A
qué nos referimos cuando hablamos deL TLC

Las
millonarias campañas oficiales en los medios de comunicación
y los discursos de las cúpulas empresariales, pretenden
justificar la ratificación del Tratado de Libre Comercio entre
Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos
(TLC CA-RD-EU), al presentarlo como la panacea a los problemas
estructurales que históricamente han padecido las economías
periféricas centroamericanas. Sostienen que el TLC es la clave
para la generación de empleo y la vía para accesar a un
mercado de más de 270 millones de personas, algunos osan decir
que el TLC es un instrumento para el desarrollo. Según los
planteamientos oficiales bastaría con mover la "varita
mágica" de la ratificación del tratado para que
automáticamente se potencie el crecimiento de la economía
--a través de la exportación de productos "nostálgicos”
al gran mercado estadounidense--, se desarrollen las capacidades
competitivas del aparato productivo nacional, se expanda la inversión
extranjera y se derrame el bienestar entre la población
nacional.
Pese
a que el TLC CA-RD-EU es promocionado con la etiqueta de "libre
comercio", este tratado no conlleva a la eliminación de
los subsidios y apoyos del sector agropecuario estadounidense, ni
mucho menos a desmontar las barreras técnicas no arancelarias
–basadas en normas sanitarias y fitosanitarias—que
limitan la entrada de las importaciones de la región. El TLC
incorpora en sus contenidos aspectos que trascienden de lo que
estrictamente se refiere al comerico de bienes; pues incursionan en
áreas tan diversas como son las inversiones, los derechos de
propiedad intelectual, las compras gubernamentales, los servicios,
las políticas de competencia, las telecomunicaciones y el
sector financiero, entre otros.
La
estructura y contenidos capitulares de los TLC responden a una lógica
transversal que privilegia la ganancia por encima de los derechos
humanos y la sustentabilidad; resulta abrumador y desproporcionado
constatar cómo estos tratados contienen una extensa lista de
privilegios convertidos en derechos para las empresas extranjeras,
que contrasta con la omisión entre sus contenidos de
mecanismos que garanticen el cumplimiento de los Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (DESC). A través de estos contenidos
"extra-comerciales" los TLC invaden competencias soberanas
de los Estados, como la definición de las políticas
económicas nacionales y el control de servicios estratégicos,
promueven la mercantilización de servicios públicos
inalienables para la población, trasladándolos a la
esfera del mercado por la vía de las concesiones.

Estamos
frente a un instrumento con amplios alcances, que incorpora entre sus
contenidos una gama de mecanismos que conjugan prohibiciones a los
gobiernos con derechos para las empresas extranjeras en materia de
inversiones, tratos no discriminatorios, derechos de propiedad
intelectual, "liberalización" de servicios y acceso
a las licitaciones públicas. El TLC constituye la vía
más expedita para “legalizar” las reformas
neoliberales, su ratificación por parte del Órgano
Legislativo convierte su texto en Ley de la República, con
mayor jerarquía jurídica que toda la legislación
nacional.

El
estado actual del TLC CA-RD-EU
Los
gobiernos centroamericanos mantienen un importante esfuerzo para
lograr la ratificación del TLC CA-RD-EU en las Asambleas
Legislativas y Congresos de cada país, este afán les ha
llevado a promover entre los diputados y diputadas la aprobación
del Tratado con dispensa de trámite y dispensa de lectura, en
un flagrante irrespeto al debido proceso y a las mínimas
prácticas democráticas. Como parte de la táctica
de la ratificación se han establecido “bolsas
millonarias” para comprar el voto de los diputados de
oposición, el otorgamiento de “favores” e
“incentivos” a los partidos políticos con
representación parlamentaria, e incluso una campaña de
cabildeo en el Congreso de los Estados Unidos financiada con recursos
públicos centroamericanos y préstamos internacionales,
llevada a cabo por firmas estadounidenses.

El
Salvador es lamentablemente el primer país en ratificar el TLC
CA-RD-EU. Eran las 3:00 a.m. del 17 de diciembre de 2004 cuando los
partidos de derecha decidieron introducir en la maratónica
agenda de la sesión plenaria de la Asamblea Legislativa el
punto de la aprobación del tratado, y reeditando sus viejas
prácticas retrógradas y antidemocráticas,
procedieron a ratificar el TLC CA-RD-EU en un “madrugón”.
La aprobación fue con dispensa de trámite por 49 votos
a favor –de ARENA, PCN y PDC-- y 35 en votos en contra --del
FMLN y del CDU--, sin que el pleno haya siquiera leído una
sola línea de las 2,500 páginas plagadas de tecnicismos
que incluye su texto, mucho menos que se hayan detenido a analizar
las implicaciones y alcances de esta decisión.

