Brasilia 23 y 24 de mayo de 2006

Nosotros, representantes de organizaciones, redes, movimientos sociales, ONG ’s, articulaciones de mujeres y sindicatos de América del Sur, nos reunimos con representantes del gobierno brasilero y parlamentarios de la región, los días 23 y 24 de mayo de 2006, en Brasilia, Brasil, en el Seminario Regional “Negociaciones de Servicios de la OMC y el Derecho a la Protección de los Servicios Públicos”.

Los debates nos llevan a la conclusión de que actualmente nuestra región vive un momento histórico que abre posibilidades muy positivas en lo que respecta al avance de una integración regional, con foco en los intereses de los pueblos sudamericanos. Este momento es posible gracias a las luchas y a la resistencia de los movimientos sociales contra el avance de las políticas neoliberales e imperialistas, procesos que se tradujeron, en diversos países, en la elección de gobiernos comprometidos con la reversión de las privatizaciones, de la desregulación, del vaciamiento de las políticas públicas y del papel del Estado, que marcaron tan negativamente a la región en los años 90.

Para consolidar ese proceso de cambios, es necesario accionar mecanismos de cooperación, de preferencias comerciales, de políticas públicas y sociales comunes dentro de la región. Es necesario prever mecanismos de gestión compartida de nuestros bienes comunes, para garantizar su uso en beneficio de los pueblos. Sobre todo, debemos reconocer, valorar y garantizar la soberanía de los pueblos sobre los recursos naturales de sus países, como lo es el ejemplo de la reciente conquista del pueblo boliviano. Es necesario crear mecanismos regionales para el financiamiento del desarrollo de la región, buscando eliminar las asimetrías estructurales entre los países. Es preciso buscar una integración física, energética y de infraestructura que sea social y ambientalmente sustentable y que esté al servicio de los pueblos. Y es necesario consensuar posiciones y políticas comunes regionales en la arena global, para aumentar el peso político de América del Sur.

Esta integración que queremos, sin embargo, es absolutamente incompatible con el actual acuerdo de la OMC, aprobado en el Acuerdo Marco de Julio de 2004 y confirmado en la Reunión Ministerial de Hong Kong, y más específicamente, es incompatible con las negociaciones en curso sobre servicios, bajo el acuerdo GATS. La lógica de liberalización progresiva de esas negociaciones transforma las prioridades de desarrollo en obstáculos meramente temporarios a ser removidos en acuerdos posteriores. Sectores que fueron en gran medida privatizados y desregulados, como es el caso de las telecomunicaciones, transportes, energía y servicios financieros, ya presentan un marco legal excesivamente liberalizado, que en caso de que sea consolidado en la OMC, implicará enormes costos de reversión, dificultando la implementación de políticas alternativas de desarrollo. En este sentido, el establecimiento de marcos de regulación doméstica en el ámbito de la OMC, más allá de limitar la capacidad legislativa de los parlamentos nacionales y de poner monitoreo permanente sobre las políticas regulatorias nacionales, constituye un piso a partir del cual el principio de la liberalización progresiva operará en adelante.

La regulación doméstica de los servicios tiene el poder de definir la dinámica de las cadenas de producción, los tipos de cadenas económicas, los usos del territorio, los padrones de consumo y de sociabilidad. Los Parlamentos no pueden ser apartados de las negociaciones comerciales que pretenden limitar sus atribuciones reguladoras. Además cuando se trata de decisiones fundamentales para el destino de las colectividades, la gobernabilidad democrática exige que las propias poblaciones sean convocadas, a través de consultas públicas, referendos y plebiscitos.

Vemos con gran preocupación la puesta en marcha de grupos de negociación plurilateral, que al agilizar el proceso de negociación pedido-oferta, terminan creando una estructura negociadora y aumentan la supuesta cantidad y calidad de los sectores asociados. Esto, con el correr del tiempo, puede permitir en la práctica, el funcionamiento de la idea de “parámetros” para la negociación sectorial en servicios. Las empresas transnacionales de países como Estados Unidos, miembros de la Unión Europea, Canadá, Japón, Australia, Corea, entre otros, quieren remover las barrenas contra sus inversores, o sea, quieren el mismo trato dado a las empresas e inversores nacionales y eliminar las restricciones al capital extranjero apuntando a la monopolización de los mercados de los países en desarrollo.

Algunos gobiernos de nuestra región insisten y/o son presionados para ofrecer sectores esenciales, que involucran derechos humanos fundamentales y sectores estratégicos – como energía, agua, educación, salud, saneamiento, servicios postales, telecomunicaciones, servicios financieros – a los países ricos a cambio de vagas promesas de ampliación de acceso a mercados para las exportaciones del agro-negocio. Reiteramos nuestro repudio a estos ‘regateos’ o negociados entre temas, como por propiedad intelectual, que involucraría las posibilidades de distribución de anti retrovirales impactando en la salud o regulando los conocimientos tradicionales de los diversos pueblos originarios.

No se pueden amenazar los derechos de nuestros pueblos para aumentar las ganancias del agro-negocio, cuyo sistema de producción de mono-cultura resulta en la expulsión y el vaciamiento de la agricultura familiar y campesina, en la concentración latifundista, en la violencia contra trabajadores del campo, en la pérdida de la biodiversidad, entre otros graves problemas socio-ambientales que violan acuerdos y convenciones internacionales. Más allá de los regateos entre servicios, agricultura y bienes industriales (NAMA), es necesario destacar que gran parte de los servicios en negociación, como el agua, servicios de transporte y distribución, crédito rural, investigación y apoyo técnico: son cruciales para el desarrollo y para el apoyo a la pequeña producción.

Denunciamos la forma antidemocrática en la que esta Ronda está siendo negociada, en reuniones de “sala verde” que excluyen a la mayoría de los países de los procesos de decisión. Esa es una evidencia más de la falta de transparencia de la OMC.

En suma, las negociaciones en curso en la OMC caminan en la dirección opuesta a las posibilidades que se han abierto en este momento para una integración regional soberana y dirigida a los pueblos. Si estas negociaciones siguen avanzando, resultarán en un obstáculo real para una integración regional alternativa.

Para defender los servicios públicos y la soberanía de los pueblos es necesario que nos movilicemos para parar el GATS, trabar el acuerdo de la OMC e impedir la conclusión de la Ronda de Doha. Nos comprometemos a difundir las campañas en curso como la de “OMC fuera del Agua”, que reafirman que derechos humanos inalienables no pueden ser tratados como mercaderías. De esta forma, estamos comprometidos a la construcción de un movimiento nacional, regional y global para descarrilar este acuerdo de la OMC.

Las entidades participantes de este seminario seguirán promoviendo iniciativas de formación, incidencia y movilización en la defensa de servicios públicos de calidad y en la búsqueda de un mayor acceso a los servicios esenciales para todas y todos.

NO QUEREMOS ESTE ACUERDO DE LA OMC!

VAMOS A PARAR EL GATS!

NO A LAS AGENDAS DE LAS TRANSNACIONALES!

Brasilia, 24 de mayo de 2006.