1.                 
Introducción
El objetivo de
este capítulo es analizar las estrategias de los gobiernos de
Estados Unidos; Canadá y México en torno a las
negociaciones del Acuerdo de Libre Comercio de las Américas
(ALCA), con el cual se pretende establecer una zona comercial única
en el continente americano.

Un
papel destacado en el análisis se asigna a la política
comercial de Estados Unidos, dado el papel hegemónico que
conserva este país en la economía y en el manejo de los
asuntos mundiales. El ALCA es uno más del conjunto de
instrumentos que utiliza Estados Unidos  para favorecer sus
intereses estratégicos nacionales y los de sus corporaciones
en un mundo crecientemente globalizado. Con el ALCA se busca extender
al conjunto de América Latina el modelo de integración
profunda iniciado con el Tratado de Libre Comercio con Canadá
en 1989 y refrendado por el Tratado de Libre Comercio de América
del Norte (TLCAN), que entró en vigor en 1994. Se pretende
aherrojar a las naciones latinoamericanas dentro del  
marco de la globalización neoliberal e impedir que en los
países donde han triunfado electoralmente gobiernos de
izquierda, o en donde existen crecientes movimientos populares que
cuestionan el neoliberalismo como Bolivia o Ecuador, se lleven a la
práctica estrategias alternativas de desarrollo.
En
el apartado 2 se hace una breve presentación del estado actual
de las negociaciones en el seno del ALCA. En el apartado 3 se expone
la política comercial de Estados Unidos, en el 4 se exponen
algunos elementos  de la política comercial canadiense y
en el 5 se analiza la política de integración del
gobierno mexicano. En el apartado 6 se analizan los efectos
previsibles en la economía mexicana de la eventual aplicación
del ALCA.  Finalmente, en el apartado 6 se establecen algunas
conclusiones.

2.                 
El estado actual de las negociaciones en el ALCA
Las
negociaciones en el ALCA se encuentran paralizadas. La fecha límite
del 1 de enero de 2005 fijada para su conclusión, ratificada
durante la reunión ministerial de Miami en noviembre de 2003,
es ya una meta enterrada.
Es
cierto que el reunión ministerial de Miami de 2003 se
alcanzaron acuerdos mínimos para la continuación de las
negociaciones, en lo que ahora se califica como ALCA ligth o
ALCA a la carta, lo que permitiría negociar en dos
niveles de compromiso: un primer nivel de obligaciones aplicable a
todos los países y otro nivel de “beneficios y
obligaciones adicionales” para los países que acepten
llegar a compromisos mayores. Pero lo cierto es que el proceso
negociador está prácticamente suspendido. Sin embargo
la discusión del ALCA sigue siendo importante, porque a partir
de la firma del Tratado de Libre comercio entre Estados Unidos y
Centroamérica (CAFTA), Estados Unidos y las elites
latinoamericanas favorables al neoliberalismo puede ensayar de nuevo,
reactivar las negociaciones en el seno del ALCA.

Es
necesario reconocer, además, que el contexto mundial actual no
es el más apropiado para conseguir avances sustanciales en las
negociaciones multilaterales y regionales. El altermundialismo ha
ganado terreno, mientras que la opinión favorable respecto al
libre comercio y la integración lo ha perdido, como lo
evidencian encuestas realizadas en diversos países. El rechazo
de los votantes franceses y holandeses en los referéndum sobre
la Constitución europea, es una prueba palpable de que vastos
sectores de la población de esa región se oponen a los
esquemas neoliberales de integración. Los propios Estados
Unidos aunque tratan de mantener en pie las iniciativas
liberalizadoras, enfrentan problemas de política exterior más
acuciantes. El objetivo principal de la política
estadounidense en la hora presente es fortalecer la seguridad interna
y encontrar una salida de la guerra de Irak que le permita desplegar
sus esfuerzos estratégicos en Medio Oriente, pero que le evite
un empantanamiento militar “a la Vietnam”.

