Introducción

El documento Alternativas para las Américas que contiene la respuesta de la Alianza Social Continental a la propuesta del ALCA es producto de una elaboración colectiva de los movimientos sociales y de intelectuales que, en un proceso largo y complejo se preocuparon de establecer por consenso una formulación positiva de organización social y de relaciones internacionales. Se trata de, partiendo de una critica de la propuesta neoliberal, presentar la alternativa de los movimientos sociales. El punto de partida es que los acuerdos comerciales, las exportaciones o los flujos de capital no pueden asegurar el desarrollo. En el campo de las relaciones internacionales se trata de establecer el marco internacional necesario para que se puedan promover políticas nacionales de desarrollo.

No es una alternativa basada en acuerdos de libre comercio, es la propuesta de construir una nueva sociedad que realice acuerdos internacionales basados en la reciprocidad, el mutuo beneficio, la soberanía nacional, la defensa del mercado interno y el respeto y preservación de los derechos fundamentales. Nuestro objetivo es formular “una propuesta integral para una visión alternativa del desarrollo equitativo y sustentable de nuestras sociedades”.

Se incluyen definiciones de largo plazo que implican profundos cambios sociales y sobre todo la transformación del Estado pero también reivindicaciones inmediatas, exigencias a los gobiernos y formulaciones que son parte de la lucha cotidiana de los pueblos. Esta es una propuesta viva que se continuará enriqueciendo con el desarrollo de la lucha popular y recogiendo las decenas de experiencias de los pueblos americanos.

El documento Alternativas para las Américas puede leerse desde diferentes ángulos: como el conjunto de demandas de los movimientos sociales, como la precisión de los derechos fundamentales que se reivindican, como una contrapropuesta a los temas que se incluyen o se omiten en la negociación de los Tratados de Libre Comercio. Alternativas presenta en todos estos campos formulaciones precisas, sustentadas y basadas en la experiencia y en la evidencia empírica, rigurosamente documentada.

De la asimetría a la dominación

Alternativas establece la propuesta de construir una sociedad diferente y un acuerdo entre todos los países de América. Sin embargo es necesario no olvidar el particular papel de Estados Unidos cuya comparación con los demás países no se limita a las asimetrías en niveles de desarrollo sino que es el centro de las principales multinacionales, del capital financiero y a su vez una potencia global que ejerce una dominación política, económica y militar sobre el continente que puede llamarse sin dudas imperialista. Aunque esto tiene diferente grado y profundidad en los diferentes países y algunos pugnan por romper esta situación o han dado pasos en escapar de ella, durante décadas esta ha sido una realidad que ha marcado el destino de los países americanos.

Es imposible plantear un desarrollo alternativo sin superar este obstáculo que impide la soberanía de los países que es la base de toda propuesta tanto de edificación de una nueva sociedad como de relaciones internacionales armónicas. La cúpula dominante en Estados Unidos es la principal beneficiaria de los Tratados de Libre Comercio y ellos forman parte de una estrategia de dominación continental y de disposición global de las fuerzas que hace inviable por razones estructurales de nivel, tipo de desarrollo y dominación política un acuerdo con esa potencia. Eso sin olvidar que otras potencias e incluso entre diferentes países se ha tratado de implementar tratados que calcan el formato del libre comercio.

Por tanto hay razones de fondo para no hacer un acuerdo con Estados Unidos y es necesario reivindicar la necesidad de acuerdos entre los pueblos y países del sur, incluyendo el pueblo norteamericano lo cual es una propuesta en desarrollo que se entrecruza con diferentes propuestas y realidades de acercamiento entre los países que están sobre el tapete y que deben examinarse a la luz del tipo de relaciones internacionales que se proponen.

Criticamos enfáticamente los efectos nocivos del libre comercio, el modelo y la globalización neoliberal, el dominio de las multinacionales, el predominio del mercado sobre todas las demás esferas de la actividad social y las consecuencias negativas que la predominancia de una organización internacional acorde con estos, han traído para el continente. Es necesario reiterar la crítica a las políticas de ajuste estructural, a las privatizaciones, a la reducción de la protección de los mercados nacionales y al endeudamiento externo. No se trata de regresar al pasado o propugnar por el aislamiento o el cierre de las economías. Es necesario levantar una propuesta antineoliberal, antimonopolista y antiimperialista que reconozca que el Estado debe jugar un papel activo, que el desarrollo debe planificarse y que la lógica de la competitividad debe remplazarse por la de la cooperación. Debemos, en contra del modelo único, insistir en la diversidad, la promoción de los proyectos de desarrollo nacional y el fortalecimiento de la economía interna que traen como consecuencia obligada que no pueda formularse un único modelo sino unos principios comunes aplicados en forma diferente en cada país de acuerdo a sus circunstancias concretas.

La Alianza Social Continental ha denunciado efectos nocivos del modelo neoliberal y la dominación imperial ha desenmascarado los argumentos de quienes defienden esta propuesta y ha mostrado el panorama de desigualdad, abandono de tierras, desplazamiento del campo a la ciudad, desempleo, deterioro del medio ambiente, discriminación, exclusión social y económica, pobreza y miseria, desequilibrios regionales, analfabetismo, degradación del medio ambiente, opresión sobre la mujer, predominancia del empleo precario e inestable, que reinan en la región

Del proyecto de dominación estadounidense forman parte el TLCAN, el acuerdo con Centroamérica, Chile, Panamá y República Dominicana los cuales superan las ambiciones norteamericanas en el ALCA y de las potencias en la OMC y han ido tejiendo una constelación de acuerdos que aíslan al MERCOSUR, Venezuela y Cuba y doblega buena parte de los países.

La propuesta de la Alianza Social Continental no niega la necesidad de acuerdos internacionales y regionales pero siempre y cuando no sean considerados alternativas al desarrollo nacional sino complementos del mismo y no se rijan por los dogmas del libre comercio. Todo acuerdo internacional debe preservar la posibilidad de proyectos nacionales de desarrollo. La negativa experiencia mexicana en el TLCAN es un punto de referencia obligado, pero en todos los países existen ejemplos negativos del resultado de la aplicación de políticas neoliberales que ahora quieren convertirse en normas supranacionales e irreversibles para todo el continente. Las políticas de apertura y liberalización llevan varios lustros en todo el continente y permiten extraer muchas lecciones.

Construir una nueva sociedad

La Alianza Social Continental parte de que una nueva sociedad no puede regirse por los criterios neoliberales de maximizar las ganancias de las multinacionales sino que deben considerar ante todo los derechos humanos, preservar el medio ambiente, defender a los ciudadanos, los recursos naturales y mejorar el nivel de vida de la población. A estos objetivos deben supeditarse temas como inversión y comercio. “Las metas centrales de estas políticas deberán ser la promoción de la soberanía económica, el bienestar social y la reducción de la inequidad en todos los niveles”.

Para la Alianza Social Continental lo fundamental es contar con proyectos nacionales de desarrollo equitativo y sustentable que están definidos por el hecho de que la producción debe ser ante todo para satisfacer las necesidades nacionales, se debe privilegiar la producción doméstica de bienes y servicios. Los países deben tener soberanía económica y territorial y estar en capacidad de crear empleo, desarrollar obras de infraestructura, privilegiar la economía real y con ello el bienestar de la población, la capacidad de crear empleo y la definición de su perfil productivo. Debe protegerse la producción local dirigida al mercado interno y los patrones de consumo local. “El meollo está en abrirse al mundo a partir de proyectos nacionales de desarrollo justos y sustentables conducidos por Estados democráticos y no dejar el futuro del desarrollo únicamente a las fuerzas del mercado”

Esta nueva sociedad debe ser autosuficiente en alimentos, proteger el medio ambiente, ser democrática, basarse en el mercado interno por lo tanto no depender de las exportaciones, debe tener una política activa de promoción de los derechos de las mujeres, privilegiar la producción sobre la especulación, ser pacífica, garantizar trabajos bien remunerados suficientes y dignos y sus prioridades no deben ser establecidas por el mercado mundial

Propugnamos por un nuevo Estado

Esta nueva sociedad requiere un nuevo Estado que se preocupe ante todo por el bien común y que juegue un papel central en la conducción de un desarrollo económico, que tenga como objetivo la promoción de la justicia social, la búsqueda de equidad entre regiones y grupos sociales y la sustentabilidad. Que cree condiciones para una dinámica de crecimiento estable y garantice que las grandes corporaciones no manejen caprichosamente los mercados.

Se trata de un nuevo Estado democrático que promueva la democracia la cual implica el acceso a la información y educación pública. Debe haber control civil sobre las fuerzas del orden. El Estado debe enfrentar radicalmente la corrupción en todos sus niveles, tener un nuevo papel cualitativo en la dinámica económica y asumir la responsabilidad irremplazable de garantizar los derechos humanos incluyendo el derecho al desarrollo y los derechos económicos y sociales y culturales y de los pueblos originarios.

