*Al Pueblo de México
A la Cámara de Diputados
A los Medios de Comunicación*

El pasado 20 de Octubre el Movimiento Urbano Popular se manifestó en esta Cámara de Diputados para alertar al pueblo de México sobre la posible aprobación de la iniciativa de Ley de Vivienda aprobada el 14 de abril por la Cámara de Senadores. Iniciativa que contiene diversos elementos violatorios de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas y de la Ley General de Desarrollo Social, y que su aprobación en esas condiciones constituiría un retroceso en materia social con respecto a la actual Ley Federal de Vivienda.

Como resultado de esa movilización, el MUP logró dos entrevistas con la subcomisión legislativa de la Comisión de Vivienda de esta Cámara, en las cuales tuvimos la oportunidad de conocer las diversas propuestas de modificación que se han hecho a esa iniciativa del Senado y al mismo tiempo, hicimos saber a los diputados nuestras propuestas sobre los elementos que debe contener esa la nueva ley de vivienda y las modificaciones que aún son necesarias hacer, destacándose entre ellas, las siguientes:

1.

Que las políticas y programas, así como los instrumentos y apoyos a la vivienda tiendan a desalentar la invasión de predios y al crecimiento irregular de las ciudades, mediante la generación de las condiciones económicas, sociales y materiales que incrementen la oferta legal de suelo y vivienda, y no mediante medidas punitivas y represivas.

2.

Que para que las acciones de vivienda constituyan un factor real de sustentabilidad ambiental, ordenación territorial y desarrollo urbano; deben contar con una ubicación adecuada, garantizando accesos y opciones de empleo, así como la dotación de la infraestructura, equipamientos y servicios públicos necesarios;

3.

Que se proporcione a la población en general la información suficiente sobre las características y funcionamiento de los programas institucionales de suelo y vivienda y no solo de los mercados, urbana y rural, que le permitan una mejor toma de decisiones;

4.

Que los programas de suelo y vivienda del los tres niveles de gobierno deben ser multianuales, es decir que deben tener continuidad y no estar a expensas de los cambios de gobierno;

5.

Que la evaluación a las dependencias, entidades y organismos de la Administración Pública Federal que tengan a cargo programas y acciones de vivienda se realicen a través de organismos independientes, que podrán ser instituciones de educación superior, de investigación científica u organizaciones especializadas en la materia.

6.

Que se brinde la información sobre los inmuebles de propiedad federal que puedan ser materia de enajenación en favor de instituciones sociales y no solo públicas o privadas.

7.

Que la disposición y aprovechamiento de terrenos ejidales o comunales que se incorporen al desarrollo urbano estén dirigidos al desarrollo habitacional para la población en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad y no de las inmobiliarias.

8.

Que se promueva la constitución de reservas territoriales destinadas al desarrollo urbano y vivienda dirigidas a la población en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad;

9.

No permitir la operación de infraestructura, y equipamiento urbanos, ni la prestación de servicios públicos a la iniciativa privada.

10.

Que el monto anual que el Estado -Federación, entidades federativas y municipios-, destine al gasto público para vivienda, así como de sus programas, instrumentos y apoyos, no podrá ser menor a seis por ciento del producto interno bruto del país, destinando de este monto, al menos el 0.5% del producto interno bruto a la investigación científica y al desarrollo tecnológico en materia de vivienda, en las Instituciones Públicas de Educación Superior. Que esos recursos no serán transferibles y deberán aplicarse exclusivamente al financiamiento público para vivienda, así como de sus programas, instrumentos y apoyos, y que en caso de que tales recursos se utilicen para fines distintos, se apliquen las responsabilidades administrativas, civiles y penales que procedan.

11.

Que el Gobierno federal deberá destinar los recursos federales requeridos para el otorgamiento de créditos a la población en situación de pobreza, de marginación y vulnerabilidad, y que para la estimación de esos recursos se deberá considerar el rezago habitacional, las necesidades de vivienda, la condición de pobreza de los hogares, así como el grado de marginación de la comunidad rural o urbana.

12.

Que el otorgamiento de los créditos con recursos federales deberán atender exclusivamente a grupos en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad y, particularmente, en apoyo de la producción social de vivienda.

13.

