Desde el 23 de agosto de 2005, 11 de los principales dirigentes campesinos de la región del Bajo Aguán, en el norte de Honduras, tienen órdenes de aprehensión y están en peligro de ser capturados por la fuerza de la seguridad pública. Junto con otros 151 campesinos y campesinas de ocho grupos están procesados con acusaciones criminales, cuando su única lucha es la promoción de la Reforma Agraria y la realización de su derecho a alimentarse.

Es urgente en este momento, hacer llegar al Presidente de Honduras la preocupación internacional por la criminalización de la lucha campesina en el Bajo Aguán. Por favor, envíe copias de su escrito al Ministro-Director del Instituto Nacional de Reforma Agraria, y a la oficina de la Vía Campesina en Honduras.

Antecedentes

La región norteña de Honduras del Bajo Aguán es una zona de alta conflictividad agraria. Existen muchos conflictos por la tierra entre campesinas y campesinos por un lado y los terratenientes por el otro. La controversia principal entre las partes es sobre la implementación de la Reforma Agraria. Una de las formas cada vez más evidentes y preocupantes para detener la lucha campesina es la criminalización de sus líderes y liderezas.

Ultimamente, han sido procesados y tienen órdenes de captura 11 de los principales dirigentes campesinos y sociales de la región. Se trata de las siguientes personas: 1) Irene Ramírez, ex coordinadora del Movimiento Campesino del Aguán, afiliado a la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC); 2) Isau Escobar, secretario de finanzas de la CNTC, regional de Colón, coordinador del Movimiento Campesino de Rigores; 3) Esly Banegas, coordinadora de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA), afiliada al Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional Agrario (SITRAINA); 4) Mario López, secretario de educación del SITRAINA, capacitador de Reforma Agraria del Instituto Nacional Agrario; 5) Fabio Ochoa, secretario de organización departamental del Partido Unificación Democrática (UD), y candidato a diputado al Congreso Nacional por el Departamento de Colón; 6) Adolfo Cruz Ruiz, coordinador del Movimiento Campesino del Aguán, afiliado a la CNTC; 7) Juan Ramón Corrales, secretario de educación de la CNTC, afiliado al Movimiento Campesino de Rigores; 8) Carlos Maradiaga, secretario general de la CNTC, regional de Colón; 9) Clemente Brizuela, vocal tres de la Federación de Cooperativas de la Reforma Agraria de Honduras (FECORAH), vicepresidente de la Cooperativa Agropecuaria Limitada JERICÓ; 10) Cruz Serrano Cortés, ex presidente de la Empresa Asociativa Campesina Primero de Octubre, actualmente afiliado al Movimiento Campesino de Rigores; 11) José Soto, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, trabaja para el Centro Técnico San Alonso Rodríguez como Apoderado Legal del Movimiento Campesino del Aguan, Movimiento Campesino de Rigores y otros grupos campesinos que afrontan conflictos agrarios en la región.

Además, otros 151 campesinos y campesinas entre ellos dirigentes de bases campesinas afiliados al Movimiento Campesino de Rigores; a la Empresa Asociativa Campesina (EAC) Sohan y Montefresco; a la EAC Nueva Generación No.2; a la EAC Iriona Puerto; a la EAC Brisas del Mar Tres; al Movimiento Campesino del Aguán; a la Cooperativa Jérico; y a la EAC Fuerzas Unidas han sido procesados por supuesta usurpación de tierras y otros supuestos delitos relacionados.

FIAN y Vía Campesina han observado y estudiado la situación de varios conflictos vigentes en el Aguán, en particular los casos de "Rigores", la "1 de octubre", "Jericó" y del antiguo Centro Regional de Entrenamiento Militar CREM, y han compartido en numerosas ocasiones con las autoridades de Honduras sus observaciones y preocupaciones al respecto. De ahí también concluyen en el criterio, no se han resuelto estos casos por la ausencia de una política de tierras que implemente el mandato constitucional de la Reforma Agraria. La falta de resolución, la agudización y escalación de conflictos agrarios, que se evidencian también en otras regiones del país, se deben en primer lugar a que el gobierno actual no ha dado respuesta a una de las cuestiones más urgentes del país.

El mandato de la Red de Emergencia

Honduras es Estado parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), como también del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) de las Naciones Unidas. Por lo tanto, toda autoridad debe respetar, proteger, y garantizar estos derechos, en particular los derechos a la alimentación, la vivienda, y la libertad de expresión y la integridad física. Recordamos que el art. 11 del PIDESC indica que la implementación de la reforma agraria es uno de los instrumentos básicos para garantizar el derecho a la alimentación.

