Entonces, lo que en realidad sucederá al reducirse el nivel
de formación del pregrado de los estudiantes de la
Universidad es que estos no podrán ser, según afirma el
rector, profesionales formados por encima de “los
requerimientos del mercado”, para dejarlos por debajo de
dichos requerimientos, al menos frente a los competidores
de otras universidades que no degeneren sus pregrados o que
sí cursen posgrados. Si ello llega a ocurrir, los graduados
en las carreras más cortas de la Nacional comprobarán que
las famosas competencias en las que los adiestraron, y con
las que les sustituyeron una formación con mayores
fundamentos, no les permitirán competir con otros
profesionales que serán tan diestros como ellos en algunas
prácticas, pero que además tendrán una mayor formación en
los conocimientos básicos de las carreras. Y es obvio que
al final, en los promedios que resultarán, habrá caído el
aporte de la Universidad Nacional a la sociedad colombiana

“Quizás estemos ‘enseñando demasiado’, entregando un
profesional que supera los requerimientos del mercado”.
Marco Palacios[1].

La decisión del rector de la Universidad Nacional de
Colombia, Marco Palacios Rozo, de “reorganizar y reorientar
nuestras instituciones en consonancia con los desafíos del
presente”, para “adaptarnos a los cambios del mundo” de
hoy[2], transformaciones que en el otro documento básico de
su propuesta se dice que son las de la llamada
“globalización”[3], debe interesarnos a todos los
colombianos. Porque cada vez se entiende mejor la
importancia del conocimiento en la prosperidad de las
naciones, porque la Nacional es el principal centro de
educación superior del país y porque sus decisiones suelen
ejercer una gran influencia sobre las demás universidades
públicas colombianas. Y en mi caso el derecho de opinar se
convierte en un deber, en razón de que durante 26 años fui
profesor de tiempo completo en su Sede de Manizales[4].

El siguiente análisis, que no agota el tema ni toca todos
los aspectos en debate, se dividirá en cuatro partes: 1.
Los aspectos de la reforma que pueden compartirse, aunque
les quepan reparos o advertencias. 2. La posición de los
reformadores sobre el tipo de país que debe generar el
proyecto globalizador, al que, según ellos, debe adecuarse
la Universidad. 3. El problema financiero de la Nacional. 4.
Las propuestas que de ninguna manera pueden aceptarse,
porque conspiran contra la esencia misma de una institución
de educación superior de alto nivel, y más tratándose de la
Universidad Nacional de Colombia.

1. Lo que puede aceptarse con ciertas condiciones

No debe generar resistencias que la Universidad le dé una
mayor importancia a la investigación y las
especializaciones y, en especial, a los doctorados. Pero
desde ya hay que advertir que es inaceptable que se
ofrezcan programas mediocres para echarse al bolsillo unos
pesos o que, en este y en todos los casos, una idea
correcta se use para impulsar otras que no lo son.

Puede ser plausible trabajar en el desarrollo de las
llamadas “competencias básicas para la vida académica”,
tales como “argumentación, escritura, lectura crítica,
aprendizaje en equipo”[5]. Mas aquí el pero es muy grande,
porque el énfasis en ellas se propone para sustituir la
formación básica que deben recibir los estudiantes.

Aunque con la concepción ya se ha trabajado en la Nacional
por décadas, es positivo que se refine la idea de
estructurarla por facultades que articulen “diversas
disciplinas o profesiones que compartan regiones de la
realidad”, en las que los profesores se organicen
principalmente por departamentos (campos de conocimiento) y
los estudiantes por programas curriculares o carreras.
Tampoco debiera tener objeciones la existencia de
institutos, proyectos y líneas de investigación.

La tesis de que debe controlarse el tamaño y complejidad de
los trabajos de grado de las carreras, así como su tiempo
de realización, no tiene por qué usarse para afectar
negativamente la iniciación de los estudiantes en la
investigación ni la calidad de los programas que se
imparten.

El empleo del sistema de créditos puede servir para medir
el peso de cada asignatura en el trabajo del estudiante, lo
que resulta útil de varias maneras. Pero los créditos
también pueden tener el propósito condenable planteado en
el TLC de facilitar la conversión de la educación superior
en una mercancía destinada a ser controlada por las
transnacionales del sector, cuya mayor presencia en el país,
según los documentos de la reforma, hace parte de
“tendencias inevitables”[6].

Y puede compartirse la idea de diferenciar “entre gobierno
académico y administración universitaria”, de manera que en
el trabajo del rector y los decanos gane importancia su
dedicación a los asuntos académicos. Pero al respecto hay
que advertir que la administración debe quedar sometida a
los intereses y al poder colegiado de la academia y no al
revés, riesgo que es mayor donde las concepciones
neoliberales predominan, pues puede conducir al empleo de
criterios vulgarmente gerenciales y autoritarios que
lesionen el derecho de agremiarse y las libertades de
cátedra e investigación.

2. Silencio explicable

Mientras el documento firmado por Marco Palacios suaviza el
origen de la reforma, el que redactó el asesor externo
Leonardo Villa, “con base en los lineamientos” del rector,
sí plantea con toda franqueza que de lo que se trata es de
adecuar la Universidad Nacional de Colombia al mundo
neoliberal[7], aunque, como es de esperarse, no emplea esta
connotación, pues la palabra neoliberal es otra más en
trance de ser proscrita por quienes controlan el país.
Incluso, porque su texto tiene no poca retórica que suena a
crítica al modelo de economía y de relaciones
internacionales que se viene imponiendo, allí se afirma que
“El proceso de globalización da un significado más
dramático a esa misión (la de la Universidad), sobre todo
en sociedades como las nuestras que ven comprometido el
bienestar de la población, su identidad, autonomía y
viabilidad con la ineludibles presiones de integración
económica”[8].

Pero no obstante la frase anterior, la propuesta del rector
tiene la imperdonable carencia de índole académica de
omitir su criterio sobre lo que va a suceder en Colombia
con la globalización neoliberal, de manera que pueda
discutirse cómo y por qué, según él, debe adecuarse la
Universidad a ella. Y obsérvese que al respecto ni siquiera
se le exige que rechace el proyecto neoliberal, sino que
explique qué espera de éste, para que pueda evaluarse si su
reforma se corresponde o no con su objetivo.

De otra parte, dentro de lo que Palacios llama “los
desafíos del presente”, nadie, y menos en la academia,
debiera evadir preguntarse: ¿va a florecer la economía
nacional? ¿Colombia va a participar de la actual
globalización con productos de alta tecnología? Algún día,
¿la producción colombiana va alcanzar los altos niveles de
complejidad de los países civilizados? ¿En qué campos del
conocimiento complejo les da espacio el neoliberalismo a
países como el nuestro? ¿Para procesos de qué nivel debe
crear y transmitir ciencia y conocimientos la Nacional?
¿Requiere el modelo económico globalizador de universidades
de alto nivel en países como Colombia? Incluso, ¿necesita a
las universidades públicas? Y, específicamente, ¿a la
Universidad Nacional de Colombia?

Teniendo en mente la vana ilusión de propiciar el debate
sobre las anteriores preguntas con el doctor Palacios,
discusión que, a mi juicio, es la principal, creo que hay
elementos de juicio suficientes para una afirmación que no
es gratuita y que debe afrontarse con seriedad tanto
académica como política: las imposiciones del Fondo
Monetario Internacional y el gobierno de Estados Unidos
conducen a Colombia hacia el desmejoramiento de su sistema
educativo.

Porque, en primer término, la política económica que le
dictan al país impone, ahora más que nunca, especializarse
en la exportación de materias primas agrícolas y mineras y,
cuando mucho, de bienes manufacturados por industrias
maquiladoras, las cuales son, por definición, intensivas en
mano de obra barata y de bajo nivel tecnológico. Incluso,
es evidente que el TLC con Estados Unidos no busca otro
propósito que hacer inmodificables las medidas regresivas
definidas en Colombia desde 1990, entre ellas las de
privatización de la educación pública, así como lograr la
radical profundización del neoliberalismo. ¿Propiciará el
TLC producción de punta en el país si, al mismo tiempo, le
impondrá aranceles de cero por ciento a lo importado y,
mediante el endurecimiento del sistema de propiedad
intelectual, fortalecerá el monopolio científico y
tecnológico de las transnacionales? Son muchos los análisis,
publicados en una literatura que crece sin cesar, que
permiten asegurar que la globalización neoliberal condena a
los colombianos y a los habitantes de países similares a
sobrevivir con unos aparatos productivos de pacotilla.

De otra parte, no hay la menor duda acerca de que existe –
tiene que existir– una relación entre el aparato productivo
al que aspira una sociedad y el sistema educativo que
dentro de ella crea y transmite conocimientos. Sería un
absurdo dotar a los Nukak Makú, dicho sea con todo respeto
por ellos, de un laboratorio de biotecnología. Entonces,
cabe la pregunta: ¿qué aparato educativo debe tener una
nación con una economía sumida en el atraso? Y la respuesta
neoliberal es obvia: pues uno igual de mediocre, dado que
puede hasta aparecer como un despropósito crear y
transmitir ciencia y conocimientos del más alto nivel en un
país condenado al estancamiento tecnológico, pues ello
conduciría a quienes así se formaran a tener que emigrar o
a emplearse por debajo de su nivel de conocimientos. ¿Será
por esto que al rector le preocupa que la Nacional esté
“entregando un profesional que supera los requerimientos
del mercado”?

