El Tratado de Libre Comercio (TLC) de Costa Rica con Estados
Unidos es un instrumento jurídico para la administración del
intercambio de bienes, servicios y factores de producción entre
los dos países.

En lo fundamental, el TLC incluye dos categorías de acuerdos. Una
primera categoría incorpora aquellas disciplinas relacionadas
directamente con el comercio y las inversiones, es decir, las
normas que regulan de manera específica el acceso a los mercados:
aranceles, cuotas, procedimientos aduaneros, medidas sanitarias,
etc.

En la segunda categoría están los acuerdos que tienden a modificar
las relaciones de producción y las estructuras de mercado, que
tienen características propias en cada país y se desarrollan
dentro de un determinado marco institucional: política económica,
propiedad intelectual, estándares laborales y ambientales, etc.

La razón por la que se incluye esta segunda dimensión de acuerdos
es porque el comercio se ve afectado por las especificidades de
las estructuras productivas y por la forma en que funcionan los
mercados. Esas particularidades se reflejan tanto en el precio de
los bienes y servicios como en la mayor o menor participación que
puedan tener en la oferta y la demanda de un país las empresas y
personas del otro país.

Desde luego, los acuerdos para modificar las estructuras
productivas y el marco institucional de los mercados también
alteran los esquemas distributivos del ingreso y la riqueza en los
países. Es por ello que se señala, con toda propiedad, que el TLC
no es neutro, sino que redefine ganadores y perdedores.

Si eso es así y la estructura productiva, el marco institucional y
el esquema distributivo de Costa Rica se verán modificados por el
TLC, entonces resulta fundamental poder evaluar adecuadamente las
ventajas y desventajas de esos cambios. ¿En qué nos benefician y
en qué nos perjudican?

Desafortunadamente, existen grandes dificultades conceptuales para
poder evaluar "objetivamente" el TLC con Estados Unidos. Dos de
esas dificultades tienen que ver con el ámbito de referencia de la
evaluación y con la ponderación que se les conceda a los aspectos
positivos y negativos.

Así, no es lo mismo un análisis sectorial que tome en cuenta los
intereses empresariales, que una valoración desde el punto de
vista macroeconómico que considere el efecto del TLC sobre las
cuentas fiscales, la balanza de pagos, el crecimiento y el empleo.

Aun en la dimensión sectorial-empresarial, ¿cómo apreciar y
comparar correctamente los beneficios esperados en una actividad
con las pérdidas posibles en otra rama productiva? ¿Cómo juzgar
las ganancias de los textileros o los azucareros en relación con
los quebrantos de los arroceros o los porcicultores?

Los resultados también podrían ser diferentes si la evaluación no
solo examina los aspectos económicos, sino también el impacto
social y distributivo, especialmente si se considera que mayores
inversiones y exportaciones no necesariamente se reflejan en menor
pobreza y reducción de la desigualdad.

Finalmente, ¿cómo valorar la apertura del mercado de
telecomunicaciones y de seguros? ¿Es positivo porque permitiría
mayor competencia o es negativo porque pone en riesgo una historia
solidaria de servicios de acceso universal?

Si a estas dificultades conceptuales para evaluar "objetivamente"
el TLC añadimos la insuficiencia de información básica, la
distorsión y manipulación interesada de cifras, la carencia de
estudios razonablemente serios sobre impacto económico y social y
la incertidumbre respecto al futuro de acuerdos comerciales
actualmente vigentes con Estados Unidos, verdaderamente nos
enfrentamos a una situación nebulosa en que la decisión sobre el
TLC se sustentará en concepciones ideológicas, intereses y
sentimientos y no en criterios sólidos y consistentes.

Ante esa realidad, yo quiero votar el TLC. Exijo que se me permita
hacer uso del derecho que me otorga la Constitución Política de
votar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos en un
referendo. No quiero delegar esa responsabilidad, que compromete
el presente y el futuro de los míos, a 57 diputados cuyo voto no
será objetivo sino ideológico e interesado y que, además, sobre
este tema no me dijeron absolutamente nada en la anterior campaña
electoral.

Si el TLC constituye un hito para el desarrollo futuro de nuestro
país, debemos ser todos y cada uno de los costarricenses los que,
por la vía democrática del voto, decidamos en un referendo nuestro
futuro.

Por eso, señalo hoy e insistiré mañana, yo quiero votar el TLC.

* Juan Manuel Villasuso. Catedrático de la Universidad de Costa
Rica y ex ministro de Planificación y Política Económica.