Por el control ciudadano para la defensa de la vida y una América Latina libre
de agrotóxicos y de transigencias.

Las 77 organizaciones participantes en el Seminario Internacional sobre "Control
Ciudadano para la Fiscalización y reducción del uso de plaguicidas en América
Latina" convocado por la Alianza por una mejor Calidad de Vida de Chile, la Red de
Acción en Plaguicidas y sus Alternativas (RAPAL) y la Coordinadora
Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC), realizado del 25 al 27 de
mayo en Santiago de Chile, preocupados por los graves problemas ambientales y
sociales que afectan al agro Latinoamericano nos pronunciamos:

Que el incremento acelerado del uso de plaguicidas en la región, las políticas de
subsidio a favor del uso de estos insumos peligrosos y la falta de voluntad política de
los gobiernos por vigilar y hacer cumplir las normas que regulan el uso de
plaguicidas, está generando altas tasas de intoxicación en el mundo (tres millones
por año) y muertes de 25 personas por hora. A esta situación se suma la amenaza de
los cultivos transgénicos, que solo servirá para acelerar la perdida de la biodiversidad
y agudizar los desequilibrios en los ecosistemas. Consideramos que la aplicación de
estas tecnologías convencionales en la región tendrán repercusiones en la soberana
alimentaria de nuestros pueblos, por lo que demandamos a nuestros gobiernos lo
siguiente:

* Implementar una política agrícola y ambiental dirigida a la reducción y sustitución
del uso de plaguicidas químicos mediante: La promoción de ténicas
agroecológicas para el manejo de la sanidad vegetal; la prohibición de los
plaguicidas prohibidos en otros países o nunca registrados en el país y/o
donde se produce el ingrediente activo; y la eliminación de los subsidios
(incluidos excepciones arancelarias) a los agrotóxicos. Por el contrario se
debe estimular legal y financieramente a los insumos biológicos.

* Participar activamente en las negociaciones para lograr un Convenio
internacional para la eliminación de los Contaminantes Orgánicos
Persistentes (COPs) en nuestros países, contaminantes que incluyen plaguicidas
organosclorados, como el DDT productos químicos industriales y fuentes de
producción de dioxinas y furanos, por sus altos riesgos en la salud y el ambiente.

* Diseñar programas nacionales para la pronta eliminación del Bromuro de
metilo, que favorezcan la participación de organismos no gubernamentales para
aplicar métodos agroecologicos como alternativa a este destructor de la capa de
ozono.

* Rechazar el uso de los productos químicos en la erradicación de los cultivos
ilícitos, por que representan un peligro para los ecosistemas frágiles de la
amazonía y socialmente no han resuelto los problemas de las regiones
involucradas.

* Reconocer los derechos de la población al libre acceso de la información,
creando centros nacionales de información y documentación sobre
agrotóxicos.

* Propiciar una legislación que asegure la Evaluación de Impacto Ambiental de los
plaguicidas previo a su registro y comercialización.

* Establecer mecanismos institucionales que garanticen una participación efectiva de
los organismos no gubernamentales dedicados a la protección de la salud y medio
ambiente en las Comisiones Nacionales para la regulación de plaguicidas con voz y
voto, y asegurar la fiscalización gubernamental y ciudadana de las normas vigentes
de plaguicidas.

* Adoptar la declaración latinoamericana de Quito y acrecentar los esfuerzos por
lograr una moratoria en la investigación y liberación de organismos transgénicos
por los peligros que representan para la salud y los ecosistemas. Además de que su
uso incrementa el empleo de plaguicidas.

* Rechazar la posición adoptada por los representantes de los gobiernos de Chile,
Argentina y Uruguay en las negociaciones del Protocolo de Bioseguridad, de
unirse al llamado grupo de Miami porque permite la expansión de los cultivos
transgénicos favoreciendo así a unas cuantas transnacionales, y realizar una
consulta amplia y plural sobre el tema para definir una política preventiva que
proteja la biodiversidad y la salud de la población.

* Ratificar y cumplir los convenios de la Organización Internacional de Trabajo que
aseguran la protección de los derechos de los trabajadores agrícolas, mujeres,
niños y pueblos indígenas.

* Frente a los Tratados de libre comercio en la región de las Américas es necesario
promover el comercio alternativo ambientalmente amigable y socialmente
justo.

* De igual manera, exigir transparencia y participación ciudadana para evitar que los
normas nacionales de plaguicidas sean debilitados a través del proceso de
armonización. Por el contrario este proceso debe conducir la reducción de uso de
plaguicidas.

* Demandar a nuestros gobiernos políticas agrícolas que promuevan el desarrollo de
la agricultura sostenible y el desarrollo de tecnologías agroecológicas en cada uno
de los pases.

Organizaciones firmantes:

Alianza para una mejor Calidad de Vida/Red de Acción en Plaguicidas de Chile, Red
de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas de América Latina (RAPAL),
Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC)

Santiago, 27 de mayo de 1999