Y es sabido que en la globalización neoliberal las llamadas
“ciencias sociales” no tienen cabida sino como simples
instrumentos del pensamiento único que se impone,
pensamiento que en Colombia no refleja otra cosa que la
ideología de dominación del mayor imperio de la historia de
la humanidad, el cual se impone con tanta agresividad y
descaro que incluso condena al ostracismo a quien se atreva
a usar la categoría imperialismo norteamericano. ¿Podrá
haber algo más vergonzoso que los “análisis” sociales y
políticos que los imperios les imponen a los nativos que
laboran como sus intelectuales en sus colonias?

Por todo esto, e incluso desde antes de 1990, las
mentalidades más reaccionarias del país han pugnado por la
privatización de la educación, la cual es dañina porque,
como tantas veces se ha explicado, se opone al derecho
democrático de los más débiles de acceder a mejores
condiciones de vida y de trabajo y porque, según se conoce
menos, genera un aparato educativo mediocre en razón de que
la educación de alto nivel es de altos costos y estos no
pueden sufragarse mediante matrículas, pues aparece la
contradicción insoluble de que ellas son muy costosas a la
hora de pagarse, pero resultan ser muy baratas cuando se
trata de financiar buenas instituciones.

Si de algo debe hacerse conciencia es del cambio de
paradigmas que implica el neoliberalismo en un país como el
nuestro. Antes de su imposición, por la demagogia de unos y
la confusión de otros, quienes dirigían a Colombia hablaban
de un proyecto de desarrollo que debía conducirla a
parecerse, así fuera en un futuro remoto, a los países
capitalistas desarrollados. Y algunos de los elementos
positivos de la organización de la actual educación pública
colombiana se explican por esas concepciones. Pero ahora
más que nunca el país ha caído bajo el control de una
minoría que carece de todo proyecto de progreso nacional
serio, que incluso hace mofa de esa posibilidad y que con
notoria desfachatez sostiene que los colombianos estamos
condenados al subdesarrollo porque así lo determinan los
intereses estadounidenses, ante los cuales se prosternan a
cambio de que los conviertan en sus intermediarios.

3. Más necesidades y menos recursos

Es conocida la decisión del gobierno que preside Álvaro
Uribe Vélez de llevar hasta el extremo la política de
estrangulamiento financiero de las universidades públicas.
A la vista están el énfasis en los créditos educativos
mediante los cuales el Estado le sustrae recursos a la
educación superior pública y se los traslada a la privada,
la fórmula maquiavélica que pone a las universidades
oficiales a pelearse entre sí por unas platas que son de
todas maneras insuficientes y el Decreto 3545 que
reglamenta el Plan Nacional de Desarrollo e inicia un
proceso de reducción sistemática de los recursos año tras
año. A tanto llega lo que se pretende, que hasta se
modificó la ley de quiebras de las empresas para que ella
pueda aplicárseles a las universidades públicas del país.

En los documentos que explican la reforma de la Universidad
se reconoce, así sea de paso, la escasez de los recursos y
la tendencia a una cada vez mayor precariedad, pero no se
dice nada sobre cómo solucionar dichos problemas, salvo por
alguna frasecilla con la que se intenta cubrir las
apariencias y las conocidas fórmulas de autofinanciación y
reducción del gasto propias de la privatización. Por
ejemplo, se dice que “la UN debe establecer una estrategia
para que la financiación de la investigación aumente y sea
sostenible”, de donde se concluye que deberá “encontrar la
manera de constituir fondos internos por medio de subsidios
cruzados sistemáticos provenientes, por ejemplo, de las
actividades de extensión, de excedentes y rendimientos
financieros y de la racionalización de la
administración”[9]. O, por ejemplo, podría pensarse, de las
mayores matrículas que se cobran en los postgrados, que se
asemejan a las de las universidades privadas, y del recorte
que pueda hacerse en la nómina de profesores.

¿Habrá alguien que conociendo la Nacional no sepa que la
falta de recursos ha entorpecido su desarrollo y que sus
limitaciones económicas no se resuelven abriendo un hueco
para tapar otro? Se cae de su peso que sin aumentar los
aportes públicos, la Universidad no puede ofrecer lo que
hoy ofrece y, además, agregarle lo que propone el rector, a
no ser que se sacrifique la calidad de lo que hay o se
suban las matrículas.

