El gobierno de Óscar Berger carece de una política global para resolver la problemática agraria, y demuestra falta de interés en construirla junto con las organizaciones sociales. En trámites gestionados a través de FONTIERRA se demuestra que esa entidad ha estafado a familias campesinas y en CONTIERRA se registran incumplimientos que estancan la resolución de conflictos. En lugar de garantizar derechos constitucionales (alimentación, trabajo, petición, movilización.), hay ministerios que por defender los intereses empresariales califican como delito la protesta campesina. Todo lo anterior se desprende de la experiencia en participar en mesas de diálogo y realizar múltiples gestiones con diferentes instituciones del Estado.

Plataforma Agraria sostiene que en la ejecución del presupuesto nacional NO se incluyen las propuestas de organizaciones sociales, ya que los funcionarios imponen sus planes y solapan las grandes deficiencias de las instituciones estatales. En suma, la gestión gubernamental es autoritaria, no escucha, ignora las demandas de las comunidades. Además existen pruebas que demuestran la responsabilidad histórica del Estado a que subsistan conflictos sin solución.

Por tal razón, los grandes rezagos en el campo guatemalteco se mantienen y agravan. Tal situación NO se puede ocultar, aunque se hagan cuentas alegres en informes gubernamentales. Lo cierto es que miles de comunidades afectadas por la tormenta Stan siguen esperando el apoyo prometido, al igual que las familias damnificadas de toda la vida que carecen de oportunidades para salir de la pobreza.

Para Plataforma Agraria, las instituciones gubernamentales encargadas de la problemática en el campo continúan reprimiendo, han ejecutado 80 desalojos, además imponen fastidiosos trámites, incumplen compromisos, utilizan programas públicos y espacios de diálogo para dividir al movimiento social y así bajar de tono las protestas.

Este gobierno ignora las propuestas que los sectores afectados por la crisis en el campo le han presentado; por ejemplo, ley del catastro, política nacional de desarrollo rural y programas de urgencia nacional, como dotación de tierras y recursos NO reembolsables para micro y pequeños productores. Si los programas gubernamentales respondieran a las demandas campesinas y las mesas de diálogo fuesen espacios reales de construcción de consensos vinculantes, entonces las protestas no irían en aumento ni se señalaría al gobierno de responder sólo a los intereses del capital nacional y transnacional.

Este gobierno tiene una oportunidad para enderezar su rumbo, lo urgimos a reencauzar sus gestiones a fin de desarrollar políticas públicas de emergencia, así como una política de desarrollo rural integral y una ley agraria. La disyuntiva para las organizaciones sociales no es aceptar o rechazar los diálogos, ya que en los hechos hemos demostrado nuestra disposición a conversar para encontrar soluciones en infinidad de mesas de trabajo. El reto es para el gobierno de Óscar Berger que debe responder con políticas públicas que incluyan el enfoque de las comunidades campesinas e indígenas en el desarrollo rural.

Guatemala, 19 de abril de 2006