Cuando el 27 de febrero pasado, el gobierno de Álvaro Uribe Vélez decide, en contra del querer mayoritario de la nación, firmar el Tratado de Libre Comercio -TLC- con los Estados Unidos, comprometió el futuro de los servicios públicos domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado, Energía Eléctrica, Gas y las Telecomunicaciones.

Todos estos servicios, que deben ser derechos fundamentales de nuestro pueblo, quedan sometidos, durante los años que dure el tratado, a la condición de mercancías, que se obtendrán, dependiendo de las condiciones del mercado y de la capacidad adquisitiva de quienes los requieran.

El Tratado de libre Comercio T.L.C. acogiendo la denominación general de servicios del Acuerdo General del Comercio de Servicios AGCS (GATS) de la Organización Mundial del Comercio O.M.C., coloca como sujeto de especulación y explotación a todos y cada uno de los servicios públicos domiciliarios entendidos ellos así: a los servicios ambientales (los servicios de acueducto y alcantarillado, los servicios de eliminación de desperdicios, los servicios de saneamiento y similares), los servicios de comunicaciones, la provisión de energía eléctrica y gas y otras formas de energía. De esta forma y como lo contempla las Disposiciones Iniciales y Definiciones Generales, del TLC, las partes una de ellas, la lesionada Colombia, establecen la Zona de Libre Comercio de conformidad con lo dispuesto en el Artículo XXIV del Acuerdo General Sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 y el Artículo V del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, profundizándose y extendiéndose las consecuencias por los compromisos de Colombia a los cuales ya fue sometida con el GATS.

En este sentido el TLC en los capítulos de compras públicas, inversiones, solución de controversias, derechos de propiedad intelectual, transparencia, servicios financieros, servicios transfronterizos, afecta a los servicios públicos domiciliarios, incluidos además a los más servicios vitales de salud y de la seguridad social, educación y cultura, asi como los de transporte, los servicios turísticos, de construcción y servicios de ingeniería, los servicios financieros, recreativos y los servicios profesionales y otros que se entregan a la voracidad de las empresas norteamericanas.

Al aplicarse el enfoque de listas negativas que consiste en asumir que las obligaciones del TLC le son aplicables a todos los servicios –independientemente de si son mencionados o no en el tratado- con la única excepción de aquellos que explícitamente se encuentren en las listas anexas y únicamente para aquellas obligaciones sobre las que se diga, también de forma explícita, que no son aplicables, se entiende entonces que el TLC cubre a todos y cada uno de los servicios públicos domiciliarios.

Los monopolios extranjeros y sus socios en el país, adquieren más poder sobre el patrimonio natural y aumentan el control de sus empresas sobre la riqueza de la nación. Recursos que son claves en la vida y el bienestar de nuestro pueblo, y sobre los que, con base en las cláusulas del Tratado, podrán fortalecer su control, profundizar y continuar los procesos de privatización e imponer las condiciones que quieran en el “mercado”. Ahora sí -a manos llenas y sin recato alguno- podrán disfrutar a sus anchas de estas áreas de negocios, tan jugosas para el capital monopolista extranjero.

El Tratado, reinterpreta las funciones estatales de regulaciones ambientales, fiscales y sociales como si fueran una expropiación indirecta y en tal sentido ocasiona que Colombia pueda ser llevada como Estado y parte ahora igual que los actores privados, ante Tribunales internacionales por acciones legítimas de control que estarían según el TLC interfiriendo con las expectativas de inversión y rentabilidad de las transnacionales. Así las transnacionales podrán aumentar las tarifas de los servicios públicos en forma indiscriminada aprovechándose de su poder económico extendido.

Los mecanismos para la solución de controversias establecen tribunales supranacionales constituidos por árbitros privados, estas instancias vulneran el marco de administración de justicia establecido por la nación y la soberanía. Recuérdese que en la mayoría de los casos basados en Capítulo de Inversiones del TLCAN, éstos tribunales han fallado en contra de México y a favor de las corporaciones transnacionales y ninguno de ellos ha sido resuelto en contra de los Estados Unidos.

