A más de una semana de la tragedia provocada por la tormenta Stan, cientos de comunidades afectadas directa e indirectamente siguen sin ser atendidas por las autoridades. Plataforma Agraria reconoce los esfuerzos de la población para atender las necesidades inmediatas de algunas personas damnificadas, a pesar que esta tarea le corresponde constitucionalmente al Estado.

Mujeres y hombres de las comunidades de Unión Victoria, Chimaltenango; El Triunfo y Tesorito, Retalhuleu; y San Martín Sacatepéquez, Quetzaltenango, denunciaron que la ayuda empezó a disminuir, centralizarse y entregarse anteponiendo intereses políticos. A comunidades de Retalhuleu, Chimaltenango y Sololá se les ha negado la asistencia alimentaria con la excusa de no estar severamente afectadas. En general, la situación que viven hoy miles de familias indígenas y campesinas pobres no está reflejada en los informes oficiales del gobierno.

Estas acciones ponen en peligro la sobrevivencia de las personas que perdieron todo y de aquéllas que sin haber vivido una situación caótica empiezan a padecer la falta de alimentos y servicios básicos. Es urgente que el gobierno viabilice y garantice la asistencia sostenida, atienda a los damnificados de acuerdo a sus principales necesidades y reconozca la organización establecida en las comunidades a través de los comités de emergencia, con participación civil genuina, para minimizar el manejo político.

Plataforma Agraria demandó desde hace dos años un plan de emergencia por la crisis del café para atender las áreas dañadas por la tormenta Stan. Esta propuesta es aplicable a las tareas que requerirá la reconstrucción de hoy: recapitalizar las economías campesinas, reasentar a las familias damnificadas dotándolas de tierras dignas para vivir y producir, construir viviendas, reconstruir el ambiente, proteger áreas de riesgo y habilitar caminos rurales. Previo a la reconstrucción deben realizarse estudios y evaluaciones que establezcan la seguridad de los terrenos.

Plataforma Agraria exige al gobierno dirigir la atención hacia las poblaciones campesinas e indígenas más afectadas, pues las áreas más damnificadas son las regiones rurales y pobres del país. Rechaza cualquier intento que busque priorizar la ayuda al sector agroexportador o para el reestablecimiento de las grandes vías de comunicación. Poner en el centro los derechos sociales, económicos y culturales de ciudadanos y ciudadanas es una obligación del Estado guatemalteco.

Guatemala, 14 de octubre de 2005