Fuertes combates entre el ejército colombiano y la guerrilla ponen en riesgo a la población campesina en la región del Valle del Río Cimitarra, Magdalena Medio. Además hubo torturas y detenciones de campesinos en diferentes veredas por parte de militares y de supuestos paramilitares encapuchados. Unas 25 familias campesinas se vieron obligadas a desplazarse después de que el ejército se tomó la población de San Francisco, a orillas del río Cimitarra. Una comisión de verificación compuesta por representantes de la Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra (ACVC) y otras ONGs, así como el Observatorio de Paz Integral realizó una reunión con 15 juntas de acción comunal, denuncia las fuertes violaciones de derechos humanos y reclama al Estado que cumpla con sus obligaciones de protección de los campesinos que son utilizados como escudos humanos por las partes combatientes.

Ante esta grave situación es muy importante presionar a las autoridades colombianas para que tomen medidas urgentes para respetar, proteger y garantizar los derechos de los aprox. 25 mil campesinos de la Zona de Reserva Campesina (ZRC) del Valle de Cimitarra. Por favor, envíen cartas al Presidente de la República, con copia para el Instituto Colombiano de Reforma Agraria INCODER y la ACVC.

Antecedentes

En diciembre de 2002 Incora (Instituto Colombiano de Reforma Agraria, ahora INCODER) decretó la Zona de Reserva Campesina (ZRC) del Valle del Cimitarra que integra más de 25.000 campesinos en un proceso de desarrollo integral y defensa de los derechos humanos, cumpliendo así con uno de los acuerdos firmados por el anterior presidente Andrés Pastrana durante el éxodo campesino de Magdalena Medio de 1998.

Para los campesinos de la región la Zona de Reserva Campesina del Valle de Cimitarra es un importante instrumento legal para la protección de su territorialidad, la autogestión comunitaria del territorio, la protección de la economía campesina, la realización efectiva de la reforma agraria y la reconstrucción de la agricultura nacional. Sin embargo, desde su creación se han visto enfrentados con una violenta campaña de acciones contra la ZRC en las cuales están involucrados sectores del Estado Colombiano que atienden a intereses de grupos paramilitares, ganaderos y terratenientes del Magdalena Medio, quienes ven en la ZRC un obstáculo al proceso de usurpación violenta de tierra.

En abril de 2003 la ZRC fue suspendida y la ACVC inició pasos legales contra esta suspensión. Sin embargo, una decisión jurídica al respecto todavía está pendiente. Desde entonces la ACVC y sus dirigentes están sufriendo persecuciones y encarcelamientos. La región también es muy afectada por las fumigaciones realizadas por el gobierno en el contexto de su política de combate a las drogas y sufre con bloqueo alimentario y sanitario por la presencia de las fuerzas combatientes.

Además, a pesar del proceso de desmovilización dentro del marco de la Ley de Justicia y Paz, en la región de la ZRC de Valle de Cimitarra siguen existiendo las fuertes estructuras paramilitares como lo demuestra el asesinato del vicepresidente de la junta de acción comunal de la vereda la Victoria Guido Romero por paramilitares el 18 de febrero de 2006. También en este mes el "desmovilizado" Rodolfo Triana Rodríguez junto con otros paramilitares amenazó de muerte a varios campesinos de la vereda Notepases y contra el anterior presidente de la ACVC Alvaro Manzano. Los otros amenazados son Gildardo Sabas, Rubén Guerrero y Nury Cárcamo (viuda del asesinado dirigente de la ACVC, Orlando Triana Moncada).

El Mandato de la Red de Emergencia

Colombia es Estado Parte de los Pactos Internacionales de Derechos Humanos y por ende está obligado a respetar, proteger y garantizar estos derechos a toda su población. En el marco del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, también firmado por Colombia, el Gobierno Colombiano debe adoptar medidas para asegurar que todos las campesinas y los campesinos disfruten del derecho a alimentarse. El respeto y la protección de las comunidades campesinas de la Zona de Reserva Campesina del Valle de Cimitarra y de sus organizaciones y la garantía de su acceso a la tierra es obligación del Estado colombiano.

