Las acciones del gobierno de Guatemala vinculadas con lo agrario y el desarrollo rural tienen que incluir un enfoque que favorezca a las economías campesinas (trabajadores agrícolas sin tierra o poca tierra, minifundistas sin capital de trabajo, micro productores con deudas), por tanto deben dejar de estar subordinadas a los lineamientos neoliberales que benefician al gran capital nacional y transnacional.

Las organizaciones que de Plataforma Agraria demandamos la ejecución de políticas y cambios a la legislación. No queremos limosnas, queremos recursos y oportunidades para tener una vida digna y se respeten nuestros derechos. Exigimos respeto a nuestra dignidad, ser pobres e indígenas no significa que aceptemos migajas ni leyes que nos excluyen. En ejercicio de nuestro derecho de petición, demandamos las siguientes medidas:

EMERGENCIA SOCIAL:

1. Para las familias afectadas por la crisis en el campo y por la tormenta Stan, que incluyan la transferencia de recursos monetarios no reembolsables, tierra y alimentos, en los siguientes municipios: Ocós, Ayutla, Malacatán, San Pablo, San Pedro y Sibinal (San Marcos); Sololá, San Lucas Tolimán, San Pablo La Laguna, San Pedro La Laguna, San Marcos La Laguna, Santiago Atitlán, Nahualá, Tzununá, San Juan La Laguna, Santa Catarina Ixtahuacán, Pixabaj Los Encuentros (Sololá); Ilom, Sajcibán y Jua en Chajul (Quiché).

2. Resolución inmediata de los conflictos presentados en la Secretaría de Asuntos Agrarios: San Antonio Buena Vista, El Pino, Venecia y San Nicolás, (Escuintla); Comayagua, San Juan Monterreal y La Aradita (Santa Rosa); Brisas del Valle y Colonia Canaan (El Quiché); La Bendición (Petén); El Esfuerzo (Suchitepéquez); Sebulbuxhá y Qhaquipur (Alta Verapaz); Caliaj y Nueva Belén (Chimaltenango).

3. Condonación de deudas impagables en oriente, norte y suroccidente del país.

POLITICAS PÚBLICAS Y REFORMAS LEGALES:

1. Para el acceso a tierras productivas urge establecer una institución de desarrollo que atienda de manera rápida las peticiones, proporcione un acompañamiento técnico eficiente, capital para inversión y trabajo, que no especule con las tierras y facilite el mercado de los productos. Con base en los Acuerdos de Paz, se necesita la constitución de un banco de tierras mediante la expropiación de terrenos mal adjudicados o de apropiación indebida y tierras por deudas laborales; así como cumplir con los artículos relacionados con la recuperación de tierras apropiadas indebidamente en el Petén y la Franja Transversal del Norte; fincas hipotecadas, además de la aplicación del impuesto a tierras ociosas.

2. Una legislación agraria que permita abordar y solucionar diversos temas de la agenda agraria nacional, basada en las obligaciones del Estado contemplados en los derechos económicos, sociales y culturales y los Acuerdos de Paz. Este ordenamiento debe incluir el respeto a la legislación laboral y descartar que los conflictos agrarios y laborales se traten por la vía judicial; la derogación del Art. 139 del Código de Trabajo (reconocimiento de trabajadoras agrícolas con todos sus derechos), así como de los delitos de usurpación y usurpación agravada del Código Penal (por ser inconstitucionales). Se requiere un Código Agrario que llene los vacíos que existen en la defensa de los sujetos agrarios que requieren tutela del Estado, en la regularización de los casos por disputa de derechos y se incluyan figuras jurídicas para micro y pequeños productores, así como comercializadores del área rural.

3. Revisión del capítulo agrícola del tratado de libre comercio a efecto de proteger social y económicamente al campesinado del impacto a nivel de salarios, empleo, semillas y recursos naturales.

4. Política Pública de Desarrollo Rural Integral, consensuada con sociedad civil y asignación presupuestaria que mejore la calidad de vida de las familias campesinas e indígenas, así como respeto a sus derechos políticos, económicos, sociales y culturales.

5. Mientras no exista consenso en una nueva ley de minería y una política sobre el manejo de los recursos mineros, suspender los permisos para exploración y explotación de minerales.

Guatemala, 29 de marzo de 2006.