Por otro lado el TLC anularía la potestad del Estado de regular y limitar el número de proveedores que pueden prestar un determinado servicio al prohibirle la adopción de medidas destinadas a este fin “ya sea en forma de contingentes numéricos, monopolios o proveedores exclusivos de servicios, o mediante la exigencia de una prueba de necesidades económicas”. Se impide requerir a los proveedores de servicios que cuenten con una representación que el país a fin de poder exigirles responsabilidad por sus actos.

El gobierno de Uribe, entrega no sólo el patrimonio público sino la soberanía y seguridad nacional.

En cuanto al agua, el Tratado contempla que este recurso natural sea una mercancía que pueda ser controlada por negociantes privados, desde la fuente misma hasta la distribución a los más apartados usuarios. La Ley del Agua, recientemente presentada por el gobierno al Congreso, de ser aprobada, garantiza a los empresarios que puedan cobrar a los usuarios las diversas tasas ambientales, el líquido en sí, su transporte, los tratamientos para su purificación y potabilización, al igual que los tratamientos residuales, cobros que les permitirán obtener excelentes utilidades a expensas de los usuarios.

En contra de los intereses de los usuarios y de la nación, llegaremos al extremo de que las fuentes de agua no sean del Estado, sino de compañías privadas. Éstas, se las apropiarán por medio de concesiones o contratos de explotación, y podrán comercializarlas y usarlas para su enriquecimiento. Hoy más que nunca, se hace necesario que los usuarios levanten la consigna y luchen porque el agua sea un derecho fundamental, al que tengan acceso todos los ciudadanos, independientemente de su condición social, étnica, racial, cultural o económica.

En relación con las telecomunicaciones, el Tratado no sólo compromete el espectro electromagnético sino que, al permitir la presencia de operadores extranjeros en el sector, facilita que éstos puedan hacerse al control de las empresas por diversos caminos que explicaremos a continuación. Entregando la Soberanía Nacional, el Tratado permite que los operadores extranjeros tengan acceso a las redes nacionales y puedan prestar cualquier servicio público de telecomunicaciones, en el territorio nacional o de manera transfronteriza. Para tal efecto, permite el Tratado la compra o arrendamiento de circuitos para conectar terminales u otros equipos que permitan la interfaz con una red pública de telecomunicaciones.

Se acuerda, así mismo, que cualquier empresa extranjera pueda suministrar servicios a usuarios finales -individuales o múltiples- a través de cualquier circuito, sea arrendado o propio. De igual manera, podrán conectar circuitos propios o arrendados, con redes y servicios públicos de telecomunicaciones en el territorio nacional o desde sus fronteras. Esta misma operación podrá hacerse con circuitos propios o arrendados de terceras personas, es decir, la tercerización de la prestación de los servicios. Igualmente podrán realizar funciones de conmutación, señalización, procesamiento y conversión de funciones, y usar protocolos de operación a su elección.

En relación con las obligaciones que se imponen a los proveedores de servicios públicos de telecomunicaciones, el Tratado señala que el Estado garantizará que las empresas nacionales suministren, directa o indirectamente, interconexión a proveedores de la otra parte. Garantiza la portabilidad del número y la paridad del discado, lo que significa que sin invertir en redes, los operadores extranjeros tendrán condiciones de igualdad en la prestación del servicio. Se permite también la reventa de servicios de telecomunicaciones.

En otro aparte, el TLC señala que en el tratamiento a los proveedores dominantes en cada país o región de ese país, el Estado garantizará que éstos les otorguen a sus competidores extranjeros, el mismo tratamiento que les conceden a sus filiales, subsidiarias o a cualquier proveedor no afiliado, en lo que tiene que ver con la disponibilidad, aprovisionamiento, tarifas o calidad de los servicios y la compatibilidad de interfaces técnicas para la interconexión.

Otro aspecto acordado es que el Estado garantizará la eliminación de cualquier práctica anticompetitiva de los proveedores dominantes, lo que implica que se acepta la eliminación de los llamados subsidios-cruzados, y se presiona la entrega al competidor extranjero de la información sobre instalaciones esenciales y aquélla comercialmente relevante..

