Buenos aires, 27 de Marzo de 2006

Con relación a la creación de Aguas y Saneamientos Argentinos S.A. y la rescisión del contrato de Aguas Argentinas, la Convocatoria No al CIADI - Sí a la Soberanía Nacional, declara que:

1. apoya al Estado Argentino en toda la recuperación de los servicios públicos concesionados, así como la de los recursos naturales entregados a grandes empresas privadas, nacionales o extranjeras.

2. en el caso de Aguas Argentinas -lo que menos tenía era de "argentina"- no hubo preocupación por parte de la empresa de lo que era materia de la concesión: el agua para la población.

3. Aguas Argentinas forzó permanentemente la modificación de las reglas jurídicas establecidas en el contrato de concesión, lo incumplió en gran parte, dañó la salud de la población y, fue una de las empresas del mundo con mayor ganancia en su especialidad.

El Estado Argentino revirtió la situación con Aguas Argentinas rescindiendo el contrato de concesión por gravísimos incumplimientos al mismo. No es confiscación ni expropiación. Reasumió la explotación, con participación de los trabajadores, de la actividad de un servicio público que nunca debió haber abandonado. La empresa Aguas Argentinas S. A. sigue existiendo en la Argentina y tendrá que responder por su endeudamiento ante sus acreedores, y ante los numerosos juicios que se le han hecho en este país.

Tribunales argentinos, aplicando leyes argentinas, decidirán si sus directivos tienen que ir a la cárcel o no.

Esta empresa pretende chantajear al Estado y a todo el Pueblo con un juicio por U$S 1.7000 millones ante el CIADI (Centro Internacional de Diferencias relativas a Inversiones, organismo del Banco Mundial) que es, a su vez, accionista de numeras empresas privatizadas.

Dicho tribunal arbitral viola la Soberanía Argentina. Si la empresa tuviese algo que reclamar, o tuviera que defenderse, lo debe hacer en nuestra Patria, bajo nuestras normas y nuestros jueces. Esa es la regla que rige para ella y para todas las demás empresas que operan en suelo nacional sin excepción.

Rechazamos la ingerencia de todo poder internacional, ya sea por la vía arbitral o judicial extranjera, en los asuntos nacionales.

Advertimos que la utilización en los medios de comunicación del concepto "estatización" no es nada ingenuo. Si tal hubiera sido el caso, Aguas Argentinas podría reclamar una compensación y/o desprenderse de su deuda , y de los juicio hacia ella, arguyendo que la nueva empresa es una continuación de la anterior.

Lo que ha hecho Aguas Argentinas simplemente fue incumplir lo que firmó, se llevo todo lo que pudo, todo el tiempo que pudo y encima reclamó en el exterior. Vulgarmente a eso, el común de la gente le llama "estafa" mas allá del significado que el término pueda tener jurídicamente.

Creemos firmemente, como lo hemos demostrado desde la creación de esta Convocatoria, integrada por más de 80 organizaciones y personalidades del ámbito, social, político, gremial y de Derechos Humanos, que el Estado, es decir, el Poder ejecutivo, legislativo y judicial, debe rechazar la Prórroga de Jurisdicción, es decir la incumbencia de tribunales extranjeros, verdaderos estatutos de coloniaje disfrazado de ropaje jurídico; y someter todo conflicto con la empresas privadas, privatizadas, vendidas o concesionadas a las normas vigentes en territorio argentino.

Instamos por lo tanto al Estado a declarar la nulidad de los tratados bilaterales de inversión (TBI), o de las cláusulas del mismo que afecten la Soberanía. Brasil y los país más desarrollados (G8- Grupo de los 8) no aceptan dichas cláusulas sin perder por ello capacidad de recibir inversiones extranjeras cuya actividad queda regulada bajo las normas nacionales que es lo que corresponde.