Las
diferencias en el seno del ALCA son de fondo, no de forma. Las
contradicciones principales se han dado entre Estados Unidos por una
parte, y el MERCOSUR por la otra, en particular con Brasil, Argentina
y Venezuela. El diferendo principal gira en torno a la eliminación
y/o disminución sustantiva de los subsidios y otras formas de
apoyo a la agricultura en los Estados Unidos, los cuales limitan el
acceso de los productos primarios latinoamericanos al mercado
estadounidense. Los miembros del MERCOSUR reclaman que este tema sea
discutido en el seno del ALCA, mientras que Estados Unidos quiere que
sea llevado a las negociaciones de la Ronda Doha de la Organización
Mundial de Comercio (OMC). En contrapartida, Estados Unidos insiste
en incluir en el ALCA temas como servicios, inversiones, propiedad
intelectual y compras gubernamentales, mientras que los miembros del
MERCOSUR se resisten  a aceptar su discusión si el asunto
de los subsidios agrícolas es excluido, y plantean que esos
temas sean trasladados también a las negociaciones en el
ámbito de la OMC.
En
realidad, esas disputas que aparecen formalmente como controversias
comerciales, revelan diferencias importantes en la concepción
que ambas partes tienen sobre los medios para conseguir el desarrollo
económico  y social de América Latina. Mientras
los Estados Unidos siguen sosteniendo que el libre comercio es
equivalente a crecimiento económico y progreso social [1],
Argentina, Brasil, Venezuela y Uruguay desde el triunfo electoral del
Frente Amplio, agrupación política de centro-izquierda,
intentan construir, bajo condiciones y procesos diversos, estrategias
alternativas de desarrollo, que se distancian del Consenso de
Washington, y las cuales, sin descartar la necesidad de integrarse en
el proceso de globalización, pretenden efectuar cambios en las
políticas económicas internas.
El
ALCA intenta trasladar y profundizar, hacia el conjunto de los países
americanos, el modelo del TLCAN, que se diferencia de los acuerdos
clásicos de libre comercio en dos aspectos principales: en la
inclusión de un capítulo sobre inversión
extranjera; y en establecer una nueva forma de gobernabilidad de los
diferendos por encima de los estados nacionales (Brunelle, 2004). El
TLCAN y eventualmente el ALCA si se firma en sus parámetros
actuales, son acuerdos de integración profunda (deep
integration), que se caracterizan por la creación de un
espacio económico integrado, mediante la liberalización
comercial pero sobretodo mediante la libre operación de la IED
y del capital financiero (Deblock, Brunelle y Rioux, 2003).

El
modelo TLCAN reproducido y ampliado en el ALCA, aparte de los
principios de trato nacional y de nación más
favorecida, establece el compromiso de los países de no fijar
normas de comportamiento a la inversión extranjera directa
(IED), lo que limita seriamente la aplicación de políticas
industriales en los países receptores de esa inversión.
Además a diferencia de la Unión Europea (UE), ni el
TLCAN ni el ALCA establecen instrumentos concretos para el
tratamiento de las asimetrías ni mecanismos institucionales de
cooperación y convergencia. 
Los
países del MERCOSUR parecen decididos a no negociar el ALCA
bajo los parámetros del modelo TLCAN. Es cierto que el
MERCOSUR como acuerdo de integración se encontraba en crisis,
desde la devaluación de la moneda brasileña y
posteriormente con la debacle de Argentina en el 2000. La
instauración de un arancel exterior común para
constituirse como unión aduanera había fracasado y el
comercio intrarregional se vio frenado por la crisis y los problemas
monetarios de sus principales socios (Katz, 2002). Sin embargo, a
partir del ascenso al poder de Lula en Brasil y  de Kirchner en
Argentina, el MERCOSUR se ha fortalecido como instancia política
y como mecanismo de negociación dentro del ALCA. En octubre de
2003, Brasil y Argentina firmaron el llamado Consenso de Buenos Aires
(Revista la Onda Digital, 2003),  donde manifiestan su intención
de impulsar un modelo de desarrollo y aplicar políticas
públicas, en las que se asocien el crecimiento, la justicia
social y la dignidad de los ciudadanos. En cuanto al MERCOSUR, en esa
declaración afirman:

“Ratificamos
nuestra profunda convicción de que el MERCOSUR no es sólo
un bloque comercial, sino que constituye un espacio catalizador de
valores, tradiciones y futuro compartido. De tal modo, nuestros
gobiernos se encuentran trabajando para fortalecerlo a través
del perfeccionamiento de sus instituciones en los aspectos
comerciales y políticos y de la incorporación de nuevos
países.  Entendemos que la integración regional
constituye una opción estratégica para fortalecer la
inserción de nuestros países en el mundo, aumentando su
capacidad de negociación. Una mayor autonomía de
decisión nos permitirá hacer frente más
eficazmente a los movimientos desestabilizadores del capital
financiero especulativo y a los intereses contrapuestos de los
bloques más desarrollados, amplificando nuestra voz en los
diversos foros y organismos multilaterales”.