A más de las condiciones impuestas para la reventa de servicios, el TLC permite la desagregación de la red, lo que significa que el operador extranjero pueda, por medio de un arriendo o peaje, hacerse a lo que se conoce como la “crema del mercado”, es decir los sectores de mayor lucro, sin verse obligado a atender las zonas más deprimidas, ni a hacer inversiones en mejoramiento tecnológico. Y para rematar, en cuanto a la interconexión, se les deberá garantizar a los monopolios extranjeros, condiciones que les permitan interconectarse en cualquier punto de la red, bajo los mismos términos, condiciones y tarifas y con una calidad igual a la disponible para los operadores nacionales. Incluso, se acuerda que en la interconexión, el operador extranjero sólo pague arriendo por la parte de la red que requiere para la prestación del servicio. Esto, sin lugar a dudas, es permitir que las empresas norteamericanas puedan disfrutar, sin tener que pagar, de las inversiones realizadas por las compañías de telefonía colombianas en los últimos 50 años.

Para facilitar la prestación del servicio por parte de los monopolios extranjeros, el Estado colombiano se obliga a presionar a los operadores nacionales, para que mediante ofertas públicas de interconexión, fijen las condiciones de los contratos, tarifas y términos y condiciones de las negociaciones. Subsecuentemente, se garantizará a los operadores extranjeros que puedan arrendar circuitos, con tarifas planas y precios basados en los costos operativos, sin incluir el retorno de inversiones ya realizadas. Inmensa ventaja para que los capitales extranjeros ofrezcan servicios en condiciones de competencia sumamente favorables, frente a empresas que, como ETB, EPM y Telecom, generan unos costos fijos que no tienen los monopolios extranjeros, pues estos últimos ni siquiera están obligados a abrir sucursales o agencias comerciales en Colombia.

El asunto es tan apabullante para las empresas del país, que los operadores extranjeros pueden exigir incluso que en las mismas instalaciones de las empresas nacionales, se co-localicen físicamente los equipos que sean necesarios para la interconexión, y de no ser posible por problemas de espacio, el operador colombiano estará obligado a solucionarle el problema o a facilitar la co-localización virtual en su territorio.

Se concede la garantía al operador extranjero de tener acceso a la red de abonado, la red troncal, cables, postes, ductos, y demás instalaciones así como en las partes automatizadas sean las centrales de conmutación y transmisión, los nodos de fibras ópticas, la plataforma satelital y en todas las partes de la infraestructura de nuestras empresas en “términos, condiciones y tarifas razonables y no discriminatorias”, para explotar los nuevos servicios más rentables como la banda ancha en detrimento del patrimonio público instalado por nuestras empresas eliminando las oportunidades de crecimiento.

Gran mentira esconde el TLC en su capítulo de telecomunicaciones cuando simula un supuesto acceso a los cables submarinos de origen extranjero condicionando a que los mismos sean públicos y sucede que en un 99,9% son de propiedad privada transnacional, siendo así un punto inocuo con lo que se engañó al pueblo colombiano.

Los acuerdos llegan a un punto tal, que el gobierno de Uribe se compromete, incluso, a colocar en “píe de igualdad”, frente al organismo de regulación -CRT- a los competidores extranjeros y las empresas colombianas. Este hecho explica el cambio en el sistema de facturación a los usuarios de Telefonía Pública Básica Conmutada, pues el nuevo modelo crea un sistema de cobro que permite la oferta de servicios empaquetados de minutos o transmisión de datos o voz, en condiciones de favorabilidad para los operadores extranjeros, al hacer presencia en la TPBC y en la local extendida.

El Estado, a través de la CRT, no podrá considerar a cualquiera de las empresas de los municipios, como de interés nacional, porque ello conlleva la violación del Tratado. Si bien es cierto que los Estados Unidos no exigieron la privatización de las empresas de telecomunicaciones, también es cierto que esa es una exigencia del Fondo Monetario Internacional, FMI, a la cual accede desde hace varios meses Uribe Vélez.

