En el año 2002, el Congreso de Estados Unidos expidió la conocida
Trade Promotion Authority (TPA) o Autoridad para la Promoción
Comercial que está en el U. States Code, capítulo 24, en el título
19, relativo a los impuestos aduaneros, por la cual se dictan las
normas para la realización de los Tratados Bilaterales de Libre
Comercio.

Las motivaciones del TPA, consignadas en la sección 3801, son: (i)
que la expansión del comercio internacional es vital para la
seguridad nacional de los EE.UU. y por ello cataloga los
propósitos de los acuerdos comerciales iguales "a los de los
pactos de seguridad instrumentados en la Guerra Fría" porque
fomentan "democracia y paz", (ii) que la seguridad nacional
estadounidense depende de su seguridad económica y que ella
obedece a acuerdos "que maximicen oportunidades" para sectores
como informática, telecomunicaciones, bienes de capital y equipo,
servicios, agricultura, tecnología ambiental y propiedad
intelectual, (iii ) que la expansión requiere estabilidad
normativa sin modificar "derechos y deberes" de los países socios.

En cuanto a los objetivos de los TLC's establece en la sección
3802: Obtener acceso recíproco a mercados más abiertos, eliminar
las barreras que disminuyan las oportunidades a las mercancías
gringas, en particular las barreras fundadas en aranceles o las
que se causen por intervención estatal, fortalecer los
procedimientos para solución de controversias (en especial las del
sector privado con el Estado), promover el pleno empleo en los
Estados Unidos, obtener beneficios recíprocos en la liberación
comercial, reducir los obstáculos, bien por regulaciones o bien
por disposiciones que nieguen el trato nacional, que se levanten a
los oferentes privados en la prestación de servicios, y como
primer objetivo estipula la afirmación de altos niveles de
protección para la inversión, similar al de los principios legales
de Estados Unidos.

En la protección al capital estadounidense por fuera de las
fronteras se exige el trato nacional, la plena libertad para
transferir fondos y utilidades, descartar todo requisito exigible
o control al inversionista y prescindir de lo que llaman "reclamos
frívolos" (de los ciudadanos, o el Estado); y también incluye un
decálogo completo de reglas para proteger los "derechos de la
propiedad intelectual", incluyendo la adopción de los mecanismos
legales, tanto civiles como penales contra los transgresores, que
garanticen tal protección. Así mismo, acota que en el "comercio
electrónico" se fije el compromiso de la plena libertad mercantil
para los bienes enviados. En cuanto a la agricultura, una materia
que tiene objetivos aparte, el TPA dictamina que lo primero es
obtener "oportunidades competitivas" (¿ventajosas?) para sus
exportaciones agrícolas en los mercados extranjeros, enfatizando
tanto en las que vienen de los cultivos y en los bienes procesados.
Esas "ventajas" dispone lograrlas por la "eliminación, para cierta
fecha, de los aranceles que impidan las exportaciones de Estados
Unidos", pero permitiendo "los programas que ayudan a las familias
de granjeros y a las comunidades rurales" (o sea los famosos
susidios internos) y no aceptando que se remarquen los productos
de biotecnología (o transgénicos). Agrega que, cualquier concesión
otorgada a una contraparte en este campo, debe consultarse a las
respectivas comisiones del Congreso, en donde se hace la verdadera
transacción.

Quien sepa sin mucho detalle de las negociaciones que se adelantan
para el TLC de Colombia con Estados Unidos, incluidas las de la
ronda de Cartagena, se percatará con facilidad que lo que se está
concretando en los textos y "acuerdos preliminares" es el
mismísimo TPA, con puntos y comas. Que en el tratado no se está
consignando ninguna voluntad expresa de Colombia o de los países
andinos sino que su "contribución" en esas rondas es algo
adjetivo al formato TPA que el Imperio está rubricando por todo
el orbe de países pobres. Es evidente que las publicitadas
negociaciones no pasan de ser una pantomima, que se ejecuta para
sembrar en la opinión la sensación de un ejercicio soberano;
cuando, de hecho, es un acto de reverencia, como el de los
contratos feudales de vasallaje y adhesión.

A este sistema George W. Bush lo llama "exportación de la
libertad" cuando es, de verdad, importación de la esclavitud, de
dejar la parte del ratón para las colonias, las cuales en sus
Constituciones adoptarán, sin que la mayoría de los ciudadanos lo
perciba, al TPA como apartado sustancial. A eso se refiere el
"nada está acordado hasta que todo esté acordado", si todo está ya
acordado en el TPA.