La Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos ante
la eventual ratificación del Tratado de Libre Comercio entre
Centroamérica y Estados Unidos (CAFTA, por sus siglas en inglés)

En relación a la posible ratificación del Tratado de Libre
Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos (CAFTA, por sus
siglas en inglés), antes de que concluya el presente año y luego
de que el Órgano Ejecutivo hiciera llegar los textos de dicho
TLC a la Honorable Asamblea Legislativa el pasado 2 de
diciembre, como Procuradora para la Defensa de los Derechos
Humanos, en virtud de mi mandato constitucional de velar por el
respeto y garantía de los derechos humanos en el país y de
supervisar la actuación de la Administración Pública frente las
personas, así como de emitir opiniones sobre proyectos de ley
que afecten el ejercicio de tales derechos y de promover todas
las medidas necesarias en orden a prevenir violaciones a los
mismos (ordinales 1, 7, 9 y 10, art.194.I, Cn.), a las
autoridades correspondientes y a la sociedad salvadoreña,
EXPRESO:

1. Que desde el momento en que concluyeron las negociaciones
alrededor del CAFTA, hace aproximadamente un año, con la
firma de dicho acuerdo comercial por los diferentes
países intervinientes, lamenté que un instrumento de tal
naturaleza y magnitud para las posibilidades de
desarrollo y bienestar futuro de la población
salvadoreña, no hubiera contado con el debate y
participación necesarios para constituirse en un factor
de concertación y consenso alrededor de la agenda
económica y social que todas y todos anhelamos para
asegurarnos una mejor calidad de vida. La supresión en la
Asamblea Legislativa de una Comisión Especial para el
seguimiento de este tema, resulta un revés a toda
pretensión de superar un vacío tan delicado como el
señalado, al no haberse tomado en cuenta los resultados
de su labor en los últimos meses y justamente en el
momento en que su razón de ser cobraba mayor sentido.

2. Mi reiterada preocupación por lo limitado de los
mecanismos y espacios de información, pero sobre todo, la
ausencia de una amplia consulta y consideración efectiva
del oportuno aporte a los textos que realizaran
diferentes sectores interesados y especializados en
aspectos sensibles del Tratado, tanto en el momento de su
negociación como posterior a la firma del mismo.
Especialmente, hago referencia a la existencia de
fundamentados temores –expresados públicamente en
diversas oportunidades y en los últimos días a través de
medios periodísticos–, respecto a la falta de claridad de
las consecuencias reales que la vigencia del CAFTA tendrá
en importantes áreas, actividades y grupos poblacionales
y sociales, así como la ausencia de mecanismos eficaces y
transparentes para prevenirlas o revertirlas.

3. Que, en particular, la Procuraduría para la Defensa de
los Derechos Humanos ha realizado un serio análisis,
respaldado en estudios e informes de entidades como la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) e,
incluso, el Banco Mundial (BM), que reflejan fuertes
impactos en el derecho al trabajo y a la sindicalización
de un acuerdo comercial de este tipo –pese a la inclusión
de un capítulo relativo a aspectos laborales y
ambientales–, así como a la insuficiencia e inefectividad
del marco jurídico e institucional actual encargado de su
protección y defensa. Asimismo, no son pocas las dudas y
resistencias alrededor de la lógica injusta que priva en
el mecanismo de sanciones ante violaciones denunciadas
contra los derechos laborales y sindicales, que
finalmente no recaen sobre las empresas que las cometan
sino contra el Estado y, por tanto, de la ciudadanía que
tendrá que responder económicamente a ellas –vía
impuestos–, con lo que, de ninguna manera, se promueve la
erradicación de tales prácticas violatorias.

En virtud de lo anterior y ante el riesgo de que el CAFTA se
traduzca en un elemento nocivo a la paz social y al espíritu
democrático que debe regir la construcción conjunta de una
sociedad próspera, incluyente y que avance hacia la superación
de la desigualdad social en el país, en mi calidad de
Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos y bajo el
respaldo de mi mandato constitucional, me PRONUNCIO:

a) Por solicitar al Señor Presidente Constitucional de la
República, don Elías Antonio Saca, que instruya a las
autoridades correspondientes y a sus respectivos equipos
asesores, en especial, a aquellos que negociaron los textos
del CAFTA, para que brinden toda la información que
satisfaga, suficientemente, las dudas, temores y desacuerdos
existentes, no sólo de quienes aun habiendo participado y
aportado en las negociaciones no se sienten representados en
las decisiones tomadas, sino y, sobre todo, de aquellos
sectores excluidos de todo el proceso.

b) Por demandar a la Asamblea Legislativa y, en particular,
a su Comisión de Relaciones Exteriores que está conociendo
los textos referidos, que no apresure la ratificación de los
mismos sin contar con más respaldo que el de algunos
sectores empresariales, sino que genere la discusión y
consenso requeridos para evitar que, una posibilidad que se
abre para el país, degenere en fuente de inestabilidad y
confrontación social respecto a asuntos públicos de gran
sensibilidad que, por tanto, son de interés común y obligan
a una total transparencia y concertación.

c) Por recomendar a la misma Asamblea Legislativa no caer en
el error de ratificar el CAFTA sólo por contar con una
simple mayoría de votos, ya que un documento jurídico de tal
envergadura y que está relacionado con aspectos tan
sensibles para nuestra Nación, como el Territorio de la
República, la Integración Centroamericana y la Soberanía
Nacional -que cuentan con expresa protección
constitucional-, exige un mayor debate y discusión que
conduzca a encauzar a todas las fracciones políticas
representadas en el mencionado Órgano de Estado al análisis
de la conveniencia o no de su ratificación.

d) Porque esta Procuraduría reciba y conozca oficialmente
los textos y otros documentos relacionados con la entrada en
vigor del CAFTA, en los que se detallan los impactos
previstos en el desarrollo económico y social de nuestra
población, al constituirse este Tratado en un instrumento
jurídico que, por su naturaleza y norma constitucional al
respecto, se encontrará por encima de nuestra legislación
secundaria vigente –como el Código de Trabajo– y coexistirá
con la normativa internacional de derechos humanos que
también y al mismo nivel conforma el marco jurídico que debe
sujetarse a nuestra Constitución de la República. Lo
anterior, en razón de las facultades constitucionales y
legales que, al respecto, le han sido conferidas a la
Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.

En atención a lo anterior, reitero mi firme compromiso por
coadyuvar al mayor entendimiento y consolidación democrática de
las opciones que se le presentan a nuestro país para que, de
manera responsable, encuentren pronta y justa respuesta las más
sentidas aspiraciones de las salvadoreñas y salvadoreños por
alcanzar mejores y más dignas condiciones de vida.

San Salvador, 13 de diciembre de 2004.

Doctora Beatrice Alamanni de Carrillo
Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos