Informe preliminar del Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala sobre los hechos ocurridos este 14 de marzo de 2005 durante las manifestaciones en contra de la aprobación del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos de América

El Movimiento Indígena, Campesino, Sindical y Popular -MICSP- de Guatemala convocó a un paro nacional para el 14 de marzo, con el fin de manifestar su inconformidad ante la reciente aprobación, por parte del Congreso de la República, del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y los Estados Unidos.

La convocatoria generó una movilización de diversos sectores que implicó el bloqueo de múltiples carreteras del país y, en el caso de la ciudad capital una de las columnas de la manifestación estuvo encabezada por el Rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, además hubo dos columnas adicionales que confluyeron, con la primera, en la Plaza de la Constitución, frente al Palacio Nacional.

Aunque las manifestaciones se desarrollaron de forma ordenada y pacífica durante prácticamente toda la mañana, alrededor de las 13:00 horas empezaron a reportarse incidentes debido a que fueron visibles fuertes contingentes de fuerzas combinadas de elementos de la policía nacional civil -PNC- y miembros del ejército (policía militar) que portaban equipo antidisturbios.

Un primer incidente se presentó en la novena avenida y décima calle de la zona 1, cuando una de las columnas, integrada por alrededor de 2 mil personas, intentó continuar su marcha pacífica hacia el frente del edificio del Congreso encontrándose con un contingente policial que dijo tener órdenes de resguardar el Congreso de la República e impedir su paso.

Personal de la Procuraduría de los Derechos Humanos intentó mediar con el Comisario a cargo y acompañó a los dirigentes sindicales ante el Comisario pero éste se negó a permitir el paso de la marcha, lo que provocó un primer conato de enfrentamiento, cuando los manifestantes lanzaron algunas piedras sobre los agentes, pero no se produjeron heridos entre ninguna de las partes.

La marcha prosiguió y la concentración principal se situó en la Plaza Central frente a la Catedral Metropolitana. Ya en ese lugar, los manifestantes escuchaban los discursos de los dirigentes de la protesta y esperaban el inicio de un acto cultural que estaba programado; en ese momento y en ese lugar no se evidenciaba ninguna acción de provocación o agresión de parte de los manifestantes hacia los miembros de las fuerzas de seguridad del Estado. No obstante, un grupo distinto intentó llegar frente a la casa presidencial y esto originó un enfrentamiento entre los que protestaban en este lugar y los antimotines quienes lanzaron bombas lacrimógenas, en tanto algunos de los manifestantes lanzaron piedras a las fuerzas de seguridad.

Los líderes de la marcha, concentrados frente a la Catedral comenzaron a hacer un llamado a quienes se encontraban enfrentados violentamente frente a Casa Presidencial para que volvieran a la Plaza de la Constitución, esperaran a las demás columnas y mantuvieran el orden, así como el carácter pacífico de la manifestación. Sin embargo, un contingente distinto, conformado por las Fuerzas Especiales de Policía -FEP-, al mando del Comisario Francisco Say Albino y elementos de la Policía Militar comenzaron a lanzar bombas lacrimógenas sobre la gente que se encontraba concentrada pacíficamente en la Plaza Central.

Personal de la Procuraduría de los Derechos Humanos se dirigió al Comisario Say Albino y lo llamó a cesar las acciones violentas indicándole que las personas estaban manifestando pacíficamente, pero lejos de atender este llamado comenzó a insultar al personal de esta institución e intentó golpear a dos de los observadores de la Procuraduría.

Entre pedradas y desorden todas las personas fueron dispersadas bajo el efecto de las bombas lacrimógenas lanzadas y se reportó el daño al equipo de sonido que había sido colocado por los manifestantes. Los hechos que tuvieron lugar en la Plaza de la Constitución constituyen una violación al derecho de reunión pacífica de los manifestantes, pues en este lugar sólo se realizaba un mitin que posteriormente daría paso a una actividad artístico cultural que las fuerzas de seguridad impidieron, sin haber habido justificación alguna para su intervención en los términos en que se produjo.

Durante las mismas acciones, se reportó la agresión por parte de la PNC en contra del fotógrafo Edwin Benavente, del periódico Nuestro Diario, quien se encontraba fotografiando el momento en que las fuerzas de seguridad detenían y maltrataban a uno de los manifestantes.

Durante los disturbios se registró la captura de un número aún indeterminado de personas (alrededor de 15) entre las que se registran algunos menores de edad para quienes la PDH presentó las correspondientes exhibiciones personales.

