Comunicado de la oficina de los Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala

Ante la inminente ratificación por parte del Congreso de la República del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Guatemala y en el marco sociopolítico actual, la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado a la opinión pública nacional e internacional manifiesta:

Que el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Guatemala no puede ser planteado como un modelo de Desarrollo Económico del País debido a las condiciones de seria desigualdad económica, tecnológica, educativa entre ambos países.

Que el Tratado de Libre Comercio tal como está planteado significa poner en grave peligro la economía de subsistencia de grandes sectores de la población como los pequeños y medianos empresarios, los trabajadores y los sectores tradicionalmente excluidos de la economía: desempleados, adulto mayor, personas con discapacidad, etc.

Que las medidas paliativas que el Congreso de la República propone, los llamados compensadores sociales, no son más que recursos retóricos que vienen a sumarse a un conjunto de leyes existen en el país, que no se cumplen y no se transforma en acciones reales debido a la debilidad del Estado de Derecho y a los intereses de los poderes fácticos del país.

Que en este marco de la realidad, las expresiones políticas de los diferentes sectores tienen total vigencia en tanto que son manifestaciones legítimas de defensa de sus derechos ante la inminente aprobación por parte del Congreso de la República del Tratado de Libre Comercio.

Que nuevamente el Gobierno de Oscar Berger y de la GANA, criminaliza la protesta social y los legítimos reclamos de la población, situación que no es novedosa y que se observa como una tendencia de control social, de negación del diálogo y de prepotencia ante las demandas de la población (Nueva Linda, Los Encuentros, entre otros).

Que desde el día ocho de marzo, día internacional de la mujer, el Gobierno ha respondido a las manifestaciones y expresiones populares con el recurso de la represión.

Que el día de hoy, nueve de marzo, se evidencia como la respuesta del Gobierno ante los reclamos de la población, es la violación al Derecho de Libre Locomoción, de Asociación, de Libre Expresión del Pensamiento, y nuevamente de uso desproporcionado de la fuerza.

Ante esta situación,

Hacemos responsable al Gobierno actual, al Gabinete de Seguridad de las medidas represivas que llevaron a la agresión física, detención ilegal, disolución de manifestantes de manera violenta y de las consecuencias que estos hechos tengan, para el legítimo ejercicio de los derechos individuales y políticos.

Tal como lo declara la Constitución Política de la República, creemos que la medida más pertinente a tomar, es la Consulta Popular como mecanismo de consulta previa a la ratificación del Tratado de Libre Comercio.

Hacemos un llamado al Gobierno y el Congreso de la República para que en sus decisiones priven los intereses nacionales y el bienestar de la población antes que los intereses transnacionales y de los sectores económicamente poderosos.