En días pasados, nada menos que las federaciones de cultivadores de palma y cereales rechazaron airadamente las ofertas que el gobierno de Colombia le hizo al de Estados Unidos en las negociaciones del TLC. Tan mal ha caído entre los arroceros la propuesta oficial, que el próximo 5 de junio votarán en masa contra el Tratado. Sube el tono de las voces de los industriales que denuncian que si les quitan la protección los arruinan y en las propias encuestas oficiales es manifiesta la tendencia al aumento de los opositores al acuerdo. Incluso, son públicos los roces entre los ministros en torno a cómo embolatar a los que protestan, en especial a los empresarios.

En el marco de las ilusiones que se desvanecen, porque aumentan la dificultades del uribismo para convencer a tantos de que se traguen en silencio este sapo descomunal, estuvo en Bogotá Condolezza Rice, la principal responsable de los intereses de los monopolistas estadounidenses por fuera de su país. La canciller del imperio, podría decirse, quién afirmó: se necesitará voluntad política “para tomar las decisiones difíciles que vamos a tomar” y “Estados Unidos está muy interesado en abrir mercados, ‘pero realmente abrirlos, porque libre comercio significa libre comercio’” (Portafolio, Abr.29.05).

¿Quién definirá lo que “significa libre comercio”, si el concepto no está precisado en ninguna parte? ¿Colombia? ¿Estados Unidos? Un solo ejemplo sirve para mostrar qué país está al mando: Uribe Vélez aceptó que los productores gringos mantendrán por lo menos cincuenta mil millones de dólares en subsidios anuales al agro, en tanto que los colombianos se quedarán sin protección en el plazo que se acuerde. Así, los desacuerdos entre los negociadores se reducen a que Estados Unidos no quiere permitirles a los uribistas tapar la desnudez en la que los dejará la firma del Tratado tras nada más grande que una tanga de hilo dental.

Los hechos, que son tozudos, cada vez más confirman algo que no puede tergiversarse. Quienes nos oponemos al TLC con Estados Unidos no lo hacemos porque creamos que no puede firmarse ningún acuerdo con ese país. Si se acordara un buen pacto para Colombia, ¿por qué oponerse? Rechazamos este es porque es leonino, de mula y jinete, contrario al interés nacional. Si nos dimos cuenta antes que otros de esta realidad, ello se debe a que llevamos años estudiando el tema y a que nos esforzamos por no dejarnos engatusar.

Y cuando el país ya casi cae por este abismo, al ministro de Comercio de Colombia le queda tiempo para dedicarme un artículo porque usé la palabra “truco” para calificar la manera de aprobar en el Congreso el llamado Tratado CAN-MERCOSUR. La afirmación la hice porque descubrí que no existe, como me lo tuvo que reconocer el Ministro, un acuerdo entre la CAN y el MERCOSUR, dado que el pésimo acuerdo fue suscrito solo por algunos gobiernos de unos de los países de la CAN. ¿Sabía alguien informado sobre estos temas en Colombia que jamás se firmó un acuerdo entre la CAN y el MERCOSUR?

Primera coletilla: les fracasó a los gobiernos de Estados Unidos y Colombia su astucia de justificar las fumigaciones en los parques naturales con un estudio “científico” patrocinado por el organismo de policía de la OEA. El director del Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional de Colombia (IDEA) demostró en el Senado que los especialistas extranjeros –a quienes les prende velas el mininterior por el simple hecho de ser extranjeros– hicieron un “análisis” tan mediocre que no resiste ni el menor análisis. Cómo recuerda este caso al de tantos “estudios científicos” con los que por décadas las transnacionales del tabaco “demostraron” que fumar no hacía daño.

Segunda coletilla: le pedí la renuncia a la ministra de Ambiente porque sus explicaciones a varios actos de corrupción ocurridos en su Ministerio, por medio de los cuales se expidieron de manera ilegal unos permisos Cites para exportar fauna silvestre, no solo no me convencieron sino que confirmaron mis acusaciones. ¿Y cómo explicará doña Sandra Suárez que, al otro día del debate, el principal funcionario implicado en este caso hubiera despedido al asesor que siempre explicó que conceder dichos permisos violaba las normas?

- Jorge Enrique Robledo, senadorrobledo@telesat.com.co, mayo 23 de 2005