Tratados de Libre Comercio y Estado de Bienestar en Canadá

2005-01-11 00:00:00

El Estado de Bienestar, canadiense, se estableció en respuesta
a la crisis económica de los años '30, que demostró que un
mercado sin regulaciones ni apoyo del Estado creaba grandes
desequilibrios y causaba desastres sociales. Se acordó entonces
que el Estado debía jugar un papel más importante en la
economía, de acuerdo a los principios keynesianos. Según la
Constitución, las políticas sociales son de competencia de las
provincias, de tal modo que el Estado federal utilizó poco a
poco las políticas sociales no solamente por cuestión de
justicia social, sino también como una manera de centralizar
poderes. También la conformación del Estado de Bienestar fue
aprovechada como uno de los elementos fundadores de la Nación
canadiense y de su identidad, que no era bien definida hasta el
momento.

Así, se acordó que la política social federal se iba a
desarrollar alrededor de 3 pilares, que son el seguro de
desempleo, servicio de salud pública y pensiones para los
jubilados. La esencia de esos programas reside en el hecho que
aseguran en contra del riesgo social, es decir: se considera
que el mercado tiene imperfecciones y que, por ejemplo, el
hecho de estar desempleado tiene raíces estructurales y no
resulta de la mera culpa individual, como lo pretenden los
ideólogos y defensores del neoliberalismo ahora. Por otra parte,
el Estado federal acordó emprender con las provincias programas
conjuntos, en los cuales se comprometía a gastar la misma suma
que las provincias en sus políticas sociales. En cambio, las
provincias debían respetar las condiciones impuestas por el
gobierno federal, como la necesidad de atender
incondicionalmente a cualquier persona que solicite ayuda del
Estado, por lo cuál las políticas sociales eran de alcance
universal.

De esta manera, la economía canadiense pudo crecer y los
beneficios de este crecimiento los aprovechó la colectividad
canadiense, como lo demuestra el alza de todos los indicadores
no solamente económicos sino especialmente sociales.

Sin embargo, la crisis económica de principios de los ´80 trajo
consigo un cambio ideológico marcado en los modelos económicos
de desarrollo. Los apóstoles del neoliberalismo consiguieron
vender la idea que la crisis económica no era de naturaleza
coyuntural, sino más bien estructural, por el agotamiento del
Estado de Bienestar y por las distorsiones que éste creaba en
la asignación óptima de recursos en el mercado. En Canadá, la
Comisión McDonald, encargada de encontrar las raíces de la
crisis económica del endeudamiento público y de proponer
soluciones, llegó a las mismas conclusiones en su informe de
1985: el Estado de Bienestar ya no era viable, por ser el
responsable de la crisis, por ello propuso reformarlo para
establecer las recetas neoliberales y hacer tratados de libre
comercio (TLC), a lo que se dedicó el gobierno Mulroney con la
firma del TLC con Estados Unidos en 1988, y luego con el
Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, en 1992,
que incluye a México.

Ahora bien, las consecuencias de los TLC sobre las políticas
sociales de Canadá todavía siguen siendo tema de debate. Hay
quienes dicen que esos tratados no tuvieron efecto sobre el
"modelo canadiense" de seguridad social. Dentro de éstos se
encuentran las administraciones sucesivas del gobierno
conservador (1984-1993) y liberal (1993-2004). De hecho, el
gobierno Mulroney (conservador) se enorgulleció de haber
conseguido que se preserve la esencia de la seguridad social en
el TLCAN. Así se refieren a los anexos 1 y 2 del TLCAN. El
anexo 1 especifica que todas las políticas sociales y servicios
públicos presentes el 1 de enero del 1994 (fecha de entrada en
vigor del tratado) no podrán ser objeto de comercio. En cuanto
al anexo 2, éste precisa que otras políticas sociales o
servicios públicos, cómo la salud, podrán ser implementadas
después de la entrada en vigor del tratado, siempre y cuándo
cumplen "fines públicos". Según los sucesivos gobiernos
canadienses, esas medidas constituyen un escudo muy fuerte que
protege la seguridad social.