Para empeorar las cosas, el estrangulamiento presupuestal
de la Universidad debe ir aparejado con la ampliación de la
cobertura, de acuerdo con las indicaciones del Banco
Mundial, según explica Leonardo Villa, quien agrega que la
actual rectoría pretende cumplirle al gobierno de Uribe
Vélez en este aspecto “elevando las tasas de promoción y
graduación”[10]. Y la ampliación de la cobertura
sacrificando la calidad, tan cara a las prácticas
politiqueras del uribismo, ya se impuso en el Sena y en los
subsidios de vivienda.

4. El centro del debate

Como el propio Marco Palacios lo dice, “la propuesta más
controvertida” es la de reducir el tiempo de duración de
las carreras, propuesta que justifica con el argumento de
que así es en Europa y Estados Unidos, de donde deduce la
afirmación ya citada de que “quizás estemos ‘enseñando
demasiado’”.

Es innegable la importancia de tener en cuenta la
experiencia estadounidense y europea en este y otros
aspectos, pero ella no basta para proponer un cambio de ese
calibre, dadas las enormes diferencias entre las partes, y
más si esa experiencia no se analiza y demuestra como
correcta para Colombia sino que se expone como criterio “de
autoridad”, que como tal se supone que no requiere
demostración. Pero ¿son semejantes los niveles de formación
con que los estudiantes llegan a la universidad? Más aún:
¿se parece en algo el aparato productivo al que se vinculan
allá y aquí los recién graduados? Por ejemplo, ¿pueden los
egresados en electrónica en Colombia vincularse a
organizaciones de investigación como las de IBM y Ericson?
Y, en especial, ¿tendrán todos los graduados del más corto
pregrado que se les propone a los colombianos la
posibilidad de continuar formándose en un posgrado como
ocurre en Estados Unidos y Europa?

Si algo debiera caracterizar a los intelectuales
colombianos es una actitud analítica frente a la
experiencia extranjera, de manera que a partir de criterios
de base científica se imite lo que efectivamente le sirva
al país, pero lo que no cumpla tal propósito, pues no, por
la simple razón de que podría ser dañino, como lo muestran
los muchos ejemplos de cosas que se hacen aquí porque
suceden allá, pero que lesionan a Colombia. Para la muestra,
un botón: mientras los países desarrollados soportan sin
mayores problemas una gran apertura a las importaciones,
esa misma política, como se sabe de sobra, deja a Colombia
en la barbarie científica y tecnológica.

Además, es una astucia que no debiera tener cabida en el
debate académico que se proponga desmejorar la formación en
el pregrado aduciendo que el resto de la formación se
conseguirá en los posgrados, pero que se silencie que esas
especializaciones se ofrecen y ofrecerán en la Nacional con
costos similares a los de las universidades privadas, lo
que le quita toda posibilidad de especializarse a un
porcentaje enorme de sus estudiantes.

Entonces, lo que en realidad sucederá al reducirse el nivel
de formación del pregrado de los estudiantes de la
Universidad es que estos no podrán ser, según afirma el
rector, profesionales formados por encima de “los
requerimientos del mercado”, para dejarlos por debajo de
dichos requerimientos, al menos frente a los competidores
de otras universidades que no degeneren sus pregrados o que
sí cursen posgrados. Si ello llega a ocurrir, los graduados
en las carreras más cortas de la Nacional comprobarán que
las famosas competencias en las que los adiestraron, y con
las que les sustituyeron una formación con mayores
fundamentos, no les permitirán competir con otros
profesionales que serán tan diestros como ellos en algunas
prácticas, pero que además tendrán una mayor formación en
los conocimientos básicos de las carreras. Y es obvio que
al final, en los promedios que resultarán, habrá caído el
aporte de la Universidad Nacional a la sociedad colombiana

La otra propuesta inaceptable de la reforma consiste en
sustituir profesores de tiempo completo por catedráticos,
tras la carnada de aumentar el número de los de dedicación
exclusiva, propuesta que, denle las vueltas que le den,
tiene como fondo, en el mejor de los casos, reducir gastos
en docentes de tiempo completo al reemplazarlos por los de
cátedra, con el propósito de tener con qué gastar más en
mantener o incrementar en algo los de dedicación exclusiva.
Y digo que en el mejor de los casos, porque en el peor
podrían aumentar los catedráticos sin que se incrementaran
los de dedicación exclusiva, lo que no sería sorprendente
si se recuerda lo que ya viene sucediendo en la Universidad
con el aumento de los llamados profesores “ocasionales”, el
incremento de sus problemas financieros y las concepciones
neoliberales.

El argumento de que los catedráticos que sustituirán a los
profesores de tiempo completo serán “muy especializado(s) y
(de) alta reputación”, como los embellece el rector,
incluso si fuera cierto, no significa que ese cambio no
lesionaría lo que hoy es una de las grandes fortalezas de
la Nacional: que un a