La
posición de los gobiernos del MERCOSUR frente al ALCA refleja
en el fondo, cambios en los “bloques de poder” de los
países del Cono Sur. Están en juego no sólo los
intereses de los grandes productores agropecuarios que consideran los
subsidios agrícolas como un obstáculo mayor para el
acceso de sus productos al mercado estadounidense, sino también
los intereses de sectores de la industria nativa que buscan el
fortalecimiento de los mercados internos y que ven en la libre acción
de las ETN globales en sus países, una amenaza para su
sobrevivencia. El canciller brasileño Celso Amorín
(citado por Vigevani y Passini: 2) expresa claramente  el tipo
de intereses que están en la balanza y las diferencias que
existen entre la posición de Brasil y la de otros países
latinoamericanos:
“El
gobierno anterior –afirma- decía que ellos iban a
negociar el ALCA y cuando se llegara al final, si fuera bueno, la
gente lo suscribiría. Nuestro análisis es que al final
usted acaba suscribiendo un acuerdo que puede ser desfavorable (...)
Brasil tiene necesidad de una política industrial, una
política tecnológica, una política que pueda
hacer si es necesario, con cierto grado y en sentido positivo, una
discriminación en algunos sectores a favor de la industria. Y
si usted acepta una política de inversión (como la del
ALCA), de política gubernamental de compras, ya será
más difícil. La misma cosa en el área de
servicios. Podemos hasta discutir servicios bilateralmente con
Estados Unidos, pero dentro del marco de la OMC”
Un
año más tarde, el 8 de diciembre de 2004, los gobiernos
del MERCOSUR y  del Pacto Andino (Perú, Colombia,
Ecuador, Bolivia y Venezuela) más Chile,  Guyana y
Surinam se reunieron  en la ciudad de Cusco, Perú, y
decidieron crear la Comunidad Sudamericana de Naciones, con el
objetivo de construir un espacio económico integrado en
América del Sur. [2]
Más allá de la viabilidad económica de este
proyecto, resulta interesante subrayar el hecho de que hayan
coincidido en un esfuerzo común los países del MERCOSUR
con los gobiernos de Colombia, Perú, Ecuador y Chile que
generalmente mantienen posiciones más cercanas al gobierno
Estados Unidos en los diferentes foros y asuntos internacionales,
incluyendo al ALCA. Por su lado, el gobierno de Venezuela ha estado
promoviendo diversas iniciativas, tales como el la Alternativa
Bolivariana (ALBA), firmada con el gobierno de Cuba, como mecanismo
de integración opuesto al ALCA, la creación con varios
gobiernos latinoamericanos de TELESUR, medio masivo de comunicación
con proyección latinoamericana, y el establecimiento de una
empresa multinacional de energía con las empresas estatales de
Brasil y Argentina.

3.                 
La política comercial estadounidense
Desde
el fin de la Segunda Guerra Mundial hay una continuidad en la
política comercial estadounidense. Esta consiste favorecer el
libre comercio, así como los valores de la libertad económica
y de la democracia representativa. El liberalismo comercial - que ha
sido enarbolado a lo largo de la historia del capitalismo industrial
por las  potencias hegemónicas, como fue el caso de Gran
Bretaña durante la fase libre competitiva - era muy ventajoso
para Estados Unidos en el mundo bipolar de la posguerra donde ellos
asumían el liderazgo no solamente del llamado “mundo
libre”, sino de éste frente al “socialismo real”.
Las empresas transnacionales (ETN) estadounidenses estaban en
condiciones al término del conflicto de proyectar sus
capitales por todo el mundo, ya no sólo su patio trasero
latinoamericano, el cual había sido su campo preferente
hasta entonces.[3]

La
política comercial estadounidense ha estado profundamente
imbricada con la defensa del multilateralismo como la mejor vía
para alcanzar el libre comercio, mediante la adhesión a los
principios de nación más favorecida, trato igualitario
y reciprocidad comercial (Deblock, 2004). El objetivo multilateral se
ha reforzado con la globalización, ya que las empresas
transnacionales estadounidenses, así como las de la Tríada,
reclaman la libre operación de sus capitales  en todo el
mundo de acuerdo con reglas definidas universalmente (Guillén,
2005).  

El
ascenso al gobierno de George Bush II y del grupo neoconservardor del
que forma parte, significó un cambio importante en la
estrategia geopolítica estadounidense. El objetivo principal
de ésta  es que Estados Unidos consolide su posición
hegemónica y que el siglo XXI sea un nuevo siglo americano. La
nueva estrategia fue presentada oficialmente como Estrategia de
Seguridad Nacional para los Estados Unidos, el 17 de septiembre
de 2002, poco antes del inicio de la ocupación de Irak. 
Este documento establece los principales objetivos de la estrategia
estadounidense, entre los que destacan: extender el modelo
globalizador neoliberal a todo el mundo aprovechando la supremacía
militar indiscutible que mantiene en el mundo; enfrentar al
terrorismo internacional en cualquier parte donde se encuentre o sea
protegido por gobiernos aliados, mediante una estrategia preventiva,
la que Estados Unidos aplicará unilateralmente, de ser
necesario; y evitar la emergencia de nuevas superpotencias capaces de
cuestionar la hegemonía de Estados Unidos, por lo que se debe
preservar la OTAN como el principal instrumento de defensa del mundo
occidental e impedir que la Unión Europea construya un
mecanismo autónomo de defensa. 

Desde
el punto de vista de la política comercial - dentro de la
nueva estrategia geopolítica que la administración Bush
probablemente mantendrá durante su segundo periodo - el
principal cambio ha consistido en vincular las negociaciones
comerciales con la política de seguridad nacional e
internacional frente al terrorismo,  manteniendo la bandera del
libre comercio y de la “democracia” como el camino más
seguro para alcanzar el