Bogotá, 02 de diciembre de 2005

CARTA ABIERTA

Desde enero de 2004 hasta el día de hoy desempeñe el cargo de asesor del Sr. Director del Instituto de Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), Dr. Julio César Aldana, hacia quien durante este tiempo he desarrollado sentimientos de respeto y admiración que hacen difícil la decisión que hoy tomo, de dejar de servirle al Gobierno desde esta posición.

En virtud de mi cargo, durante estos dos años he sido testigo y participe privilegiado de los esfuerzos que el INVIMA y el Ministerio de la Protección Social han realizado para velar porque los medicamentos sean una herramienta al servicio de la salud de las personas.

El Ministerio de la Protección Social publicó y está liderando el desarrollo de la Política Farmacéutica Nacional, que ha servido para orientar al país en el propósito de optimizar la utilización de los medicamentos, reducir las inequidades en el acceso y asegurar la calidad de los mismos en el marco del sistema general de seguridad social en salud y el INVIMA no sólo logró sobrevivir, sino que ha ejecutado una buena parte de su plan estratégico para el cuatrienio, orientado a mejorar su capacidad para cumplir con la misión de trabajar para la protección de la salud individual y colectiva de los colombianos mediante la aplicación de las normas sanitarias relacionadas con los productos de su competencia.

Pero también en cumplimiento de mis funciones, se me asignó la responsabilidad de conformar el grupo técnico que representó al sector salud en la mesa de derechos de propiedad intelectual en el marco de la negociación del tratado de libre comercio con Estados Unidos, bajo el liderazgo del Ministro de la Protección Social y siguiendo instrucciones precisas del Señor Presidente de la República. Así lo hice desde mayo de 2004 hasta septiembre de 2005, cuando al final de la XIII ronda de negociación en Cartagena, suscribí una carta que fue conocida ampliamente por la opinión pública, en la que se le informaba sobre el estado del proceso que en ese momento, contradecía abiertamente los principios sobre los que se fundamentó la propuesta de negociación construida de manera conjunta por los andinos.

Hoy, después de cerca de dos meses de haber seguido acompañando el proceso por decisión del Dr. Diego Palacio en conjunto con los asesores internos y con los internacionales del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y de la Organización Mundial de la Salud, pero apartado de la mesa de negociación y del grupo institucional que nutre su trabajo por solicitud del jefe negociador del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, quiero hacer pública mi decisión de apartarme del Gobierno, en virtud de mi total desacuerdo con las últimas decisiones que en materia de derechos de propiedad intelectual se han tomado en la negociación y de la forma como el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo ha conducido el proceso.

Mi decisión obedece, al que constituye a mi juicio, el más grave incidente de la negociación, ocurrido en la última ronda llevada a cabo en Washington, donde el coordinador de la mesa de propiedad intelectual por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, abandonó la propuesta de negociación concertada con los andinos y, de manera unilateral, presentó una propuesta de protección de datos de prueba basada en el texto estadounidense, que contiene disposiciones con niveles de protección mayores que los acordados por ese país con Chile y con los países centroamericanos (CAFTA), donde se ignoran todos los compromisos con el sector salud, como ya había ocurrido hace unos meses con otro funcionario del mismo Ministerio, no se sabe si por cuenta propia o siguiendo instrucciones superiores. Algo similar ocurrió con otros asuntos críticos de la negociación.

En materia de salud pública no es un buen negocio que para que existan nuevos medicamentos se incentive a las empresas farmacéuticas mediante mecanismos como los propuestos por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, que contribuyen a que los costos de las medicinas sean prohibitivos para sectores cada vez más amplios de la población y para los sistemas de seguridad social, cuya propia supervivencia financiera se ve ya seriamente amenazada.

Es evidente que aceptar normas de propiedad intelectual más restrictivas que lo acordado por la comunidad internacional en el sistema multilateral, hará subir significativamente el gasto en medicamentos limitando el acceso de las personas, e incluso poniendo en vilo la supervivencia del sistema general de seguridad social en salud, como lo han sostenido durante toda la negociación los asesores nacionales e internacionales que han acompañado el proceso.

En cuanto a la forma como el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo ha conducido el proceso, sería mucho más transparente decirle al país que el trabajo de 18 meses en las cuestiones relacionadas con propiedad intelectual y salud fracasó, que realmente nunca existió negociación y que para poder firmar un tratado de libre comercio con Estados Unidos, es necesario abandonar la estrategia de “negociación por intereses”, traspasar las “líneas rojas” y aceptar unas disposiciones que eleven la protección a niveles similares o superiores a los de los tratados firmados por ese país con Chile y con los países centroamericanos (CAFTA). Eso tal vez nos hubiera ahorrado conflictos, tiempo y recursos. Que no se diga esto con claridad, me produce vergüenza ajena y dolor de patria.

He sido igualmente testigo de la forma como el Ministerio de la Protección Social y múltiples instituciones del sector de la salud y de otros sectores del gobierno, han hecho un enorme esfuerzo por defender los principios de salud pública, como lo manda la Constitución Nacional, a pesar de haber sido objeto de descalificaciones que no es necesario recordar y me queda la satisfacción de haber podido conocer excelentes seres humanos comprometidos con sus compatriotas, pero a la vez tengo que deplorar la forma desleal y engañosa con la que los negociadores de comercio trataron hasta ahora al sector, no sólo en Colombia, sino en los tres países.

Me queda la certeza de que desde el inicio de la negociación, sabían de la rígida postura de los negociadores estadounidenses, que no aceptarían un texto que no fuera igual o superior al CAFTA. Y emplearon sus mejores capacidades no para negociar con ellos, sino para obtener paso a paso, gradualmente, con estrategias de todo tipo algunas de las cuales el país conoció por su gravedad y trascendencia, concesiones del sector salud que los acercaran a su meta. Aceptaron vetos, impusieron vetos, invitaron un experto internacional de conocida tendencia pro industria, desacreditaron estudios, tergiversaron resultados de otros, teniendo siempre como espada de Damocles la amenaza de convertir al sector, al Ministerio y al Ministro en el obstáculo del tratado.

Admiro y respeto los esfuerzos del Ministro de la Protección Social por conservar la unidad de Gobierno y lograr una buena negociación, pero por razones éticas no quiero ser parte del mismo, porque no estoy dispuesto a defender algo con lo que no estoy de acuerdo y que es inminente que generará un alto impacto negativo en el campo de la salud pública. Seguiré trabajando en pro de la salud y apoyando cuanto se haga por mejorar las condiciones de las personas en la vía en que el Ministerio lo ha venido haciendo en materia farmacéutica, pero me llevo un sabor amargo, porque una sociedad siempre esta expuesta a tomar buenas o malas decisiones, cuyas repercusiones tendrá que disfrutar o sufrir, pero cuando la verdad es la ausente, la historia es un juez implacable.

LUIS GUILLERMO RESTREPO VELEZ
c.c. 71´392.657 de Caldas, Antioquia