El martes 1, ante el sorpresivo anuncio de la junta directiva del Congreso de la discusión sobre la ratificación del Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-CAFTA), así como de la aceleración del proceso de aprobación de la iniciativa de la Ley General de Concesiones, varias organizaciones sociales manifestaron su rechazo al acuerdo y a la ley, que, sostienen, acarrearía más pobreza a la población, el primero, y haría posible nuevas privatizaciones, la segunda.

Miles de sindicalistas, campesinos, indígenas, maestros y simpatizantes del partido Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) confluyeron frente al Legislativo y en las calles aledañas, para exigir a los diputados una moratoria a la ratificación del convenio, por lo desventajoso que resultaría su vigencia para los pequeños productores nacionales. Ante la protesta contra el convenio, y la de ex miembros de Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) que insisten en exigir el pago de una compensación económica, el Legislativo no continuó el trámite de ratificación del tratado y de aprobación de la ley mencionada.

Mientras, en Honduras, el jueves 3, el Congreso aprobó la ratificación del acuerdo, con el voto a favor de más de 100 de los 128 diputados, siguiendo el ejemplo de El Salvador. Ante el hecho, el Comité de Organizaciones Indígenas (COPIN), que dice agrupar a por lo menos 500 mil afiliados, convocó a sindicatos, maestros y estudiantes a efectuar masivas protestas en Tegucigalpa y las principales ciudades del país.

En Guatemala, las protestas se extendieron a varios lugares del interior del país, en donde cientos de campesinos bloquearon algunas vías de comunicación, a pesar de las amenazas de desalojo por parte de las fuerzas de seguridad, informó Rafael González, dirigente del Comité de Unidad Campesina (CUC).

Por su parte, los ex paramilitares agredieron a periodistas y bloquearon el ingreso y salida del Congreso. La reportera Karla Solórzano, de Radio Universidad, informó que los patrulleros, al darse cuenta de la presencia de cámaras y grabadoras, arremetieron contra los comunicadores, mientras proferían insultos y amenazas, llegando incluso hasta la agresión física, aunque sin consecuencias serias.

Los ex paramilitares acordaron retirarse después que la junta directiva del Congreso aprobó un acuerdo mediante el cual su presidente, el diputado Jorge Méndez Herbruger, se comprometió a propiciar una cita con el presidente Óscar Berger.

El miércoles 2, representantes de organizaciones sociales integradas en la Mesa Global acudieron a una cita con la mayoría de los jefes de bloque del Congreso, para exigir el retiro de la agenda de la ley de concesiones y que la ratificación del tratado sea sometida a consulta popular, prevista por la Constitución en el caso de decisiones políticas de especial trascendencia. Las organizaciones plantearon la posibilidad de convocar a un paro de general, si el Legislativo aprobara ambas iniciativas, cuya discusión continuará esta semana.

El jueves 3, la junta directiva del Legislativo y los jefes de bloque acordaron eliminar del proyecto de ley de concesiones los incisos que se referían a la concesión de servicios de salud y educación.

Partidos condicionan apoyo al DR-CAFTA

Varios partidos impulsarán la creación de una agenda legislativa complementaria a la ratificación del Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-CAFTA), que contenga Leyes compensatorias para afrontar sus consecuencias. Entre esas organizaciones están el Frente Republicano Guatemalteco (FRG), la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), el Partido Patriota y la Alianza Nueva Nación (ANN). Además, la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), la Democracia Cristiana Guatemalteca (DCG), el partido DIA y el Centro de Acción Social (CASA). Sus votos son 75, de 158. Para la aprobación del convenio hacen falta 80.

Por su parte, los diputados de la Gran Alianza Nacional (GANA), el Partido Unionista y el Partido de Avanzada Nacional (PAN) han mantenido un irrestricto apoyo a la ratificación, argumentando que de no aprobarla el país podría quedar rezagado en la región.

Avanza negociación de TLC con Taiwán

La primera de cuatro rondas de negociaciones para la firma de un Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Guatemala y Taiwán concluyó el sábado 5, con un optimismo que casi da por hecho que en seis meses se tendrá aprobado el instrumento comercial.

Huang Chihpeng, director general de la Junta de Comercio Exterior de Taiwán, explicó que Guatemala se convertirá en el segundo país en Centroamérica en tener un TLC con su país. “Guatemala cuadruplicará sus exportaciones a Taiwán después de firmar el acuerdo”, aseguró Huang.

Taiwán espera firmar el TLC con Guatemala durante la visita del presidente Óscar Berger, prevista para agosto.