Este
hecho representa un acto burdo y de magna irresponsabilidad: No cabe
duda que la inmensa mayoría de quienes ratificaron el TLC
CA-RD-EU no tienen la mínima idea de lo que esto implica, pero
que para estos “diputados y diputadas” fue suficiente
saber cuánto y qué recibirían por haber
“levantado la mano”. El mínimo análisis
científico y objetivo del texto del TLC CA-RD-EU identifica
claramente los efectos perversos a que conllevará este tratado
para la población salvadoreña, las empresas nacionales,
el Estado, los recursos naturales y el medio ambiente.

Retomando
la “táctica salvadoreña” y de acuerdo a lo
establecido en la reunión de Presidentes del 1 de febrero de
2005 en Tegucigalpa, la estrategia para la rápida ratificación
del tratado comenzó a funcionar en la región: el 3 de
marzo el Congreso de Honduras ratificó el TLC CA-RD-EU, ocho
días más tarde --el 11 de marzo-- en medio de una tensa
situación en las calles de la Ciudad de Guatemala, producto de
la represión desatada por el gobierno guatemalco ante la
masiva movilización ciudadana que expresaba su inconformidad
con el tratado --que inclusive se ha cobrado la vida de dos personas
y decenas de personas lesionadas--, el Congreso de Guatemala hizo la
segunda lectura de la ley con la que se aprobó el TLC CA-RD-EU
en ese país.
Pese
a que los gobiernos centroamericanos apresuran el paso de la
ratificación, en el Congreso estadounidense la situación
no es favorable en la actualidad para la aporbación del TLC
CA-RD-EU. Se estima que por lo menos faltarían 40 votos para
alcanzar los 218 votos que se requieren para aprobar el tratado y
existen muchos congresisitas demócratas y repúblicanos,
que desde perspectivas distintas adversan el TLC. Iniciativas como la
“Carta Demócrata” de los congresistas Solís
y Grijalva, dan cuenta de la seria amenaza que entraña el TLC
CA-RD-EU, y se suma a la oposición de otros sectores
estadounidenses que adversan el tratado por sus negativas
implicaciones en los ámbitos laborales, ambientales,
productivos, inversiones, comerciales, entre muchas. Es importante
que los y las congresistas estadounidenses discutan y analicen su
carácter inconstitucional y los perjuicios que entraña
este Tratado para los pueblos y empresas nacionales, y que NO
ratifiquen el TLC CA-RD-EU.

El
TLC CA-RD-EU: un instrumento de anexión

En
el actual orden económico multipolar, estructurado en bloques
económicos, el gobierno estadounidense identifica en los TLC
un instrumento clave para la ampliación de su área de
influencia, condición fundamental para disputar mercados e
inversiones a la Unión Europea y las economías del
Sudeste Asia. En este sentido, para los Estados Unidos resulta clave
la ampliación de su área de influencia más allá
de los tres países suscriptores del Tratado de Libre Comercio
de América del Norte (TLCAN), razón por la cual el ex
presidente Bush lanza en diciembre de 1994 el proyecto del Área
de Libre Comercio de las Américas (ALCA), que busca anexar las
34 economías del continente y el Caribe –exceptuando a
Cuba—con el propósito de “garantizar a las
empresas norteamericanas el control de un territorio que va del Polo
Ártico hasta la Antártica, con libre acceso, sin ningún
obstáculo o dificultad, para sus productos, servicios,
tecnología y capital en todo el hemisferio"[1].
La
reciente invasión a Irak viene a reconfirmar el giro
experimentado en la globalización neoliberal-corporativa hacia
un neoliberalismo de guerra, así como la consolidación
de un “orden político unipolar”, controlado por
los Estados Unidos, que se expresan en su carácter militarista
y en el énfasis unilateralista en las relaciones
internacionales. En este plano no sólo se constata la
creciente importancia de la industria militar[2]
y la fuerte dependencia que tiene la reactivación económica
mundial de la producción armamentista, sino la aplicación
de decisiones unilateralistas que vienen a romper acuerdos
multilaterales suscriptos por la comunidad de naciones y que
constituyen la base para el entendimiento y la convivencia pacífica
de los pueblos.

Los
vínculos entre el neoliberalismo de guerra y la temática
del comercio-inversión se hacen evidentes en el mismo
documento de seguridad nacional de los Estados Unidos, en el cual se
expresa que “mercados libres y libre comercio son las
prioridades claves de nuestra estrategia de seguridad nacional”[3].
También, como parte de la estrategia de seguridad nacional
estadounidense se plantean las negociaciones de la Organización
Mundial de Comercio (OMC), la construcción de un Área
de Libre Comercio de las Américas, los Tratados de Libre
Comercio[4]
y los Tratados de Inversión Bilateral.