Que el desarrollo de las acciones de vivienda y los recursos y servicios asociados a la ocupación y, funcionalidad de la misma, cuenten con los espacios suficientes con relación al número de ocupantes, seguridad estructural, condiciones higiénicas y protección respecto de factores climáticos, vectores de enfermedad y riesgos naturales, y se sujeten a criterios de sustentabilidad, de seguridad física, salubridad, higiene, calidad, diseño y tecnología de la construcción, a fin de ofrecer calidad de vida a sus habitantes.

14.

Que se constituya un fondo para casos de desastre.

15.

Que el gobierno federal diseñe mecanismos de promoción para la innovación e intercambio tecnológico en la producción y el empleo de materiales y productos para la construcción de vivienda, privilegiando a las instituciones públicas de investigación y educación superior del país.

Se han hecho aportaciones importantes en lo que se refiere a garantizar el derecho humano a la vivienda, auque seguiremos levantando la demanda porque ese derecho sea reconocido constitucionalmente.

Asimismo ha habido aportaciones importantes en la definición y reconocimiento de la producción social de vivienda y a las diversas formas de organización popular.

Sin embargo, es necesario aclarar que la Subcomisión Legislativa de la Comisión de Vivienda de esta Cámara de Diputados nos informó que lo que se ha trabajado hasta el momento, constituyen solo propuestas y pueden sufrir modificaciones

Por ello, que el Movimiento Urbano Popular Convoca a todo el Pueblo de México y a las organizaciones democráticas del país a continuar con la lucha hasta conseguir que la Nueva Ley de Vivienda responda a los intereses reales del Pueblo y no a los intereses de las grandes inmobiliarias.

Asimismo, mantenemos nuestra exigencia para que la Ley Orgánica de la Sociedad Hipotecaria Federal sea derogada, ya que la misma privilegia la inversión de las grandes inmobiliarias, ofreciendo viviendas con condiciones financieras totalmente desventajosas, situación que ya está llevando a miles de familias al ahogamiento económico, al tiempo que impulsa la bursatilización de las carteras de vivienda, lo que significa un atentado contra el derecho humano a la vivienda

*¡NO A LA PRIVATIZACIÓN DEL AGUA!*

En abril del 2004 se aprobó la Ley de Aguas Nacionales, con esta nueva ley se han abierto las puertas de la privatización del vital liquido. Si bien es cierto que las diferentes formas de intervención privada (concesión, permisos administrativos, contratos por obra o tiempo determinado, reglamentos de inversión, etc.) se han aplicado desde antes de la aprobación de esta nueva ley, es con esta con la que ahora se enmarca dentro de la legalidad, las posibilidades de ceder totalmente la "explotación, uso y aprovechamiento de las aguas nacionales del subsuelo incluso las que hayan sido libremente alumbradas y las superficiales" (art. 6 de la Ley de Aguas Nacionales).

Aunque México forma parte del pacto por los derechos sociales, económicos y culturales de la ONU y este pacto observa en su artículo 11 que el agua se asume como un derecho humano y no como un bien mercantil, el gobierno mexicano junto con las grandes trasnacionales del agua insiste en ver primero las ganancias alrededor de los servicios hidráulicos en el país.

Ahora el Congreso se prepara para revalorar algunas modificaciones a esa ley aprobada en el 2004, con el análisis y aprobación de una nueva iniciativa que, a ojos vistos, pretende eliminar barreras que pudieran ser interpretadas en la ley del 2004 para ensanchar el camino privatizador.

Como se sabe del 16 al 22 de marzo del 2006 se llevará a cabo el IV FORO MUNDIAL DEL AGUA, convocado por el Consejo Mundial del Agua, afín a las grandes trasnacionales del agua, ahí estará siendo analizada la nueva ley y seguramente se escucharan sugerencias para asegurar la inversión privada en explotación, uso y aprovechamiento del liquido en nuestro país. Esto si el pueblo de México se los permitimos,

*¡POR EL DERECHO HUMANO A LA VIVIENDA A RANGO CONSTITUCIONAL!*
*¡POR UN PRESUPUESTO DEL 6% DEL PIB PARA VIVIENDA!*
*¡POR LA DEROGACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA DE LA SHF!*
*¡POR UN PRESUPUESTO DE CARÁCTER SOCIAL!*
*¡POR LA UNIDAD DE TODO EL PUEBLO!*

MOVIMIENTO URBANO POPULAR

Noviembre 8 de 2005.