Durante siglos las familias indígenas Kekchies, Achies, Mames, Qanjobales, Chujes, Kiches, eran dueños históricos de las grandes extensiones de tierra del país, las cuales eran aprovechadas según sus propias necesidades y hacían rotación de cultivos para no cansar a nuestra Madre tierra, pero llegaron los conquistadores, convirtiendo en esclavos a nuestros pueblos a sangre y fuego. Se sabe que estos denominados civilizadores, en un periodo de medio siglo eliminaron a mas de 10 millones de nativos, quienes con anterioridad eran explotados por la Corona española, la iglesia y por los funcionarios.

Estas secuelas de explotación siguen imperando hoy día, basta recorrer las fincas de las Verapaces y de la Costa Sur, en el cual no es extraño ver que los empresarios del agro pagan salarios de hambre y su ganancia real deriva de la mano de obra mal remunerada. Ante estos acontecimientos preguntamos, ¿Dónde quedan los principios Constitucionales sobre el derecho a la Vida, el derecho histórico sobre la tierra y el cumplimiento del bien común? Dónde quedan los convenios firmados y ratificados a nivel internacional, en especial los relativos a los pueblos indígenas?.

El interés manifiesto de los finqueros y empresarios en apropiarse de tierras campesinas durante los últimos años en los departamentos de Alta y Baja Verapaz, Quiché, Izabal y Huehuetenango es estratégico, ya que quieren ampliar la explotación agrícola y aprovecharse de los Megaproyectos que conllevan la implementación de los tratados comerciales para aumentar sus ganancias. Sin embargo, en Guatemala no existe una política de desarrollo rural integral, en vano ha quedado la propuesta gubernamental de convocar a los sectores en mesas de diálogo, ya que al lograrse los acuerdos consensuados son tirados a la basura como pasó recientemente en la Mesa Intersectorial de Diálogo sobre el Desarrollo Rural.

Si nos referimos a los Acuerdos de Paz, estos duermen infinitamente en los sueños de los muertos, ya que el Estado de Guatemala únicamente los ha utilizado para agenciarse de donaciones o bien para agilizar préstamos, pero en esencia los mismos no han cumplido sus objetivos, por ello instituciones como el Fondo de tierras están siendo asfixiadas año con año, sus programas son ridículos y sólo son asideros de premios políticos de trabajo para el partido oficial, así mismo Contierras y la Secretaría Agraria se crearon como instituciones para resolver la conflictividad agraria, pero las mismas únicamente retrazan las acciones de desalojo, dándole suficiente tiempo a las fuerzas de seguridad para hacer sus planes y ejecutarlos como sucedió en Nueva Linda, Retalhuleu donde fueron masacrados ocho campesinos, generándose una cadena insaciable de persecución y muerte hacia la población campesina.

A esta situación se suma más de 100 conflictos de tierra, a los cuales demandamos solución inmediata de 54 casos en las regiones de Alta y Baja Verapaz e Izabal, dónde las comunidades rurales poseen derechos históricos y jurídicos sobre tierras campesinas.

Ante la deficiencia de las instituciones responsables del tema agrario como el Fondo de tierras, la Secretaría de Asuntos Agrarios y la Oficina de Resolución de Conflictos CONTIERRA,

EXIGIMOS AL GOBIERNO:

- La Condonación de la Deuda Agraria de los campesinos que adquirieron fincas a través del Fondo de Tierras.

- El inmediato cese de la persecución judicial y extrajudicial de compañeros líderes campesinos.

- Que se retome los Acuerdos de Paz para darle cumplimiento al Acuerdo Socio económico y situación agraria, que es una agenda pendiente por parte del Estado Guatemalteco.

POR LA SOBERANÍA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA DIGAMOS NO A LA DEUDA AGRARIA.

GUATEMALA, 3 DE MARZO 2,006.

Unión Verapacense de Organizaciones Comunales UVOC, Comité Campesino del Altiplano CCDA, Unión Campesina del Sur UCS,

Asociación Integral de Capacitación y Servicios Comunitarios AICSECO, Asociación Nuevo Amanecer Maya Chuj,

Organización Mayas Sin Tierra OMST, Defensoría Indígena de la Verapaces DIV.