Alrededor de las 16:00 horas, en el centro de la ciudad ya sólo se reportaban incidentes aislados, atribuidos por diversas fuentes a personas infiltradas, en tanto las organizaciones convocantes seguían llamando a la calma y a replegarse a las sedes de las diversas instituciones participantes.

Aproximadamente una hora después se reportó que fuerzas de seguridad del Estado se encontraban rodeando la sede de la Unidad de Acción Sindical y Popular -UASP- en donde estaba reunido un grupo numeroso de dirigentes sindicales, con aparentes intenciones de efectuar la captura de la dirigencia del movimiento. Al ser alertadas las autoridades de la Procuraduría de los Derechos Humanos acudieron en auxilio de la dirigencia que decía sentirse amenazada comprobando la presencia de la PNC en las inmediaciones.

Cuando los miembros de la PDH llegaron al lugar, los miembros de la policía se retiraron. Un dirigente popular informó a personal de la PDH que los efectivos de la PNC habían advertido que se alejaban con el objeto de ir a recoger una orden que les permitiera entrar a las instalaciones de la UASP. Inmediatamente después, los miembros de la dirigencia del MICSP se dirigieron a las instalaciones de la PDH para presentar la denuncia de lo que consideraron constituían actos de intimidación en su contra.

Adicionalmente, fue posible observar que varios carros de la policía y efectivos desplazándose en motocicletas se movilizaban por la calles del centro de la ciudad capital en una actitud intimidatoria. Cuando menos dos sedes de organizaciones campesinas fueron objeto de intimidación a través de la circulación permanente de unidades motorizadas de la policía delante de ellas, aún y cuando se encuentran alejadas de la zona en la que la manifestación estaba teniendo lugar.

Minutos después de ubicados en las instalaciones de la Procuraduría, se pudo constatar que alrededor de 27 efectivos de la policía que se desplazaban en 20 motocicletas y eran acompañados de una radiopatrulla, rodearon las instalaciones de la Institución y se movilizaban permanentemente alrededor de la manzana en la que se ubica. Cada vez que la radiopatrulla pasaba delante de las oficinas del Ombudsman hacia sonar una sirena, en claro irrespeto a la normativa que regula el uso de dicho recurso.

A eso de las 20:30 horas, bajo los auspicios del Procurador de los Derechos Humanos y de Monseñor Rodolfo Cardenal Quezada Toruño fue posible establecer contacto directo con el vicepresidente Eduardo Stein Barillas, el ministro de Gobernación, Carlos Vielman con el fin de gestionar un espacio inicial de diálogo entre las autoridades del Estado y una delegación representante del MICSP. Luego de varias horas de deliberaciones se pudo arribar a compromisos mínimos que implicaban, por una parte, la seguridad de que los dirigentes del movimiento de sociedad civil podrían retirarse sin problemas para su seguridad, en tanto no existían órdenes de captura en su contra y, por otra, estipulando una reunión posterior para el martes 15 a las 16:00 en las oficinas del Arzobispado para establecer una mesa de diálogo que trabaje en la búsqueda de una salida a la crisis.

Es opinión del señor Procurador de los Derechos Humanos que los hechos acaecidos el día de hoy, son consecuencia de una serie de eventos que han generado un ambiente de tensión que se origina en los mecanismos utilizados por los diversos órganos del Estado para aprobar el TLC. La inconformidad de la sociedad civil organizada surge a partir del momento en que la negociación básica del tratado se hizo a puerta cerrada, llegando a la firma del mismo sin que nadie más que las autoridades de los correspondientes gobiernos conocieran su contenido.

A pesar de las múltiples solicitudes para que el Congreso de la República sometiera el tratado a consulta de la Corte de Constitucionalidad y a una Consulta Popular que permitiera a la sociedad guatemalteca opinar acerca de decisiones que le afectarán directamente durante las próximas décadas, los diputados al Congreso de la República decidieron desoír lo solicitado, declarar la aprobación del tratado como una necesidad de urgencia nacional y aprobarlo bajo la protección de 1,500 efectivos de las fuerzas de seguridad que durante tres días bloquearon un radio de nueve manzanas del centro histórico de la ciudad.

El Procurador de los Derechos Humanos y su institución se encuentran empeñados en que se respete el derecho de libre manifestación, dentro de los marcos de la legalidad, así como el privilegio del recurso del diálogo para la búsqueda de soluciones, por lo que seguirá trabajando en favor de la paz y la vigencia de los derechos humanos.

Guatemala, 14 de marzo de 2005.