Los recientes anuncios de que las negociaciones del TLC terminarán este año, no importa cómo, llevan al autor a reflexionar sobre el modo en que se ha llevado el proceso y sobre sus implicaciones para la economía colombiana.

La reciente ronda de negociaciones en la ciudad de Cartagena tuvo como resultado el anuncio oficial de que, vayan como vayan las negociaciones, terminarán a finales de año. Es una reacción lógica ante el anuncio imperioso de los negociadores norteamericanos, quienes al finalizar las negociaciones en Cartagena expresaron que el TLC con los países andinos debe a toda costa cerrarse antes de finalizar el año, cuando el ambiente político tanto en los países andinos como en los Estados Unidos tiende a dificultarse por el ambiente electoral.

El comunicado expedido por la Casa de Nariño el pasado 22 de septiembre afirma que en octubre deberán cerrarse las negociaciones, y mientras el gobierno hace estos anuncios, son más y más los sectores que se sienten inconformes con la manera en que el equipo negociador y el gobierno han manejado los hilos de la negociación.

Y ahora a ello hay que sumarle que en la últimas semanas desde distintos sectores, todos ellos a favor de la negociación, se clama por introducir el componente político, que no es otra cosa sino tomar medidas draconianas sobre los intereses de los distintos sectores conflictivos (agricultura, acceso a mercados y propiedad intelectual) que permitan desentrabar la negociación en estos temas y lograr un texto final.

En otras palabras, se está clamando porque Colombia y los países andinos cedan totalmente a las presiones norteamericanas en estas materias, sobre puntos que el equipo de Regina Vargo (jefe de los negociadores norteamericanos) ha insistido desde el principio que son líneas sobre las cuales no se retrocederá: extensión de los derechos de patentes, no negociación de medidas sanitarias y fitosanitarias -que en la práctica limitan el acceso real a mercados- y finalmente, la no negociación de los subsidios agrícolas en el marco del TLC sino en el de la OMC.

Sin embargo, a pesar de los afanes de los negociadores de uno y otro lado, a la negociación le faltan varias pruebas. No es desconocido que en Estados Unidos hay un ambiente adverso frente a la firma de nuevos tratados luego del desgaste del gobierno Bush con CAFTA. En los países andinos, por otra parte, la situación para el tratado no es la mejor: hay que tener en cuenta la baja popularidad de Toledo en Perú y la creciente oposición a sus medidas, en Ecuador la inestabilidad política y el limitado margen de acción que tiene el actual gobierno que enfrenta la constante presión de los campesinos mayoritariamente indígenas y de grupos crecientes de la población, y finalmente que en Colombia, donde en el campo del TLC pueden jugarse en buena medida las posibilidades de reelección de Álvaro Uribe, éste ya no solo tiene que enfrentar los ataques de la oposición, sino capotear con el descontento de un número creciente de gremios de la producción (principalmente de la SAC) a los que no ha podido convencer de las “bondades” de la quiebra del agro contempladas en lo que va negociado del tratado.

En fin, en el TLC no solo se están jugando las cartas políticas sino también las garantías para la supervivencia de varios sectores económicos para los cuales el TLC más que una oportunidad es una amenaza. La lista de opositores tiende a aumentar peligrosamente si se aprueban las propuestas norteamericanas sobre importación de bienes usados y remanufacturados, si se amplían de manera efectiva las garantías de propiedad intelectual en el sector farmacéutico y agrícola que, de acuerdo con varios análisis técnicos y académicos, implicarían un sobrecosto en medicamentos y alimentos, y si Colombia y los otros dos países andinos en la negociación no logran desempantanar lo respectivo a las barreras no arancelarias.

Pero en Colombia tendrá que atravesar otra prueba: el análisis sobre la constitucionalidad del tratado que tendrá que realizar la Corte Constitucional, lo cual no es un escollo fácil de superar para el gobierno.

Las preguntas ante la “inminente” culminación del tratado son: ¿será suficiente la “popularidad” de Álvaro Uribe para lograr convencer al país de que la ruina del aparato productivo de la nación es buena para el desarrollo económico? ¿Tendrá la maquinaria uribista la fuerza suficiente para imponer en los debates en el Congreso una ratificación del tratado teniendo en cuenta que en el mismo Parlamento el TLC tiene muchos opositores reales y otros que surgirán al calor de la deliberación y de las campañas políticas? Y finalmente ¿podrá la Corte Constitucional avalar un tratado en el cual se limita la posibilidad de millones de colombianos de acceder a medicamentos y alimentos baratos y de calidad?

Las respuestas no son claras hasta el momento, pero si hay que anotar algo es que los anuncios de victoria de los negociadores colombianos se hacen más discutibles en la medida es que hasta el mismo equipo ha tenido fuertes divergencias que han salido a la opinión pública y que dejan en evidencia que hay entre los negociadores posiciones encontradas.

Lo que queda claro es que las siguientes rondas de negociación serán las de la capitulación total, ante la intransigencia de las propuestas de los norteamericanos y la debilidad y la identificación de buena parte del equipo negociador con los intereses de la contraparte. Eso hace que sea muy difícil que el TLC traiga verdaderas oportunidades y ventajas para Colombia. Por el contrario, el cielo se llena de oscuros nubarrones para la economía nacional.

- Jairo Alonso Bautista, contador público Universidad Nacional. Fuente: Actualidad Colombiana, Edición 416 http://www.actualidadcolombiana.org