En primer lugar, la iniciativa de desregulación lamentablemente no ha significado la
elaboración de una "contrapropuesta" proveniente de los sectores sociales
perjudicados. A excepción de la CONAIE, las otras centrales campesinas no tuvieron
" ni voz ni voto" en este proceso, lo que indica que no hay espacios para compartir los
problemas ni tampoco para llegar a acuerdos consensuales. La velocidad de los
acontecimientos no permitió tampoco presentar una alternativa "viable" de oposición
efectiva a la ley. La pregunta que se impone es ?existen todavía espacios dentro de la
ley para desarrollar una lucha que signifiquen reales avances desde el lado
campesino? La respuesta implica desde ya estudiar esta posibilidad al menos en dos
niveles: en la elaboración del reglamento de la ley y, en la modificación o
ampliación de algunos aspectos de la misma.

Esto exige indudablemente una reflexión a fondo de cuáles son las demandas
prioritarias de los campesinos aglutinados en las centrales y en la CONAIE, amén de
aquellos representados por la II Cámara de Agricultura. Esta última alianza, indica
que un sector de campesinos mercantiles no está de acuerdo con la ley en aspectos
puntuales como la orientación del crédito, asistencia técnica, precios y mercados.
Esto muestra que un importante sector de productores rurales no acepta un
tratamiento idéntico al de los empresarios capitalistas.

Las posibilidades de participación en la "política moderna", además de la resistencia
campesina, implica desarrollar iniciativas para definir las reglas del juego en el
sector agrario, considerando sobre todo "el costo social", los problemas de pobreza y
el abastecimiento del mercado interno. En esta arena tienen mucho que decir los
campesinos e indígenas y el gobierno tiene mucho que escuchar si en definitiva se
quiere evitar el conflicto social presente en el umbral de nuestras sociedades.

Posteriormente se abrió aunque en reforma limitada la discusión en torno al
reglamento de esta Ley. El Anteproyecto Reglamento elaborado por el ejecutivo (3
de agosto de 1994) muestra claramente que no se ha respetado los acuerdos del
diálogo y que se impone el espíritu original que animó a su expedición. Se busca
poner todas la trabas posibles para el cumplimiento de algunas pequeñas causales de
expropiación que se lograron introducir como modificaciones a la Ley (caso de la
casual por presión demográfica), pero en cambio se propicia todas las facilidades
para que se cumplan procesos sobre los cuales los campesinos e indígenas
mostraron clara resistencia: división de comunas, uso privatizador del agua,
capacitación empresarial, entre otras. Este Reglamento había sido preparado para la
primera Ley presentada por El Ejecutivo, lo cual se le hizo notar al gobierno y a los
empresarios que así no se puede hablar ni sentarse a la mesa de discusión.

Después de una larga discusión se acordó que se haga reformas a este Reglamento y
así se trabajó con los representantes del Gobierno y de las Organizaciones
Campesinas, Indígenas y Afroecuatorianas y se llegó a concluir con su aprobación el
12 de septiembre/94.

Lo importante de este proceso fue la unidad de la COORDINADORA AGRARIA
NACIONAL, la solidaridad que recibimos de todos los sectores del país, América
Latina y de la Prensa Nacional, solo así enfrentaremos al Gobierno, a las Cámaras de
Agricultores, de Ganaderos, a la FENOC-CLAT aliada al Gobierno y a los
Terratenientes y al Congreso Nacional.

Por todo esto podemos concluir que solo con la unidad de los pueblos
conseguiremos la victoria y así lucharemos en nuestro país y también con nuestros
hermanos de América Latina y el mundo.

Finalmente reconocemos todo el apoyo solidario de las Organizaciones Campesinas,
Indígenas de América Latina, de la Comisión "INICIATIVA POR LA PAZ" enviada
por Rigoberta Menchú, PREMIO NOBEL DE LA PAZ AÑO 1992 y de las
Organizaciones y otros sectores importantes de nuestro país.

Quito, octubre 3 de 1994

Federación Nacional de Organizaciones Campesino-Indígenas "FENOC-I"