Viena, Austria, 10 de mayo.- Activistas de la sociedad civil y de los movimientos sociales de América Latina y Europa abrieron hoy las puertas de un Tribunal Permanente de los Pueblos, que someterá a juicio a más de 30 de las mayores empresas transnacionales europeas por sus violaciones de los derechos humanos e injusticias económicas y ecológicas perpetradas en América Latina y el Caribe (ALC).

Las audiencias del Tribunal tendrán lugar del 10 al 12 de mayo en Viena, coincidiendo con la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno que se celebra en la capital austriaca. Según Elmar Altvater, catedrático de la Universidad Libre de Berlín y presidente del Tribunal: “éste pretende ser un espacio que dé voz a los que suelen carecer de ella: representantes de las comunidades latinoamericanas que son víctima de la impunidad de las transnacionales europeas”.

En el caso específico de México, la Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio (RMALC) y la Iniciativa de Copenhague para América Central y México (CIFCA) presentarán el Estudio sobre el Impacto Social y Medioambiental de las inversiones europeas en México y Europa en el sector Agua y Electricidad.

Dicha investigación revela operaciones de la empresa española Aguas de Barcelona en Saltillo, Coahuila, que constituyen una gama de irregularidades que van desde obras no reportadas y violación a los derechos laborales, lo cual prueba que esa transnacional va en contra de pactos y normatividades.

En electricidad, está el caso del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, considerado como una de las zonas con mayores recursos eólicos no solo a nivel nacional, sino a escala mundial. El problema básico está en que los tenedores de ejidos no son dueños de la tierra y, por tanto, se puede trastocar la vida de las comunidades y violentar derechos humanos.

La situación se complica porque el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (Procede) proyecta enajenar la tierra para ceder los derechos, convertirla en propiedad privada. Es decir el patrimonio del ejidatario o comunero se sale del régimen de propiedad social.

En ese proyecto 14 transnacionales europeas están firmando contratos de arrendamiento y constituir reservas territoriales en comunidades como Juchitán, San Dionisio del Mar, Unión Hidalgo, Santo domingo Ingenio y San Mateo del Mar, por donde pasará el corredor eoloeléctrico. Entre las empresas destacan Fenosa, Endesa, Gamesa, Iberdrola y Eoliatec.

Joao Pedro Stedile, del Movimiento de los Sin Tierra de Brasil (MST), que presentará una acusación contra Aracruz Celulosa, una multinacional fabricante de pasta de papel y productos de madera, declaró: “la experiencia, tras 15 años de neoliberalismo, nos dice que el capital transnacional se ha hecho con el control de nuestros recursos naturales, nuestros árboles, nuestra agua y nuestras semillas.

Según declaraciones de Christian Ferreyra, del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), que presentará una querella contra BP (empresa británica del sector de la energía) y Repsol (empresa española de gas y petróleo) por su participación en un polémico proyecto: “nos oponemos al oleoducto porque representa un instrumento para expropiar los recursos naturales de Bolivia.

RED MEXICANA DE ACCION FRENTE AL LIBRE COMERCIO (RMALC)