La soberanía y el interés nacional de Colombia sufrirán daños mayúsculos si el Tratado de Libre Comercio (TLC) acordado entre el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y el de Estados Unidos entra en vigencia, pues el resultado final de la negociación confirmó las severas advertencias que muchos dirigentes, organizaciones y personas hicimos oportunamente. Quedó al desnudo que la táctica uribista consistió en someterse hasta la humillación a los negociadores estadounidenses, mientras intentó engañar a la opinión pública colombiana mediante todo tipo de subterfugios, descarada manipulación que incluyó hasta el ridículo que con su viaje a Washington protagonizó el propio Presidente, quien además anunció que continuará con ella. Así se desprende de su nerviosa explicación de lo ocurrido, en la que con cinismo presentó el desastre como un éxito de su administración y anunció dos nuevas maniobras: usar el clientelismo para conseguir los votos que se requieren en el Congreso para ratificar el Tratado y engatusar con limosnas a los primeros sectores empobrecidos por su genuflexión ante el Imperio.

Que se haya establecido que Colombia eliminará cualquier protección al sector agropecuario, mientras Estados Unidos conserva los descomunales subsidios a sus productores y las barreras sanitarias contra las exportaciones colombianas, no deja dudas de que se trata de una alianza de mula y jinete. Aun cuando algunos de los primeros que debieran denunciarlo lo oculten, las quiebras industriales podrán ser peores que las agrarias, como lo han sido desde cuando los hommes empezaron el “libre comercio”, entre otras razones porque el país será inundado hasta de manufacturas de segunda mano. Pero las pérdidas no se limitarán a las anteriores, con su carga de más desempleo, pobreza e indigencia. Por ejemplo, el acuerdo en medicamentos es monstruoso porque generará enfermedad y muerte, así el bien llamado ministro de la desprotección social diga que ello no ocurrirá; se les otorgarán ventajas insólitas a los inversionistas estadounidenses, entre ellas una justicia privada en su beneficio; el capital foráneo concluirá su toma de lo que no se arruine, como el sector financiero, las telecomunicaciones, la salud y el comercio exterior e interior; el Estado colombiano no podrá promover el progreso mediante tratos especiales a sus nacionales y tendrá menos instrumentos para enfrentar las crisis económicas internacionales; los ingresos fiscales sufrirán un severo menoscabo y los productos colombianos perderán ventajas en el mercado andino; Colombia quedará presa del atraso científico y tecnológico, se abrirá la posibilidad de patentar plantas y animales y se avasallará aún más la cultura nacional.

En uno de sus aspectos ocultos y más perniciosos, el TLC impedirá dar marcha atrás a las reformas neoliberales de los años anteriores, aspecto que profundizará y hará irreversibles el control de las normas financieras y cambiarias por parte del FMI y las privatizaciones en educación, salud, pensiones y servicios públicos domiciliarios, al igual que las medidas que facilitan la entrega del petróleo y demás recursos naturales a las transnacionales. El Tratado santificará el ingreso de los gringos a Colombia como Pedro por su casa, pero los colombianos que deseen ir a Estados Unidos seguirán sufriendo obstáculos de todo tipo.

Una vez entre en vigencia el TLC –y lo que pretenden es que dure para siempre– no podrá aprobarse absolutamente nada en Colombia, en ningún nivel, que contradiga su texto, el cual cubre más de seiscientos aspectos. Y sin importar cuan grande sea el daño que le inflija al país, cualquier modificación a lo allí consignado, por pequeña que sea, exigirá el permiso de Estados Unidos.

El uribismo solo puede mostrar como ganancia del TLC que Colombia conservará lo que hoy tiene en el Atpdea, ventajas que en general posee desde 1991 y que, por tanto, la propia experiencia de estos años prueba hasta la saciedad que no sacan al país de su crisis económica y social, desastre que como es obvio se agravará si el Tratado entra en vigencia.

Con el TLC, entonces, no ganarán unos colombianos y perderán otros, como de manera falaz lleva años diciendo el uribismo. Con este acuerdo leonino en extremo perderá Colombia como un todo, al igual que como un todo ganará el Imperio, pues anexa el país a los intereses del gran capital estadounidense, en un auténtico proceso de recolonización que llevará las relaciones con Estados Unidos a unas muy parecidas a las que tuvo la Nueva Granada con la Corona española. Ganarán también, por supuesto, un puñado de colombianos, todos miembros de la cúpula reeleccionista: aquellos que separaron su suerte personal de la suerte de la nación, atándola a los intereses extranjeros, verdad que explica porqué a tantos les va mal y a cada vez menos les va bien, en un país que tiene la vergonzosa condición de ser el undécimo con mayor desigualdad social del mundo.

Entonces, faltan a la verdad los que afirman que los únicos negativamente afectados serán unos cuantos empresarios, entre otras razones porque quien más sufre cuando se cierra una empresa son sus trabajadores. Como es natural, los primeros que se arruinarán serán los productores pequeños y medianos. Constituye una burla cruel decir que el TLC beneficiará a los consumidores, por lo menos a los del común, pues no hay consumo donde antes no hay ingresos, es decir, empleo y producción. Y las exportaciones colombianas a Estados Unidos sólo podrán crecer si se apuntalan en el bajísimo precio de las materias primas y la mano de obra nacionales, pues en esos términos deberán competir con las mercancías de otros países. Si el uribismo se siente tan seguro en el debate, ¿por qué se nota tanto la sordina impuesta en los medios de comunicación a los adversarios del TLC? ¿Por qué el Presidente no usa el artículo 104 de la Constitución, que permite consultar a todos los colombianos en casos como este?

De otra parte, el Tratado viola, entre otros, el artículo 65 de la Constitución de Colombia, que establece que “la producción de alimentos gozará de la especial protección del Estado”, y se acordó en abierto desacato del presidente Uribe Vélez a la orden que le dio el Tribunal Administrativo de Cundinamarca de no suscribir el TLC en los términos conocidos, pues viola derechos y prerrogativas fundamentales de la nación. Y como lo pactado supedita el interés de Colombia al de una potencia extranjera, podría configurarse el delito de traición a la patria que tipifican los artículos 455 y 457 del Código Penal.

Ante la mayor amenaza que haya sufrido la nación en su historia, es natural que cada vez más colombianos aspiremos a derrotar el TLC durante su trámite en el Congreso. De allí que insistamos en explicar que para lograrlo urge unir en una sola y gran campaña de resistencia civil a los asalariados, los pequeños y medianos propietarios urbanos y rurales, los intelectuales, los estudiantes y el empresariado que no se lucra con la desgracia nacional ni es indiferente ante ella. Para seguir avanzando en la preparación de las luchas que se avecinan en defensa del trabajo, la producción, la democracia auténtica y la soberanía acojamos el clamor nacional que señala: “Ni un voto por los partidarios del TLC”.

Bogotá, 6 de marzo de 2006.