Indígenas, jóvenes, mujeres, activistas ecologistas y humanitarios aspiran a que su participación en el debate previo a la IV Cumbre de las Américas no sea estéril y se plasme en los documentos que firmarán los presidentes del continente. Pero oscilan entre las dudas y el escepticismo.

Tras una docena de reuniones sectoriales celebradas en los últimos meses, las organizaciones no gubernamentales (ONG) presentaron esta semana una serie de recomendaciones a los delegados gubernamentales, reunidos en Buenos Aires para terminar de elaborar los documentos que rubricarán los jefes de Estado en la cumbre del 4 y el 5 de noviembre.

Las recomendaciones fueron elaboradas después del Foro Regional con la Sociedad Civil, el martes y el miércoles, y se entregaron el jueves a la penúltima reunión del Grupo de Revisión e Implementación de Cumbres en la sede de la cancillería argentina.

Una amplia variedad de grupos estuvo representada en el foro en cuestiones de género, ambiente, juventud, movimientos indígenas, derechos humanos y de ciudadanía de todos los países del hemisferio.

Los resultados de todo ese proceso están ahora en manos de los representantes gubernamentales, mientras las organizaciones oscilan entre expectativas modestas y escepticismo.

"Hay quienes no creen que la sociedad civil pueda incidir en las negociaciones sobre la agenda hemisférica y hay quienes tenemos dudas", dijo a IPS Javier Mujica, de la Coordinación Nacional de Derechos Humanos de Perú.

"Trabajamos a ciegas, con una versión vieja de la declaración y sin el borrador del plan de acción que están discutiendo los gobiernos. Si hay voluntad de ser coherentes con los principios de transparencia y acceso oportuno a la información, deberían divulgar esos documentos", reclamó..

La cumbre se celebrará en la ciudad argentina de Mar del Plata, 400 kilómetros al sur de la capital, bajo el lema "Crear trabajo para enfrentar la pobreza y fortalecer la gobernabilidad democrática", y concluirá con la firma de una declaración y un plan de acción.

La puja principal entre los gobiernos obedece a los caminos para alcanzar las metas. Unos pocos países, liderados por Estados Unidos, defienden la promoción del modelo de libre comercio que imperó en los años 90, y otros, encabezados por Argentina, dudan que esas políticas hayan beneficiado a la región.

Ante este debate, las organizaciones, que en su gran mayoría critican el modelo neoliberal, se manifiestan de manera fragmentada y dispersa. De hecho, algunas intervinieron en los debates, y muchas otras se manifiestan fuera de este marco.

Este último es el caso de la coalición de movimientos sociales, estudiantiles, sindicales y partidos de izquierda cuyas acciones ante la cumbre se limitan a rechazar la participación del presidente de Estados Unidos, George W. Bush.

Sentados a una mesa amplísima en un salón del Palacio San Martín, sede de la cancillería argentina, los representantes de los gobiernos escucharon atentamente el jueves los señalamientos de las organizaciones.

En los documentos no puede faltar una crítica al modelo económico que imperó en los años 90 en la región. "Hay que hacer explícito que ese modelo fracasó" y relacionar el aumento de la pobreza y del desempleo con la apertura de la economía, las privatizaciones y la desregulación de los mercados, dijeron las ONG.

También pidieron una definición clara, con más contenido, del concepto de "empleo decente", y cuestionaron la expresión "clima de inversiones" por considerar que puede perseguir la búsqueda de "garantías indiscriminadas a la inversión extranjera".

En su lugar, sugirieron referirse a la necesidad de alentar "inversiones consistentes con la ampliación y el fortalecimiento del mercado interno".

No faltaron reclamos sobre equidad de género en las políticas de empleo, ni advertencias sobre la necesidad de atender el desarrollo de pueblos indígenas, afrodescendientes y jóvenes. Estos asuntos están en el borrador de la declaración, pero mencionados de modo "insuficiente", según los activistas.

En materia de "gobernabilidad democrática", los participantes del foro estiman imperativo reforzar la lucha contra la corrupción y fortalecer la justicia en todo el hemisferio, y, sobre todo, promover la participación ciudadana como garantía de contralor, a través del mejor acceso a la información.

Se reclamaron procedimientos más efectivos para que la participación de la sociedad civil en el proceso de las cumbres no sea una formalidad.

Pero las recomendaciones no recogieron completamente las críticas, la insatisfacción y el enojo expresados en los encuentros previos, en los que muchos participantes hablaron sobre la poca transparencia del debate gubernamental y los obstáculos para acceder al calendario de reuniones de la sociedad civil.

Cecilia Iglesias, de la Asociación Civil Red Ambiental de Argentina, dijo a IPS que con el foro se hizo "un simulacro de participación", y advirtió sobre el riesgo de que en los documentos finales los gobiernos retrocedan en compromisos ya asumidos en materia de desarrollo sustentable.

Moriana Hernández, del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, dio a IPS sus críticas porque no se divulgó el borrador del plan de acción. Esa es una manera de negar la participación concreta de la sociedad civil en las deliberaciones, dijo.

También protestó porque las organizaciones no tuvieron espacio para elegir a los relatores de los reclamos, que si bien pertenecen a la sociedad civil, fueron designados por los organizadores de la cumbre.

Estas críticas fueron reiteradas por otras ONG. "No conocemos a estos relatores", dijo Víctor Capitán, de la Organización Nacional de Pueblos Indígenas en Argentina.

La Secretaría de Cumbres de las Américas de la Organización de Estados Americanos designó a los relatores. Su director, Luis Alberto Rodríguez, dijo que las ONG podían elegir a quienes llevarían sus demandas ante los gobiernos, pero no se previó un espacio para efectuar esa votación.

IPS habló con uno de los relatores, Fabián Perechodnik, de la Asociación Conciencia de Argentina. "Es cierto que no se conoce el borrador del plan de acción, pero eso no nos impide hacer sugerencias de lo que debería decir ese documento", dijo en defensa de su labor de síntesis, criticada por las ONG.