No se trata de un Estado proteccionista tradicional, sino de un Estado socialmente responsable ante la sociedad que pueda impulsar un proyecto de desarrollo sustentable definido democráticamente. Ello permite la protección de sectores estratégicos según cada proyecto nacional. Un Estado regulador tampoco debe inhibir la iniciativa privada. Al contrario debe establecer reglas claras para compatibilizar derechos con obligaciones y asegurar que tanto el capital nacional como el internacional promuevan el desarrollo nacional justo y sustentable. El nuevo Estado debe aplicar una reforma fiscal integral capaz de recaudar los recursos suficientes para asegurar una red de seguridad social para todos y para evitar déficit fiscales que, por su magnitud, se conviertan en un problema para el desarrollo, la reforma fiscal debe tener una lógica productiva y redistributiva y se deben superar los tradicionales análisis del crecimiento basado en el PIB que no tienen en cuenta la distribución del ingreso.

El Estado debe ser el garante de la soberanía nacional. La cual es un derecho de las naciones y el sustento de la igualdad jurídica de los Estados en el concierto de las mismas. La soberanía reside en el pueblo y este puede decidir democráticamente someterse a regulaciones o legislaciones supranacionales que considere conveniente para su bienestar y la salvaguarda de sus derechos. Los Estados nacionales deben preservar su capacidad de fortalecer e impulsar su diversidad cultural. La cultura es también un elemento de la soberanía y la cohesión social de un país. La seguridad nacional debe considerarse como seguridad pública, seguridad de los ciudadanos. El Estado es el responsable de conducir una estrategia económica consensuada, que lleve al bienestar social, y políticas sociales que lo refuercen. No debe escatimar esfuerzos en la promoción de la generación de empleos bien pagados. Los gobiernos habrán de tener la capacidad de establecer sus propias políticas monetarias y financieras, y resistir a la dolarización.

El Estado debe fortalecer el mercado interno cuya importancia radica en convertir a la mayoría de la población en consumidores estratégicos. La elevación de los niveles de vida se vuelve entonces una necesidad económica para ampliarlo y no sólo una exigencia de justicia. El Estado tiene como tarea ineludible la creación de condiciones que favorezcan la competitividad de las empresas nacionales, tanto en el exterior como en el propio. La competencia sanciona empresas con bajos niveles de productividad, pero no genera dicha productividad. Para ello el Estado debe promover la investigación y el desarrollo tecnológico, así como la educación, que son indispensables para un país viable. Los países deben dotarse de un sector exportador fuerte lo cual implica promover la integración de cadenas productivas nacionales para que estas sean motor del crecimiento general y generen empleos directos e indirectos de alta calidad. Deben disminuirse las exportaciones basadas en el uso intensivo de recursos naturales o de energía y aplicar políticas activas de fomento de la demanda interna. Debe plantearse una política industrial, agropecuaria rural y ambiental explícita que incluya creación de infraestructura, crédito accesible, educación e investigación que promueva la creación de tecnología adecuada. Debe haber políticas específicas orientadas a los sectores más vulnerables de la población, las cuales deben traducirse en legislaciones que establezcan derechos y normas claras y estables y no en decisiones discrecionales o clientelistas. El objetivo central del Estado debe ser el desarrollo justo y sustentable para todos, sin por ello excluir medidas asistenciales de emergencia o compensatorias para grupos específicos.

Los Estados deben asumir plenamente sus responsabilidades en la implementación de todos los derechos humanos, garantizando su efectivo cumplimiento, dentro de ellos es necesario entender que la educación antes que una mercancía o servicio es un derecho que no puede hacerse depender de la capacidad económica de las personas para comprarlo. Además, la educación es también elemento fundamental en la formación de la cultura e identidad nacional por lo que cada nación debe poder ejercer, sin ingerencias exteriores, una completa soberanía en materia de educación. El acceso a la salud y los medicamentos son un derecho fundamental que no se puede supeditar a los recursos de que dispone la gente. El acceso al sistema público de salud debe ser general y no supeditado a tener un empleo formal, ya que en la mayoría de nuestros países el desempleo, el empleo precario y el empleo informal afectan a la mayoría de la población.

Todo proyecto nacional debe considerar los costos ambientales y sociales, no sobreexplotar los recursos naturales e impedir su sobreconsumo por las capas más ricas de la población utilizando para ello fuertes impuestos y otras medidas en esta dirección.