En la segunda ronda de negociaciones, contemplada para iniciar el 11 de abril, y en la que Guatemala será sede, se discutirán puntos espinosos, como procesos aduaneros, seguridad y prácticas comerciales injustas, inversiones, servicios y suministros a entidades oficiales, y transporte.
El martes 1, ante el sorpresivo anuncio de la junta directiva del Congreso de la discusión sobre la ratificación del Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-CAFTA), así como de la aceleración del proceso de aprobación de la iniciativa de la Ley General de Concesiones, varias organizaciones sociales manifestaron su rechazo al acuerdo y a la ley, que, sostienen, acarrearía más pobreza a la población, el primero, y haría posible nuevas privatizaciones, la segunda.

Miles de sindicalistas, campesinos, indígenas, maestros y simpatizantes del partido Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) confluyeron frente al Legislativo y en las calles aledañas, para exigir a los diputados una moratoria a la ratificación del convenio, por lo desventajoso que resultaría su vigencia para los pequeños productores nacionales. Ante la protesta contra el convenio, y la de ex miembros de Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) que insisten en exigir el pago de una compensación económica, el Legislativo no continuó el trámite de ratificación del tratado y de aprobación de la ley mencionada.

Mientras, en Honduras, el jueves 3, el Congreso aprobó la ratificación del acuerdo, con el voto a favor de más de 100 de los 128 diputados, siguiendo el ejemplo de El Salvador. Ante el hecho, el Comité de Organizaciones Indígenas (COPIN), que dice agrupar a por lo menos 500 mil afiliados, convocó a sindicatos, maestros y estudiantes a efectuar masivas protestas en Tegucigalpa y las principales ciudades del país.

En Guatemala, las protestas se extendieron a varios lugares del interior del país, en donde cientos de campesinos bloquearon algunas vías de comunicación, a pesar de las amenazas de desalojo por parte de las fuerzas de seguridad, informó Rafael González, dirigente del Comité de Unidad Campesina (CUC).

Por su parte, los ex paramilitares agredieron a periodistas y bloquearon el ingreso y salida del Congreso. La reportera Karla Solórzano, de Radio Universidad, informó que los patrulleros, al darse cuenta de la presencia de cámaras y grabadoras, arremetieron contra los comunicadores, mientras proferían insultos y amenazas, llegando incluso hasta la agresión física, aunque sin consecuencias serias.

Los ex paramilitares acordaron retirarse después que la junta directiva del Congreso aprobó un acuerdo mediante el cual su presidente, el diputado Jorge Méndez Herbruger, se comprometió a propiciar una cita con el presidente Óscar Berger.

El miércoles 2, representantes de organizaciones sociales integradas en la Mesa Global acudieron a una cita con la mayoría de los jefes de bloque del Congreso, para exigir el retiro de la agenda de la ley de concesiones y que la ratificación del tratado sea sometida a consulta popular, prevista por la Constitución en el caso de decisiones políticas de especial trascendencia. Las organizaciones plantearon la posibilidad de convocar a un paro de general, si el Legislativo aprobara ambas iniciativas, cuya discusión continuará esta semana.

El jueves 3, la junta directiva del Legislativo y los jefes de bloque acordaron eliminar del proyecto de ley de concesiones los incisos que se referían a la concesión de servicios de salud y educación.

Partidos condicionan apoyo al DR-CAFTA

Varios partidos impulsarán la creación de una agenda legislativa complementaria a la ratificación del Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-CAFTA), que contenga Leyes compensatorias para afrontar sus consecuencias. Entre esas organizaciones están el Frente Republicano Guatemalteco (FRG), la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), el Partido Patriota y la Alianza Nueva Nación (ANN). Además, la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), la Democracia Cristiana Guatemalteca (DCG), el partido DIA y el Centro de Acción Social (CASA). Sus votos son 75, de 158. Para la aprobación del convenio hacen falta 80.

Por su parte, los diputados de la Gran Alianza Nacional (GANA), el Partido Unionista y el Partido de Avanzada Nacional (PAN) han mantenido un irrestricto apoyo a la ratificación, argumentando que de no aprobarla el país podría quedar rezagado en la región.

Avanza negociación de TLC con Taiwán

La primera de cuatro rondas de negociaciones para la firma de un Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Guatemala y Taiwán concluyó el sábado 5, con un optimismo que casi da por hecho que en seis meses se tendrá aprobado el instrumento comercial.

Huang Chihpeng, director general de la Junta de Comercio Exterior de Taiwán, explicó que Guatemala se convertirá en el segundo país en Centroamérica en tener un TLC con su país. “Guatemala cuadruplicará sus exportaciones a Taiwán después de firmar el acuerdo”, aseguró Huang.

Taiwán espera firmar el TLC con Guatemala durante la visita del presidente Óscar Berger, prevista para agosto.

En la segunda ronda de negociaciones, contemplada para iniciar el 11 de abril, y en la que Guatemala será sede, se discutirán puntos espinosos, como procesos aduaneros, seguridad y prácticas comerciales injustas, inversiones, servicios y suministros a entidades oficiales, y transporte.