La avidez de las transnacionales farmacéuticas norteamericanas en las negociaciones del TLC llega a ser tan irracional que ha provocado el rechazo de voces que no necesariamente se identifican con los intereses de los países pobres ni mucho menos con la izquierda latinoamericana. Tal es el caso del senador demócrata Edward Kennedy, quien el pasado 16 de febrero, en una intervención ante el Senado de los Estados Unidos, advertía sobre el desconocimiento sistemático que ha observado el gobierno norteamericano de la Declaración de Doha, acuerdo internacional que prioriza los derechos a la salud de la población del planeta por encima de cualquier interés comercial.

Los grandes laboratorios norteamericanos abogan por la defensa y ampliación de sus derechos de patentes como una estrategia para monopolizar el mercado de medicamentos. Esto, según el senador Kennedy, constituye una flagrante violación de la ley y de los derechos humanos, puesto que las patentes no pueden bloquear el acceso a medicinas que salvan vidas. Por lo mismo, se pronunció oficialmente en favor de las licencias obligatorias y las importaciones paralelas, y en contra de la exclusividad de los datos de prueba (información que sirve para determinar la eficacia de los medicamentos) en los procesos de comercialización de medicinas en los países pobres.

Algo similar está ocurriendo en nuestro país. El Vicepresidente de la República, doctor Alfredo Palacio, emitió en días pasados un comunicado oficial en el cual condena frontalmente el rumbo que están tomando las negociaciones del TLC en el tema de propiedad intelectual. Empieza señalando la incoherencia de otorgarle al tratado mayor jerarquía que a estipulaciones consignadas en organismos como la Organización Mundial de Comercio (OMC), la Organización Mundial de la Salud (OMS) o la Organización de Estados Americanos (OEA). Para él, el TLC está poniendo en riesgo la salud, la vida y la biodiversidad del Ecuador, pues en el tema de propiedad intelectual estamos aceptando protecciones adicionales a las aceptadas en convenios internacionales anteriores. Según Palacio, no se deberían negociar aspectos que perjudicarán el acceso a medicinas para la gente más pobre. La salud, la vida y la biodiversidad no pueden ser negociables.

Una de sus críticas apunta al comunicado emitido a principios de marzo por los ministros andinos de comercio y salud reunidos en Quito. Pese a la retórica reivindicativa a propósito de nuestros derechos soberanos, este comunicado no adopta una posición firme en los aspectos más sensibles y peligrosos. Su vaga referencia a la Declaración de Doha no es suficiente para desvirtuar la tácita aceptación de las exigencias norteamericanas respecto de la protección de los datos de prueba y la ampliación de los plazos de las patentes de medicamentos. Estos dos puntos han sido precisamente la piedra de choque en las negociaciones, y constituyen una abierta violación a convenios anteriores así como una amenaza a la producción y acceso a medicamentos genéricos en la región andina.

Pese a las advertencias señaladas, el equipo ecuatoriano que negocia el TLC está a punto de aceptar las imposiciones cuestionadas por el senador Kennedy y por el doctor Palacio en el tema de propiedad intelectual, sobre todo en cuanto tiene que ver con la protección de datos de prueba. Recurriendo al viejo argumento del "mal menor", en la ronda de Cartagena ofrecieron tres años de dicha protección frente a los cinco exigidos por los Estados Unidos, como si el problema del acceso a medicinas de nuestra población pudiera reducirse a una perversa estimación numérica de que "no van a ser tantos los muertos".

Resulta francamente sorprendente -por no decir sospechoso- que el equipo negociador ecuatoriano no preste oídos a opiniones que provienen de ámbitos tan variados y hasta disímiles. Ni el senador Kennedy ni el doctor Palacio se han manifestado contrarios al TLC, pero coinciden con otros sectores abiertamente críticos de dicho tratado en que existen aspectos que no deberían ser negociados debido a las consecuencias catastróficas que tendrán para nuestros pueblos. Al igual que el tráfico de esclavos y otras aberraciones comerciales de la Historia, ningún interés justifica medidas que atenten contra la vida de los seres humanos.

*Quincenario Tintají, Quito, marzo de 2005 (Ecuador)