De acuerdo con las informaciones recogidas desde varias fuentes entre ellas de comunidades, líderes indígenas y de la página web de la ACIN Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca Cxab Wala Kiwe, desde las 19:00 horas del día viernes 9 de septiembre, por orden presidencial se dio inicio al desalojo violento de los comuneros indígenas que se encuentran posesionados desde el día viernes 2 de septiembre en la finca “La Emperatriz” municipio de Caloto, reclamando su derecho a la tierra y a el cumplimiento de acuerdos firmados entre ellos y el Estado.

Desde el momento de la concentración de los indígenas en la finca “La Emperatriz”, la comunidad y sus autoridades han manifestado su voluntad de diálogo con las instituciones del Estado en procura de una solución urgente a la problemática de tierras vivida por sectores indígenas y campesinos del departamento del Cauca. En tal sentido, se realizó un encuentro entre delegados indígenas y representantes del gobierno central y departamental. Esta reunión, contó con la presencia del Viceministro del Interior Luis Hernando Angarita y Juan José Cháux Gobernador del Cauca; reunión en donde el primer acuerdo entre las partes fue el reconocimiento de cumplimientos parciales por parte del Estado de los acuerdos firmados desde hace más de 20 años.

Para las organizaciones integrantes de la Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca, resulta incomprensible que el Estado Colombiano argumente que continuará los procesos de diálogo sólo hasta tanto la comunidad abandone los terrenos en conflicto, pues sin estar ocupados durante 14 años y más el Estado ha sido indiferente con las reclamaciones de los pueblos indígenas.

De igual forma, se nota incoherencia en el discurso institucional al expresar que no acepta presiones para el diálogo y la concertación y procede al uso de la fuerza para solucionar conflictos sociales como el desalojo de las comunidades concentradas en la hacienda “La Emperatriz”, mientras sí entabla procesos de negociación con grupos armados responsables de crímenes de lesa humanidad como lo son los paramilitares.

Muestra también, el Gobernador del Cauca, parcialidad con la propiedad privada y desconocimiento de los derechos sociales y de la propiedad colectiva al expresar que los indígenas “….no pueden excluir al resto de la comunidad, ni a la economía caucana, ni afectar el crecimiento económico con los actos que están realizando” expresiones no compartidas por las comunidades y organizaciones campesinas que exigen en la actualidad una reforma agraria que beneficie a la mayoría de la población rural colombiana. En tal sentido, llamamos a los organismos de control para que investiguen al Gobernador por este tipo de expresiones que confunden a la opinión pública.

Producto de esta política estatal, la comunidad del resguardo de “Huellas” municipio de Caloto, reporta 21 heridos por ataques con armas de fuego, gases lacrimógenos, granadas y golpes. Cinco de los heridos se encuentran en estado de gravedad, y de 22 detenidos, 12 fueron dejados en libertad. Al parecer, entre los heridos se encuentra un menor de 14 años con lesiones graves. Se reporta igualmente, que los indígenas en su defensa detuvieron personal uniformado al cual en gesto humanitario se entregará a los organismos internacionales de derechos humanos.

Al momento de escribir este documento 11:40 a.m., se alerta desde la comunidad que mientras en el sitio del acto humanitario donde los indígenas entregarían al personal uniformado retenido, la represión estatal ha iniciado sus acciones en el sitio conocido como “El Guayabal” donde también se también se encuentran indígenas concentrados, reportando ya la existencia de personal herido por causa de los ataques de los uniformados.

Las organizaciones integrantes de la Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca, llamamos de forma urgente a los organismos humanitarios del orden nacional e internacional para que exijan del Gobierno Colombiano acatamiento de lo dispuesto en la Constitución Política y los protocolos internacionales de derechos humanos firmados por el Estado. Dichas exigencias deben mostrar la incoherencia gubernamental en el tratamiento de este conflicto pues, la responsabilidad directa son los incumplimientos permanentes de los acuerdos firmados y su rechazo al uso de la fuerza más cuando está utilizando procedimientos de guerra química y armas explosivas.

Por todo lo anterior, las organizaciones que integramos la Red, solicitamos que el apoyo y solidaridad se exprese enviando cartas al Presidente de la República y al Ministerio del Interior y de Justicia, extiendo cumplimiento de los acuerdos firmados con los sectores sociales del Cauca y concertación inmediata y garantías a los derechos humanos y constitucionales de las comunidades y organizaciones sociales movilizadas por el derecho a la tierra.

La Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca, al igual que los indígenas consideramos que defender la Madre Tierra es defender la vida.

Popayán, 10 de septiembre de 2.005.

Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca
CIMA – CRIC – ANUC U.R. -