Desde el 5 de diciembre de 2004, nosotros, representantes de más de 200 organizaciones campesinas, de trabajadores agrícolas, mujeres, pueblos indígenas, organizaciones para los derechos humanos, organizaciones no gubernamentales, instituciones académicas e instituciones públicas, de 70 países y cinco continentes nos hemos reunido en el Foro Mundial sobre la Reforma Agraria en Valencia, España.

Tras tres días de intercambio y debates, hemos concluido que las comunidades rurales y el campo están siendo sistemáticamente destruidos en todo el mundo y que la persistente crisis agraria tiene graves consecuencias sobre toda la humanidad. Después de identificar las raíces históricas y contemporáneas de la crisis, hemos elaborado estrategias para la reforma agraria basadas en las luchas de los pueblos y los principios de derechos humanos, y en la soberanía alimentaria.

A pesar de que la reforma agraria mantuvo un papel central en las agendas de organizaciones internacionales y en las políticas de desarrollo de numerosos países durante la mayor parte del siglo XX, su perfil y sus logros disminuyeron durante las dos últimas décadas, a pesar de las tensiones que han surgido de la creciente pobreza, hambre, y conflictos por la tierra y los recursos naturales.

Hoy, personas de todo el mundo se encuentran confrontadas con dos modelos de agricultura, desarrollo rural y producción de alimentos. El dominante es el modelo agro-exportador, basado en la lógica neo-liberal y el libre comercio, la privatización y la mercantilización de la tierra, el agua, los bosques, la pesca, las semillas, el conocimiento, y la vida. Este modelo se guía por el impulso de lucro corporativo y la intensificación de la producción para la exportación, y es responsable de la creciente concentración de tierras, recursos, y cadenas de producción y distribución de alimentos y otros productos agrícolas en manos de un número reducido de corporaciones. El precio de las cosechas de alimentos y otros productos agrícolas recibido por los productores decrece constantemente por el “dumping” y otros factores; asimismo, disminuyen los ingresos de campesinos y trabajadores. Los precios para el consumidor, sin embargo, continúan incrementando. Este modelo es químico- intensivo y está causando daños incalculables al medio ambiente y a la salud tanto de productores como de trabajadores y de consumidores.

El modelo basado en la agricultura campesina y familiar, y en la soberanía alimentaria, por contrario, prioriza la producción local para los mercados locales y nacionales, rechaza el “dumping”, y utiliza prácticas de producción basadas en el conocimiento local. La experiencia muestra que este modelo es potencialmente más productivo por unidad de superficie, más compatible con el medioambiente y mucho más capaz de proporcionar una vida digna a las familias rurales, al mismo tiempo que les proporciona a los consumidores rurales y urbanos alimentos sanos, asequibles y producidos localmente. Sin embargo, el modelo dominante neo-liberal agro-exportador está empujando la agricultura familiar y campesina hacia la extinción.

Cerca de tres mil millones de personas viven en zonas rurales y muchas de ellas están siendo expulsadas violentamente de sus tierras y cada vez se ven más alienados de su sustento de vida. Reconocemos que la raza, las castas y la exclusión social, la cultura, la religión, el género y la clase económica han sido y continúan siendo incluso hoy factores muy poderosos que determinan quién tiene acceso y control sobre estos recursos y quién queda sistemáticamente excluido de ellos.

La expropiación de la tierra y de los recursos naturales de las poblaciones locales, y la acumulación y concentración de la riqueza en las manos de elites tradicionales y modernas ha sido un proceso violento. Las comunidades rurales, especialmente pueblos indígenas y grupos socialmente excluidos continúan estando sometidos a formas extremas de violencia física y económica por parte de actores estatales y no estatales como las corporaciones privadas y las elites terratenientes. Esta violencia ha aumentado hasta alcanzar niveles alarmantes que pasan por la persecución política, represión, encarcelación, asesinatos, masacres e incluso genocidios en el caso de algunos pueblos indígenas. La privatización de las fuerzas armadas y de seguridad, que protegen únicamente los intereses de los poderesos, ha exacerbado las múltiples formas de violencia existente. Algunos mega-proyectos como grandes embalses, proyectos de infraestructuras, industria de extracción y el turismo han desplazado a las poblaciones locales y han destruido el tejido social y la base de los recursos de los que dependen sus vidas. La ocupación brutal de Palestina, y las guerras en Iraq y Afganistán son claros ejemplos de la violencia sistemática perpetrada en contra de pueblos enteros con el fin de ganar control sobre sus territorios, riquezas naturales, culturas y sociedades.