Fin de la acción: Mayo 20 de 2006

Direcciones:

Dr. Alvaro Uribe Velez
Presidente de la República de Colombia
Carrera 8, No. 7-26
Palacio de Nariño
Santafé de Bogotá
Colombia
Fax: +57-1-3375890

Gerente General de INCODER
Econ. Luis Ortiz López
Fax: +57-1-2221692

ACVC
Email: cimitarra@mixmail.com

Informe a FIAN de cualquier respuesta a sus cartas

Dr. Alvaro Uribe
Presidente de la República de Colombia
Palacio de Nariño
Santafé de Bogotá/Colombia
Fax: +57-1-3375890

Excelentísimo Señor Presidente,

Recibí informaciones alarmantes sobre los fuertes combates en la región del Valle de Cimitarra, Magdalena Medio. Además hubo asesinato, torturas, detenciones, desplazamientos forzados y amenazas de muerte en la región: El 21 de febrero de 2006 Guido Romero, Vicepresidente de la junta de acción comunal de la vereda La Victoria, fue asesinado por paramilitares. Los hermanos Juan Gabriel y James Pablo Barahona Lombana fueron torturados por militares del Batallón Calibio el 13 de marzo. Ellos son miembros de la junta de acción comunal de Puerto Matilde (su madre es la presidenta). Los campesinos Joan Harley Hoyos y John Jairo Soto fueron detenidos ilegalmente el 12 de marzo en Hueco Frio. Unas 25 familias del caserío San Francisco, jurisdicción del municipio de Yondó, Cimitarra, se vieron obligadas a desplazarse después de que el ejército se tomó la población.

Los casos de tortura por parte de militares y de supuestos paramilitares encapuchados han vuelto a ser frecuentes; a pesar del proceso de desmovilización. En la región de la Zona de Reserva Campesina Valle de Cimitarra siguen las fuertes estructuras paramilitares. Se ha denunciado que el "desmovilizado" Rodolfo Triana Rodríguez junto con otros paramilitares amenazó de muerte a varios campesinos en Notepases y al anterior presidente de la ACVC Alvaro Manzano. Los otros amenazados son Gildardo Sabas, Rubén Guerrero y Nury Cárcamo (viuda del asesinado dirigente de la ACVC, Orlando Triana Moncada).

Muchas de las violaciones de derechos humanos se dirigen contra integrantes de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (ACVC). Tienen por objeto impedir que la ACVC siga su lucha por levantar la suspensión de 2003 de la Zona de Reserva Campesina (ZRC) del Valle del Cimitarra, que fue creada en diciembre de 2002. Una decisión judicial todavía está pendiente. Sectores del Estado Colombiano siguen siendo responsables de las agresiones, atendiendo a las peticiones de grupos paramilitares, ganaderos y terratenientes del Magdalena Medio, quienes ven en la ZRC un obstáculo al proceso de expropiación violenta de tierras.

Colombia es Estado Parte de los Pactos Internacionales de Derechos Humanos y, por ende, está obligado a respetar, proteger y garantizar estos derechos a toda su población y debe adoptar medidas que aseguren el disfrute pleno de estos derechos.

Como persona que trabaja internacionalmente por el derecho humano a alimentarse, quisiera solicitarle que tome inmediatamente medidas urgentes para:

- Levantar la suspensión de la ZRC y garantizar que los campesinos de la ZRC y los organizados en la ACVC puedan desarrollar la propuesta de ZRC, basada en el desarrollo integral y en los derechos humanos.

- Respetar y proteger a los derechos de los campesinos de la ZRC y los integrantes de la Asociación Campesina del Valle del Rio Cimitara - ACVC.

- Identificar a los autores materiales e intelectuales de los asesinatos, de las torturas y amenazas arriba indicadas para llevarlos a un tribunal para aplicarles las sanciones penales previstas por la ley.

Muy atentamente,

Red de Emergencia - Campaña Global por la Reforma Agraria

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