En consecuencia, el Estado y todos sus órganos deben respetar, proteger y garantizar todos los derechos humanos. El intento de querer resolver conflictos agrarios por medio de la criminalización de los dirigentes es una violación del primer criterio, y además tampoco coadyuva a la solución, sino que lleva a la escalación de estos conflictos.

Fin de la línea de emergencia: 15 de noviembre de 2005

Direcciones:

Lic. Ricardo Maduro
Presidente de la República
Honduras, C.A.
Casa Presidencial
Tegucigalpa
Honduras, C.A.
FAX - 504/ 221-4597

Lic. Henry Francisco Acosta
Ministro-Director
Instituto Nacional Agrario
Col. Alameda, 4a Avenida
Entre 10 y 11 calle, #1009
Tegucigalpa
Honduras, C.A.
Fax: + 504 - 239-7398

Copias a:

La Vía Campesina
Att. Rafael Alegría
Secretaría Operativa
Apartado Postal 3628
Tegucigalpa
Honduras, C.A.
Tel/Fax: +504 232 2198

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Su Excelencia
Lic. Ricardo Maduro
Presidente de la República
Honduras, C.A.

Estimado Señor Presidente,

Por medio de este escrito, le manifiesto mi profunda preocupación por la criminalización y persecución de dirigentes campesinos y sociales en la región del Aguán, que hemos venido observando durante los últimos meses. En este marco, hago mención de los procesos criminales y órdenes de captura liberados el 23 de agosto de 2005 contra los siguientes 11 líderes sociales de la región: 1) Irene Ramírez, ex coordinadora del Movimiento Campesino del Aguán, afiliado a la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC); 2) Isau Escobar, secretario de finanzas de la CNTC, regional de Colón, coordinador del Movimiento Campesino de Rigores; 3) Esly Banegas, coordinadora de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA), afiliada al Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional Agrario (SITRAINA); 4) Mario López, secretario de educación del SITRAINA, capacitador de Reforma Agraria del Instituto Nacional Agrario; 5) Fabio Ochoa, secretario de organización departamental del Partido Unificación Democrática (UD), y candidato a diputado al Congreso Nacional por el Departamento de Colón; 6) Adolfo Cruz Ruiz, coordinador del Movimiento Campesino del Aguán, afiliado a la CNTC; 7) Juan Ramón Corrales, secretario de educación de la CNTC, afiliado al Movimiento Campesino de Rigores; 8) Carlos Maradiaga, secretario general de la CNTC, regional de Colón; 9) Clemente Brizuela, vocal tres de la Federación de Cooperativas de la Reforma Agraria de Honduras (FECORAH), vicepresidente de la Cooperativa Agropecuaria Limitada JERICÓ; 10) Cruz Serrano Cortés, ex presidente de la Empresa Asociativa Campesina Primero de Octubre, actualmente afiliado al Movimiento Campesino de Rigores; 11) José Soto, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, trabaja para el Centro Técnico San Alonso Rodríguez como Apoderado Legal del Movimiento Campesino del Aguan, Movimiento Campesino de Rigores y otros grupos campesinos que afrontan conflictos agrarios en la región.

Además, quiero manifestar mi preocupación por el hecho de que otros 151 dirigentes campesinos y campesinas afiliados al Movimiento Campesino de Rigores; a la EAC Sohan y Montefresco; a la EAC Nueva Generación No.2; a la EAC Iriona Puerto; a la EAC Brisas del Mar Tres; al Movimiento Campesino del Aguán; a la Cooperativa Jérico; y a la EAC Fuerzas Unidas han sido procesados por supuesta usurpación tierras y supuestos otros delitos relacionados.

Honduras es Estado parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), como también del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) de las Naciones Unidas. Por lo tanto, toda autoridad debe respetar, proteger, y garantizar estos derechos, en particular los derechos a la alimentación, la vivienda, la libertad de expresión y la integridad física. Recordamos que el art. 11 del PIDESC indica que la implementación de la reforma agraria es uno de los instrumentos básicos para garantizar el derecho a la alimentación. Por lo tanto, le solicitamos, Sr. Presidente, adoptar las medidas apropiadas e inmediatas para:

* buscar resoluciones adecuadas a los conflictos agrarios de la región del Aguán, respetando los derechos humanos, el mandato constitucional de la Reforma Agraria, y basándose en un diálogo abierto con las organizaciones campesinas;

* detener cualquier intento de criminalización, persecución política y de hostigamiento en contra de dirigentes campesinos y sociales, en particular de los 162 dirigentes arriba indicados.

Atentamente,