Siendo
así, no es extraña la “alineación”
de los gobiernos del TLC CA-RD-EU a los proyectos estadounidenses, y
su obsecuencia y permesividad en acciones de “seguridad
nacional” como la instalación de bases militares en la
región, el apoyo en la “lucha contra el terrorismo”,
sino inclusive, el acompañamiento en la ocupación de
Irak con envío de tropas centroamericanas y dominicanas,
aunque en la actualidad, solo el gobierno salvadoreño mantiene
presencia militar en aquel país.

Aunque
el ALCA constituye, en materia de seguridad nacional, un objetivo
estratégico para la administración estadounidense, el
hecho de que no se haya concretado en la fecha prevista (2005)
tampoco limita la consecución de los intereses y privilegios
buscados para sus transnacionales, pues la vía adoptada para
ese propósito continúa a paso firme a través de
la firma de TLC. Los TLC representan la apuesta táctica del
gobierno estadounidense para la construcción del ALCA, pues
por la vía bilateral se va abriendo el camino a través
de transformaciones en los marcos jurídicos de los Estados, en
el sentido de desregular y liberalizar los espacios para la
intervención del capital extranjero.

En
este contexto, se enmarca la vertiginosa carrera impulsada por los
gobiernos centroamericanos por la masiva ratificación de TLC,
cuya labor de promoción ha sido retomada muy diligentemente
por los gobiernos mexicanos[5],
y que ahora asumen directamente los gobiernos de Estados Unidos y
Canadá. De manera complementaria a las negociaciones de los
TLC, también se abren en Centroamérica un conjunto de
megaproyectos de inversión, recogidos en el Plan Puebla Panamá
(PPP), y que a través de financiamiento público
–préstamos o presupuestos nacionales—buscan la
construcción de la infraestructura necesaria para el
funcionamiento del capital transnacional, mediante un complejo
trazado de obras de interconexión en electricidad,
telecomunicaciones, transporte, principalmente[6];
amén del objetivo contrainsurgente en la región y con
especial interés en el sur-sureste mexicano.

EL
TLC CA-RD-EU: un instrumento que profundiza el subdesarrollo y
consolida el “ajuste”
Los
argumentos de quienes promueven el TLC CA-RD-EU como una oportunidad
y clave para el “desarrollo, progreso y bienestar” se
basan en planteamientos de apertura, liberalización económica
y privatización reconocidos como fracasados por las mismas
instituciones financieras internacionales que las promovieron –como
el Banco Mundial—, a juzgar por los catastróficos
resultados que han generado en muchos países en que se han
aplicado. El TLC CA-RD-EU no ha sido inspirado ni construido desde ni
para los intereses ciudadanos, o de las pequeñas y medianas
empresas nacionales, o del respeto al medio ambiente. Los contenidos
de estos tratados no solo carecen de una lógica de derechos
humanos -laborales, sociales, políticos, culturales,
migratorios y ambientales–, sino que resultan atentatorios y
promueven el incumplimiento de los mismo.

En
contraposición a la búsqueda de los valores centrales
indispensables para que una sociedad aspire a un estadio de
“desarrollo”, el TLC CA-RD-EU apunta hacia su negación
e inobservancia. En un proyecto nacional de desarrollo, antes que
todo debería garantizarse el sustento vital para satisfacer
las necesidades básicas de la población; pero también
es condición sustantiva, fomentar la autoestima de las
personas expresa en el sentimiento de valía y de respeto a uno
de mismo, de no ser utilizado e instrumentalizado; además, es
necesaria la activa participación democrática, que se
manifiesta en el poder de elegir unas condiciones que nos liberen de
unas condiciones de vida alienantes o de servidumbre social.

Nada
más alejado de la realidad salvadoreña y
centroamericana, nuestras sociedades son una muestra evidente de la
carencia de un “Estado de Derecho” y de “democracia
real”, la relativa –y cada vez más frágil--
vigencia de algunas libertades civiles y políticas contrasta
con la inobservancia de los DESC, la profundización de la
pobreza y de la desigualdad hasta niveles repugnantes, cuya situación
se ha venido larvando durante los quince años de reformas
económicas e institucionales promovidas desde las fracciones
de derecha en la Asamblea Legislativa, y a juzgar por los estudios de
impactos y las experiencias de otros países, el TLC CA-RD-EU
agravará aún más.