Por otra parte, muchos han expresado dudas sobre el efecto nulo
de los TLC sobre la misión social del Estado. Primero, mucha
presión sobre la protección social reside en las demandas
repetidas del sector privado, respaldadas por el gobierno, de
bajar los impuestos para ser más competitivos. Obviamente, al
bajar los impuestos se reduce los fondos del Estado y así su
capacidad de implementar nuevas políticas sociales o servicios
públicos. Así, las reformas de la seguridad social en Canadá
fueron legitimadas sobretodo por la idea de que la
globalización y los TLC no dejaban otras rutas si el país
quería ser competitivo frente a sus contra partes.

Así que la posición oficial de Canadá fue algo contradictoria:
por un lado los TLC supuestamente no perjudicaban las
posibilidades de implementar políticas sociales, y por otro
legitimaron, entre otros, la reforma del seguro de desempleo,
basados en la necesidad de adaptarse y de poder competir con
Estados Unidos y México. De hecho, la reforma del seguro de
desempleo fue drástica: en 1989, 87% de los desempleados eran
elegibles a prestaciones, mientras que en 2000, solo lo eran el
36 %. También el monto y la duración de las prestaciones
reducidas. Otro ejemplo es la eliminación del programa conjunto
con las provincias para que éstas implementaran políticas
sociales. Solo en 1994 y 1995, más de 300 billones de dólares
canadienses (250 billones $US) en transferencias a las
provincias fueron recortados, por lo cuál tuvieron que eliminar
o reducir fuertemente sus distintos programas de protección
social. Esos ejemplos, que fueron legitimados con la necesidad
de competir con sus contrapartes del TLCAN, demuestran que si
el TLCAN no impide directamente que haya protección social,
igual ejerce una presión fuerte, hacía abajo, sobre ésas.

De otra manera, no es cierto que los anexos 1 y 2 del TLCAN
sean escudos imparables que protegen las políticas sociales.
Según el anexo 1 las políticas sociales y servicios públicos no
son objetos de comercio hasta que sean privatizadas, entonces
obedece a las reglas de tratamiento nacional y de nación más
favorecida, y finalmente, ya no se puede volver atrás, y si se
hace es a cambio de compensaciones muy costosas para el Estado.
De hecho, el TLCAN impide la implementación de políticas
sociales o servicios públicos más allá de lo que existía en
1994. Si bien el anexo 2 prevé que se puedan implementar
servicios públicos, si éstos cumplen un "fin público", los
especialistas abundan en que podría ser fácilmente impugnado
por abogados de firmas privadas por la ambigüedad del termino.
Un ejemplo muy claro de las limitaciones que impone el TLCAN
puede ser él del gobierno del ex Primer ministro de Ontario,
Bob Rae, quién quiso impulsar un sistema público de seguros
auto, como existe en otras provincias, pero finalmente abandonó
la idea por la certeza de que esa medida iba a ser impugnada
por las empresas de seguros estadounidenses, a las que se
hubiera tenido que pagar compensaciones muy costosas.

En fin, si los TLC firmados por Canadá no causaron directamente
el derrumbe del modelo canadiense de protección social, sí
sirvieron para justificar su reforma y para ajustar los
estándares sociales hacía abajo. Impiden, en buena medida, la
implementación de nuevos servicios públicos, por lo que los
derechos de los inversores extranjeros se sobreponen a las
decisiones colectivas democráticamente tomadas. A los
promotores del libre comercio les gusta afirmar que los que se
oponen a los acuerdos están en contra del progreso y promueven
un proteccionismo caduco. Considerando que incluso en el ámbito
económico el modelo está fracasando, y se ha demostrado que no
promueve el desarrollo, la situación es más preocupante ya que
ésos acuerdos van mucho más allá de lo comercial, por asegurar
la solidificación del modelo neoliberal e impedir cualquier
marcha atrás, so pena de costosas compensaciones que pagan los
ciudadanos con sus impuestos. Definitivamente, el término
"progreso" es relativo y depende de a quien se lo beneficie...

Reporte Diario
de noticias y análisis de tendencias
Guatemala, 13 de diciembre 2004 – Nueva Época número 643