Los servicios deben considerar las necesidades específicas de las mujeres y prever su acceso a ellos. Debe reconocerse el valor del trabajo no remunerado de las mujeres y adoptar las políticas públicas con una perspectiva de género. La gente de la tercera edad, las comunidades y pueblos indígenas también deben tener acceso a los servicios de salud pública. Debe apoyarse el desarrollo y difusión de la medicina tradicional y el conocimiento milenario, muchas veces detentado. por mujeres, que estas comunidades poseen. Se debe preservar la biodiversidad. El Estado debe asumir la responsabilidad de garantizar a toda la población el suministro de los servicios básicos y de utilidad pública y, por ende, deben comprometerse a alcanzar objetivos regulatorios legítimos en el campo de las políticas públicas, tales como la protección al consumidor y el acceso universal a los servicios esenciales.

Los sistemas de seguridad social (incluidas las pensiones) deben mantenerse bajo la responsabilidad del Estado y los fondos con los que se financian deben ser manejados por él y canalizados como crédito a proyectos prioritarios para el desarrollo nacional. Se debe evitar que tales fondos ingresen al circuito especulativo que sólo concentra la riqueza social en menos manos. El Estado debe conservar el derecho a la producción de medicamentos genéricos para el uso del sistema público de salud. El derecho a tener donde vivir debe ser garantizado por el Estado como un derecho humano fundamental.

Cada país debe mantener la potestad de definir políticas en materia de explotación de recursos naturales; manejo del sistema financiero y monetario, especialmente del sistema de pagos y la inversión financiera de corto plazo; la defensa de la producción agrícola de la dieta básica y/o en manos de pequeñas unidades familiares de producción; y sectores estratégicos vinculados con la soberanía nacional o con la estabilidad económica nacional.

Las empresas públicas son de propiedad social, sólo administradas por el Estado. Su finalidad no es la obtención de lucro individual, sino el buen desarrollo del proceso económico, o como garantías de la soberanía e instrumentos de justicia social y ambiental. Es responsabilidad de los Estados asegurar que las empresas sean sólidas y eficientes. Debe combatirse la corrupción, mediante mecanismos como el control del poder legislativo y de la sociedad misma. La conservación, creación o privatización de una empresa pública debe ser decidida por el poder legislativo que represente la voluntad del pueblo. En el caso de empresas estratégicas las leyes deben exigir consulta amplia y directa a la sociedad.
Algunas empresas públicas pueden ser facultadas para el manejo, producción, transporte o comercialización exclusiva de algunos bienes o servicios. Las empresas públicas no se consideran monopolios ni serán sometidas a leyes antimonopolio. El manejo y evaluación de las empresas públicas no se basará solamente en criterios de precio y calidad, sino por la consecución del objetivo específico para el que fueron creadas, incluyendo el suministro de servicios a los sectores pobres o marginados. El Estado debe por su parte mantener la posibilidad de subsidiar a los sectores necesitados. La banca pública debe tener cierta autonomía de la rama ejecutiva y de los intereses de corto plazo pero no de las legislaturas.

Las compras gubernamentales y las obras públicas tienen una gran incidencia en sectores específicos de la planta productiva. Dado que se realizan con recursos de los contribuyentes, deben seguir siendo un instrumento de la política económica para el desarrollo nacional. Por lo tanto deben ser sometidas a concurso abierto y transparente para evitar corrupción en su adjudicación, los criterios de la licitación no serán exclusivamente mercantiles (de precio y calidad). Podrán, lo mismo que la inversión, incluir criterios como los siguientes: a) Contenido nacional de un bien o servicio que esté integrado de algún modo a las cadenas productivas nacionales. b) Tipo de tecnología involucrada y sus efectos en el medio ambiente. c) Transferencia de tecnología. d) Número de empleos generados en el país y el salario correspondiente a los mismos. e) Garantías especiales de apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa nacional. Los países podrán establecer listas de proveedores cuyo desarrollo consideren estratégico para la nación (por el desarrollo de tecnología apropiada, el efecto de arrastre sobre otros sectores de la economía, el volumen de empleo que generan o el avance hacia la equidad de género o de razas) y darles prioridad sobre un proveedor extranjero. Las compras gubernamentales deben ser un instrumento utilizado para favorecer a grupos marginados o afectados por la discriminación, como los grupos étnicos, las cooperativas o los productores provenientes de regiones del país especialmente deprimidas o con altos márgenes de pobreza extrema.

Las controversias sobre compras gubernamentales