Tanto en el Norte como en el Sur, la destrucción de sistemas de producción agrícola, el desplazamiento provocado por proyectos, las condiciones laborales deterioradas y la inmigración desesperada han tenido un impacto particularmente grave en las mujeres y los jóvenes. A los jóvenes se les niega la capacidad de trabajar en la tierra y tener formas dignas de empleo. En el caso de las mujeres la penuria creada por el desarrollo del modelo neoliberal agrava la discriminación tradicional que impide que las mujeres tengan acceso y control sobre los recursos naturales. Las mujeres son sometidas a formas específicas de violencia como el encarcelamiento, la violación y la violencia sexual como resultado de reclamar sus derechos a la tierra El modelo de agro-exportación está anclado en los programas de ajustes estructurales del Banco Mundial y del FMI, y en el régimen de libre comercio impuesto por la OMC. La promoción de la propiedad privada individual a través de los catastros de tierras y los títulos alienables ha acelerado la mercantilización de la tierra. Las políticas de acceso a la tierra basadas en el mercado y promovidas por el Banco Mundial y los donantes bilaterales han conducido al fuerte endeudamiento de campesinos y campesinas pobres y a la reconcentración de la tierra en manos de élites tradicionales y modernas. Al mismo tiempo, el estado ha retrocedido en la redistribución de tierra y ha abandonado su obligación de ofrecer servicios básicos como la sanidad, educación, seguridad social, protección para los trabajadores, sistemas públicos de alimentación y apoyo comercial para los pequeños productores. A cambio, los gobiernos han decidido implementar las políticas neoliberales exigidas por las instituciones financieras internacionales, donantes bilaterales e inversionistas privados, y con frecuencia han usado medios violentos – incluyendo fuerzas armadas y milicias – para sofocar la resistencia de las comunidades campesinas e indígenas y los trabajadores contra la expropiación de sus recursos naturales y territorios.

La crisis agraria creada por el modelo de agro-exportación bajo el neoliberalismo es muy desalentadora. Sin embargo, los movimientos de campesinos, pescadores, pueblos indígenas y trabajadores rurales, y las comunidades racial y socialmente excluídas como las Dalits y Quilombolas están cada vez más vivos, mejor organizados y más sofisticados que nunca, y están activamente implicados en oponer resistencia al modelo destructivo y dominante. En el transcurso de la historia, los agricultores y campesinos, pescadores, trabajadores rurales y pueblos indígenas han desarrollado maneras de producir alimentos y de relacionarse con la naturaleza que se basan en el cuidado de la tierra, el agua, las semillas, los animales y la propia vida. A medida que el modelo de desarrollo dominante avanza a través del campo, los diferentes movimientos retoman la memoria de sus pueblos de lucha contra la opresión, reafirman sus raíces y sus culturas de la vida y se preparan y capacitan para organizarse, y para luchar y construir las alianzas que se necesitan para conseguir una reforma agraria auténtica adaptada a las necesidades de cada pueblo y país.

Frente al desastre que está generando el modelo dominante, proponemos un modelo alternativo de soberanía alimentaria para los pueblos basado en los derechos de mujeres y hombres agricultores, trabajadores rurales y pescadores para que puedan producir alimentos para sus propios mercados locales y nacionales, con acceso y control sobre sus propios territorios, incluida la tierra y los recursos naturales. La soberanía alimentaria de los pueblos garantiza el derecho de cada persona a alimentos a precios asequibles, sanos, seguros, apropiados a la cultura, nutritivos y producidos localmente, y a vivir en dignidad.

