Sin haber sido aprobado, el Tratado de Libre Comercio (TLC) con EEUU es usado por 'inversionistas' para entablar una demanda millonaria ante el CIADI.

Amparándose en el acuerdo sobre inversiones que regula el Tratado de Libre Comercio con Canadá, y en un caso, también en el TLC con Estados Unidos, firmado por la administración Pacheco, pero que no ratificado por la Asamblea Legislativa, dos grupos de 'inversionistas' han presentado demandas contra Costa Rica por más de U$S 480 millones, a raíz de decisiones tomadas soberanamente por instituciones públicas nacionales. . En carta fechada el 6 de julio pasado, el ministro Manuel González explica que las denuncias contra el Gobierno de Costa Rica provienen, una, del ciudadano canadiense Charles Bergeron y otros, por el cierre de la casa de cambio Ofinter S.A., de los hermanos Villalobos, ocurrida en el 2002, y, otra, de la empresa canadiense Vannessa Ventures Ltd., que insiste en desarrollar un proyecto de minería a cielo abierto, en Las Crucitas, San Carlos, cuya concesión fue anulada por la Sala Constitucional.

En la demanda por el cierre de lo que llaman 'Conglomerado Financiero Mixto Villalobos', cuestionan las decisiones tomadas por el primer poder de la República -la Asamblea Legislativa-, el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República, las superintendencias generales de Entidades Financieras y de Valores, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, el Banco Central, los tres bancos públicos y la Policía, y acusan a estas instituciones de haber incurrido en 'negligencia en la protección de inversión extranjera' y por la 'aplicación de medidas equivalentes a la expropiación'.

Ambas -argumentan- constituyen 'violaciones' al 'Acuerdo entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de Canadá para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (Artículo XII- Solución de diferencias entre un Inversionista y la Parte Contratante Receptora)', que rige el capítulo sobre inversiones del TLC con Canadá.

Esta demanda contra el país es por U$S 203 millones 985 mil 145, más los intereses a partir del día de la notificación de la demanda, otros pagos que determine el tribunal, así como los costos del arbitraje.

En el caso de Vannessa Ventures Ltd. (Industrias Infinito S.A.), esta exige U$S 276 millones 'más los intereses compuestos, lo que incluye gastos adicionales por aproximadamente U$S 36 millones y ganancias perdidas por no menos de U$S 240 millones', en caso de que no se le autorice proseguir con el proyecto. Además, quiere cobrar los costos asociados con el proceso y 'el pago de una suma de compensación equivalente a cualquier impuesto que resulte como consecuencia del pago, con el fin de mantener la integridad del pago'.

La demanda es sustentada en el mismo acuerdo 'inversionista-Estado', que regula el TLC con Canadá.

Las dos acciones han sido presentadas ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), del Grupo Banco Mundial, entidad que, según explica el ministro González, 'se encuentra analizando ambas solicitudes de arbitraje y enviará a las partes una notificación del acto de registro.' (Ver también: '¿Quiénes defenderían a Costa Rica?')

Un orden supranacional

La demanda por el cierre de la casa de cambios Ofinter S.A., es particularmente ilustrativa de cómo en el marco de los acuerdos 'inversionista-Estado' de los TLC, la institucionalidad del país -incluida la Asamblea Legislativa, depositaria de la soberanía popular -, puede ser cuestionada desde el momento en que se acuerda someter las relaciones empresariales a un orden jurídico supranacional, en este caso a través del TLC con Canadá.

Y, por si esto no le funcionara, agrega: 'Costa Rica también ha firmado el CAFTA (Tratado de Libre Comercio Centroamericano), que provee su pre-consentimiento al arbitraje.'

Además, para incorporar a la demanda también a ciudadanos de otras nacionalidades, se apoyan en cláusulas similares del TLC con Panamá, del TLC que Costa Rica apenas planea firmar con Europa, y en un acuerdo de inversiones bilaterales que está en proceso de negociación con Suecia.

'Este caso nos muestra cómo serán las cosas si el TLC con Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos se aprueba. El régimen inversionista-Estado del tratado dice claramente que cuando exista un diferendo entre estas partes, el inversionista puede llevar al Estado a un tribunal arbitral internacional. En estos procesos se puede cuestionar cualquier tipo de decisión o legislación nacional cuando sientan que sus intereses se ven afectados con el argumento de trasladar discusiones nacionales a esferas privadas que sesionan fuera de nuestro país', dijo Isaac Rojas, presidente de FECON, en un comunicado.

'En el capítulo sobre inversiones del TLC, el país da su consentimiento a priori para ir a un arbitraje cada vez que un inversionista lo pida. De esta manera, se niega y se renuncia, de antemano, a la jurisdicción nacional. Con esto también se niega la esencia de la resolución alternativa de conflictos, que implica la decisión voluntaria de someterse a un arbitraje. Con estos tratados, Costa Rica queda obligada de antemano'.

Son decenas las áreas de la vida nacional que no se encuentran adecuadamente reguladas, con lo cual al calor de los capítulos 'inversionista-Estado' de los TLC, el país corre el riesgo de convertirse en presa fácil para los 'inversionistas y abogados tiburones'.

En la misma demanda, al Ministerio Público y a la Procuraduría, los acusan de 'violar las leyes costarricenses, abuso de poder, actos discriminatorios, violación del debido proceso, obstrucción de la justicia y de la transparencia, intimidación de reclamantes, el monto del efectivo confiscado terminó siendo el efectivo que estas instituciones dijeron que era.' Es decir, se cuestiona la idoneidad y legitimidad misma de las instituciones.