inminente corte del servicio de energía.

-Transcurridos dos meses vencidos y en los que se acumulan las facturas sin pagar, la orden que tienen los técnicos es proceder con el corte del fluido eléctrico.

- Ampliación de cobertura en forma deficiente, ya que solo se repararon algunas líneas existentes (lo que al conectarse a más usuarios, las líneas se sobrecargan y el alto voltaje baja)

- Cortes continuos de la energía so pretexto de trabajos de mantenimiento en las líneas de distribución. Estos cortes han ocasionado además desperfectos parciales y totales en aparatos domésticos y pérdidas en la actividad productiva y comercial.

- El costo de la reconexión del servicio es de Q 145.00. ($20.00)

(Según el artículo 8 de la resolución 08-98 de la CNEE establece que “mientras el reclamo se encuentre en tramite, el servicio de energía eléctrica no será interrumpido”)

- La ley General de Electricidad establece una serie de obligaciones para las empresas distribuidoras. Estas obligaciones son cumplir con las normas de calidad. En caso que las empresas distribuidoras sobrepasen estas normas, tendrán que INDEMNIZAR a los usuarios por los daños que cause el mal servicio, con descuentos tarifarios, bonos o créditos.). En este mandato NO EXISTE CUMPLIMIENTO.

- Las empresas distribuidoras deberán poner a disposición de los consumidores un LIBRO DE QUEJAS y entregara a CNEE las informaciones relativas a las quejas, con los datos precisos y las fechas, modo y tiempo de resolución. En este mandato NO EXISTE CUMPLIMIENTO.

- Violación al derecho humano de la persona, por las restricciones de acceso al servicio de energía eléctrica.

- Vacíos de información sobre los mecanismos de funcionamiento y responsabilidades delegadas a las empresas prestadoras del servicio)

- Aumento de la crisis social y económica de la población guatemalteca, principalmente de los sectores más empobrecidos del país.

- Violación a la soberanía nacional y la Constitución Política de la República, por la influencia y poder que ejercen las empresas transnacionales, en la toma de las decisiones del poder ejecutivo, legislativo y judicial, en la que en la mayoría de los casos desfavorecen a la población guatemalteca.

CONCLUSIONES:

- La empresa prestadora del servicio intenta por todos los medios recuperar su inversión en el corto plazo, aumentando las tarifas del servicio en perjuicio del usuario.

- Unión Fenosa viola de manera reiterada los derechos individuales y colectivos de los usuarios en lo individual y en poblaciones y comunidades donde presta el servicio.

- Se evidencia responsabilidad total del Estado, quien cede a favor de los intereses económicos de las empresas DEOCSA, DEORSA y EGSSA, olvidando su compromiso por velar por los derechos y garantías que debe gozar el ciudadano.

- Las políticas de privatización en vez de generar desarrollo y bienestar para la población, han agudizado las condiciones y calidad de vida de la población. Aumento de la crisis social y económica de la población guatemalteca.

- Existe vacíos de información sobre los derechos del usuario y las obligaciones asumidas por parte de las empresas prestadoras del servicio.

- Existe una concentración y acumulación de grandes capitales, producto de las ganancias que genera el monopolio de la energía eléctrica.

- El Estado de Guatemala continúa con su política mercantilista a través de los proyectos del PPP que serán costeados con nuevos prestamos financieros y fondos del presupuesto nacional.

Entre los abusos que se repiten de manera constante se encuentran:

a. constantes incrementos en las tarifas del servicio

b. alteración en la lectura de contadores

c. cobros de alumbrado público, sin que este servicio sea prestado

d. interrupción continua del fluido eléctrico

e. incumplimiento de sus obligaciones de inversión para mejorar el servicio.

c. cobros por moras inexistentes.

d. déficit en acceso de cobertura del servicio de energía eléctrica

e. deficiente calidad en la prestación del servicio

f. altos ingresos contra operación deficiente.

g. intimidación y amenazas al usuario por parte del personal de la oficina comercial

h. no disponibilidad de libro de quejas para manifestar desacuerdos en cobro y en malas atenciones recibidas.

Por todo lo anterior y considerando los fuertes impactos negativos que hasta ahora ha sufrido la sociedad guatemalteca, producto del proceso de privatización de la energía eléctrica en Guatemala; alertamos a los diferentes sectores de la sociedad para que no se dejen engañar nuevamente por los falsos beneficios que pregonan los defensores del mal llamado “libre comercio”.

Exhortamos a la vez a toda la población en general a rechazar y denunciar públicamente los continuos abusos en que incurren Unión Fenosa y sus empresas subsidiarias (DEOCSA, DEORSA y la EEGSA) en detrimento de la economía y la calidad de vida de las familias guatemaltecas.

¡NO AL LIBRE COMERCIO¡

¡NO AL BENEFICIO ABSOLUTO DE LAS CORPORACIONES¡

¡SI A LA AUTODETERMINACION Y SOBERANIA DE LOS PUEBLOS¡

Ivan Martínez

Unidad de Investigación e Incidencia - UII

“Por el Desarrollo de Nuestras Comunidades

Por la Defensa de Nuestra Cultura, Nuestra Historia, Nuestra Dignidad”

Asociación para la Promoción y el Desarrollo de la Comunidad – CEIBA

Carretera Interamericana Km 56.5 Aldea Buena Vista, Chimaltenango

Teléfonos: 7839-6033 – 7839-1033

Correo electrónico: ceibauno@terra.com.gt

Fuente: El Comunicador Social, Boletín informativo de la Asociación para la Promoción y el Desarrollo de la Comunidad , CEIBA, Número 4, Guatemala, mayo 2006.