Señalar este hecho como un éxito, porque “se preserva la potestad colombiana de conservar las empresas de telecomunicaciones de propiedad estatal”, es una típica actitud de cinismo de este gobierno que, desde su instalación, viene presionando, primero la escisión y después la venta de la Unidad de Telecomunicaciones de EPM, al igual que persigue la alianza de ésta y de ETB, con operadores extranjeros.
Más claro aún la venta de Telecom y la entrega de su infraestructura a la Transnacional Telefónica de España así como la facilitación de acceso gratis a las redes públicas por empresas norteamericanas, refleja el carácter anti-sociable y de violencia contra la soberanía nacional política y económica de nuestra nación. Nunca tanta mentira había acompañado a un gobernante.

Digamos, para finalizar, que para el cumplimiento de lo acordado, se pacta que el Estado garantizará la aplicación del Tratado, ejerciendo sanciones efectivas que van desde multas financieras hasta la revocatoria de licencias de funcionamiento de las empresas. Y la llamada solución de controversias queda sujeta a revisión judicial, por parte de una “autoridad judicial independiente.”

Como el TLC es un todo, las llamadas disposiciones generales del Acuerdo se verán sometidas a lo acordado por las partes en los capítulos de telecomunicaciones, servicios trasfronterizos, normas para la inversión extranjera, compras estatales, acceso a mercados y demás apartes del Tratado.

Traducido en una frase, el TLC pone todo el patrimonio público estatal al servicio de los monopolios extranjeros, permite el control de nuestro mercado de comunicaciones, facilita la exportación de remesas y utilidades y busca que las tarifas cobradas a los usuarios satisfagan sus ansias de enriquecimiento desmedido.

Dicen los defensores del TLC, que Colombia accederá al “mercado más grande del mundo”. ¿Conquistarán la ETB, EPM o Telecom, el mercado de Nueva York?
¿Impondrán sus “competitivas tarifas” y ganarán los Usuarios de Los Ángeles o San Francisco derrotando a Verizon y las telefónicas norteamericanas? ¿O simplemente lo que sucederá será que nos recolonicen?
Por otro lado, el sector eléctrico ha sufrido desde inicio de la década de los noventa la arremetida más feroz del capitalismo a través de la liquidación y privatización de las electrificadoras nacionales y de las empresas de interconexión y generación nacionales, otro tanto ha sucedido con el gas natural como consecuencia de las políticas liquidacionístas del sector energético y que han afectado también a ECOPETROL .
Ahora con el TLC se abre al mercadeo de los Consorcios energéticos norteamericanos hermanados de la Enron y encubiertos por la acción corrupta la Comisión de Valores norteamericana (SEC, sigla en inglés) olvidándose así las investigaciones y sanciones por fraudes, e irregularidades contables, manipulación de mercados, soborno, violaciones a los derechos humanos y robo a trabajadores, pensionados y pequeños propietarios, así también se olvida el fraude de los cuantiosos beneficios del programa de financiamiento del Banco Mundial (BM) sucedido durante años. Se trata aquí simplemente de darle continuidad a la estrategia de Ronald Reagan de privatización del sector energético a través de la proliferación de las compañías petroleras, eléctricas y carboneras estadounidenses, en asocio con el Banco Mundial.

La privatización de las ELECTRIFICADORAS colombianas así como de ECOGAS son parte del acuerdo suscrito con el Fondo Monetario Internacional FMI, ahora los colombianos y usuarios de los servicios públicos quedaremos sometidos a una mayor especulación tarifaria como consecuencia de las nuevas garantias y acceso a los señores del norte que les cede Uribe a través del TLC.

Derrotar estas políticas y el TLC no es posible sin la unión, organización y lucha, no sólo de los usuarios, sino de trabajadores y colombianos. En eso debemos jugar el papel que nos corresponde, participando en las jornadas y protestas organizadas por los opositores al TLC, con la firme convicción de que derrotando el Tratado, defendemos el patrimonio nacional, el trabajo, a los trabajadores y la Soberanía Nacional.

Por todo lo anterior, la reunión plenaria ampliada de la Unión Nacional de Usuarios y Defensores de los Servicios Públicos Domiciliarios, acuerda participar en la Jornada Nacional que contra el TLC se realizará el próximo 15 de mayo y llama a todos los colombianos a desarrollar la más amplia movilización para derrotar el TLC, proteger a los usuarios y defender a la nación.

UNION NACIONAL DE USUARIOS Y DEFENSORES DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

WEB http://unionusuariossp.org