La demanda de las organizaciones sindicales, junto con las organizaciones sociales en general y los gobiernos del Sur, es que más que poner por delante las cifras de comercio y las reglas abstractas de la Organización Mundial de Comercio (OMC), lo primordial es dar atención a la prioridad internacional que tienen los derechos laborales, el derecho al desarrollo, los derechos sociales, ambientales y culturales.

Lo anterior con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos, contexto en el que organizaciones no gubernamentales y la Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio (RMALC) manifiestan su preocupación por el impacto que el proceso de globalización económica tiene en la realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas de todo el mundo.

Señalan que la “Declaración del Caucus de Derechos Humanos” deja claro que el canon del derecho internacional de los derechos humanos (comprendido por los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales), ofrece una definición jurídica integral de los elementos fundamentales del bienestar y la dignidad humana.

De ahí se desprende que el fin que debe perseguir el comercio, así como otros factores de la política económica, es el de incrementar el bienestar humano a través del desarrollo. Esta es la única base sobre la cual una política económica determinada puede cobrar legitimidad moral y política.

Las organizaciones sindicales nacionales e internacionales sostienen que los temas de comercio de servicios y bienes industriales forman parte muy importante de la agenda de desarrollo de los países y, en paralelo, sus resultados están conectados con los derechos de los trabajadores.

Así en términos de empleo, las cifras oficiales mexicanas de 2005 indican que en las actividades terciarias (de servicios) y en bienes industriales se ubica el 57 y 25 por ciento del empleo formal, respectivamente.

En número de trabajadores, según el INEGI, habría poco más de 12.6 millones en el sector comercio-hoteles-restoranes-comunicaciones y transportes; 11.8 millones en servicios, y poco más de 10 millones de trabajadores en el sector secundario, de ellos 7 millones en la industria de transformación.

Dentro de ese orden, valdría cuestionarse en el sentido de “qué repercusiones tendría para los trabajadores una apertura indiscriminada de los sectores de servicios y de bienes industriales”, así como “qué pueden hacer las organizaciones sindicales de cara a la próxima reunión ministerial de la OMC en Hong Kong”.

En cuanto al nexo seguridad-desarrollo-derechos humanos, el secretario general de la ONU, Kofi Annan, sostiene: “No tendremos desarrollo sin seguridad, no tendremos seguridad sin desarrollo y no tendremos ni seguridad ni desarrollo si no se respetan los derechos humanos. Si no se promueven todas estas causas, ninguna de ellas podría triunfar”.

Y en vísperas de la VI Reunión Ministerial de la Organización Mundial de Comercio en Hong Kong, las organizaciones sindicales y sociales exhortaron a los Estados miembros de la OMC para que tengan en cuenta sus obligaciones de derechos humanos en todos los aspectos del desarrollo, negociaciones y prácticas de la política comercial.

Asimismo, que los Estados deben emprender evaluaciones de impacto en los derechos humanos antes de concluir nuevos acuerdos o revisiones de tratados comerciales existentes, y que la información sobre el impacto en los derechos humanos debería incluirse en las revisiones de las políticas comerciales tanto en los informes de los miembros como en los informes elaborados por la secretaría de la OMC.

También que la OMC debería ser receptiva en cuanto a argumentos de derechos humanos en el contexto de la solución de diferencias, incluyendo la posibilidad para organizaciones de derechos humanos de presentar escritos ante los paneles y el Organo de Apelación establecido bajo el Entendimiento sobre Solución de Diferencias.

Además, los Estados deberán establecer mecanismos efectivos, a nivel gobierno, para incrementar la coherencia de las políticas comerciales y las de derechos humanos., en tanto los organismos de tratados de derechos humanos de la ONU deberían fortalecer su capacidad para examinar los impactos de los acuerdos y políticas de comercio internacional en los derechos humanos y a emitir observaciones concernientes a la coherencia entre políticas.