Como un paso hacia la soberanía alimentaria de los pueblos, exigimos urgentemente la aplicación eficaz del Artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos , de los Artículos 1, 2 y 11 del Pacto Internacional de Derechos Económinos, Sociales y Culturales , y de los Artículos 55 y 56 de la Carta de las Naciones Unidas para que el derecho humano a la alimentación se convierta en una realidad y para proteger y garantizar el acceso a los recursos naturales. Para garantizar los derechos de los pueblos indígenas a sus tierras y territorios exigimos de nuestros gobiernos la aprobación, ratificación y efectiva implementación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. La realización de los derechos humanos debe ir más allá de la noción de derechos individuales y asegurar también la realización de los derechos colectivos de las comunidades y los pueblos.

Una reforma agraria redistributiva y conducida por el estado es un elemento clave del modelo de la soberanía alimentaria de los pueblos y una medida crucial para la realización de varios derechos humanos como el derecho a la alimentación, a vivienda, a trabajo, a participar de la vida cultural y disfrutar de la cultura propia, a participar en la dirección de los asuntos públicos, y de los derechos ambientales. . Por estas razones los gobiernos y la sociedad deben darle un lugar primordial en la agenda de desarrollo. Los programas de la reforma agraria actual deben garantizarles a las campesinas y los campesinos, a las trabajadoras y los trabajadores rurales, a los pueblos indígenas, y a las comunidades excluídas racial y socialmente , el acceso y control sobre la tierra, el agua, las semillas, los bosques, la pesca y los medios de producción (financiación y capacitación), distribución y comercialización. Además, las reformas agrarias deben garantizar la seguridad de la tenencia de la tierra y los recursos, el libre acceso al conocimiento y la tecnología, apoyar el uso de la tierra para fines productivos y evitar la reconcentración territorial. Las reformas agrarias deben asegurar a las mujeres plena igualdad de oportunidades y de derechos a la tierra y a los recursos naturales, y deben reparar la discriminación y las desventajas sociales a las que las mujeres han sido sometidas. La juventud debe contar con oportunidades apropiadas para un futuro digno. Las reformas agraria tienen también que reconocer y realizar efectivamente los derechos de los pueblos indígenas a sus territorios, así como restituir los territorios que les hayan sido arrebatados.

Hacemos un llamamiento a nuestras organizaciones, nuestras alianzas y nuestra sociedad para:

1. ¡Reconocer la tierra como un bien común de los pueblos !

2. ¡Trabajar juntos para sacar a la OMC y otros acuerdos de comercio e inversión fuera de la alimentación y la agricultura!

3. ¡Oponernos tajantemente a las políticas de tierra y desarrollo rural del Banco Mundial!

4. ¡Rechazar y actuar urgentemente contra la violencia que está siendo perpetrada contra los pueblos rurales y otros pueblos para silenciar su organización y su resistencia!

5. ¡Combatir y prevenir la violencia contra mujeres y las niñas y los niños tanto en el hogar como en sus propias comunidades!

6. ¡Organizarnos contra las continuas guerras y ocupaciones militares que les roban a los pueblos su soberanía alimentaria y su auto-determinación!

7. ¡Oponernos a la privatización y la comercialización de la vida a través de las patentes y la ingeniería genética! ¡No a la privatización del conocimiento y de la ciencia!

8. Reconocer que una reforma agraria auténtica no es posible sin relaciones de género equitativas. ¡Apoyemos la realización de los derechos de las mujeres a la tierra y a los recursos naturales en todas nuestras luchas!

9. ¡Defender activamente los procesos existentes de reforma agraria efectiva, incluidos los asentamientos creados en todo el mundo mediante la ocupación de la tierra y otras formas de desobediencia civil activa que defienden mantener los recursos naturales en manos de los pueblos!

10. ¡Fortalecer los movimientos de mujeres, construir alianzas entre los movimientos sociales del campo y la ciudad, y movilizar en contra de los sistemas de exclusión racial, social, de género y económica que no sólo impiden, sino que reprimen violentamente todos los intentos de realizar los derechos a la tierra y el territorio y las reformas agrarias genuinas!

11. ¡Trabajar juntos traspasando fronteras y regiones para construir ejemplos exitosos de soberanía alimentaria de los pueblos a nivel local y nacional!

Por un Mundo sin Hambre

Otra Agricultura ¡Reforma Agraria Ya!