Los jefes de los equipos negociadores consideraron, al final
de la ronda de negociaciones del TLC en Tucson, que esta
había sido muy productiva y atribuyeron este positivo
balance al destrabamiento de la negociación agrícola y al
mejorar la propuesta norteamericana para el acceso de
productos industriales de los países andinos al mercado
estadounidense.

Nuevamente se engaña a la opinión pública, se le ocultan
hechos y se acomodan las interpretaciones. A pesar de que
los informes oficiales le han restado importancia e incluso
bajado el perfil de lo sucedido, afirmando que todo
transcurre normalmente dentro de los previsto, hay un gran
engaño a la opinión pública a la cual se le presenta la
negociación del tratado como un trámite normal sin mayores
incidencias y que trascurre de acuerdo a lo previsto. La
verdad es que la ronda de Tucson fue un episodio lamentable.

Los "avances" en el tema agrario

En medio de la hostilidad gringa con la que fueron recibidas
las delegaciones negociadoras de los países andinos, la
primera sorpresa que se encontraron fue que la negociación
en el tema agrícola había sido reducida unilateralmente a
dos días. La reuniones se limitaron a medio día con cada
país y, en lo que fue considerado una muestra de la "nueva
dinámica" impuesta a la negociación, otro medio día se
dedicó a una reunión conjunta.

Estados Unidos argumentó que consideraba que Colombia no
estaba lista para negociar el tema según dedujeron de los
análisis de la prensa de Bogotá. Los negociadores y los
gremios agrarios quedaron perplejos y no encontraron motivo
para la determinación, la cual según ellos era inexplicable.
Entonces la discusión se limitó a la consabida exigencia
norteamericana de eliminar la franja de precios y se acordó
que en la próxima reunión se abordarían los productos no
sensibles y se haría una "canasta de ideas" sobre los
géneros sensibles, entre los cuales el viceministro Arias de
Colombia incluyó solamente el maíz, sorgo, arroz y cebada,
dejando por fuera el trigo, la papa, el azúcar, los aceites
vegetales, la leche, la carne, la soua, el fríjol, el
algodón y los cuartos traseros de pollo. También quedó
pendiente nuevamente la definición de mecanismos de
salvaguardia específica para cada producto.

Lo que sucedió es que Estados Unidos sigue presionando y
vigilando cuidadosamente el comportamiento de las
autoridades colombianas, las cuales no han tenido más
remedio, ante las expresiones de resistencia e inconformidad
de los agricultores contra las importaciones y el malestar
social en las zonas agrarias, que adoptar temporales medidas
proteccionistas al tiempo que negocian la liberalización
completa del agro.

Efectivamente, en el Balance de la Gestión del año 2004, el
Ministerio de Agricultura señaló que "elevamos la protección
a la producción nacional para algodón, fríjol y pollo. Hemos
disminuido la importación de arroz, algodón, carne y leche"
y en otro aparte señaló que "para proteger el sector lácteo
mantenemos cerradas las importaciones de leche"; en octubre
21 de 2004 el ministro de Agricultura reiteró tajantemente.
"no se importará un solo grano de arroz durante lo que resta
del año ni durante 2005". Esto se justificó como una
protección ante la revaluación del peso que abarata las
compras externas. Para rematar el ministro añadió que el
Gobierno prorrogará la medida que dispone la prohibición de
importación de leche al país, la salvaguardia vigente que
limita las importaciones de azúcar y, además, que en breve
término se tomarán medidas especiales para limitar las
importaciones de algodón de fibra corta como la que produce
Colombia, solo permitiendo la entrada de algodones de fibra
media que necesita la industria y no se siembran en el país.
Igualmente el jefe de la cartera agropecuaria anuncio que
también fue prorrogada la medida que prohíbe la importación
de maíz blanco.

Muchas de estas medidas fueron tomadas tardíamente, solo
benefician parcialmente a los agricultores y representan un
intento gubernamental de disminuir la tensión en el campo,
intentando atajar protestas como la realizada el pasado 29
de noviembre por cerca de mil quinientos arroceros,
productores de cereales, paneleros y lecheros del centro del
país, que se tomaron la plaza de Bolívar después de desfilar
por la carrera séptima con sus tractores, combinadas,
semovientes y muestras de sus productos.

A esta clase de medidas se está renunciando cuando se está
intentando firmar el TLC con Estados Unidos ya que el país
perdería la facultad de adoptar disposiciones o normas que
defiendan la producción nacional y a sus agricultores. Por
eso, los negociadores gringos reclamaron al gobierno
colombiano su ambigüedad, su demagogia y en una forma casi
explícita le exigieron que "no le pusiera conejo" al
tratado.

Esta situación refleja que no es fácil firmar un acuerdo que
sentencia a muerte la agricultura nacional y con ella a la
ruina a los 12 millones de ciudadanos que habitan allí. El
sector agrícola produce el doble del empleo del sector
industrial y allí se encuentra productos gravemente
amenazados como la leche, el maíz, el arroz, el caña
panelera, la papa, la palma africana, que están entre los
10 que ocupan mayor área de siembra.

El gobierno ha reiterado que se negociará producto por
producto, lo cual implica el abandono de la franja de
precios y por ende que productos como aceite de palma,
aceite de soya, arroz blanco, trozos de pollo, azúcar
blanco, carne de cerdo y soya, entre otros perderían esta
protección.

En agricultura los negociadores colombianos habían anunciado
pomposamente que en Tucson concretarían avances reales, que
obligarían a los Estados Unidos a eliminar 14 subsidios a
las exportaciones y que ganarían "acceso real" al mercado
norteamericano resolviendo los obstáculos impuestos por las
medidas sanitarias y fitosanitarias que impone ese país.
Nada de esto aconteció. Estados Unidos no se movió ni un
milímetro y reiteró que no va a hacer cambios en su
normatividad interna pero que Colombia sí debe hacerlos.

No es que Estados Unidos no quiera negociar el agro, lo que
sucede es que quiere negociarlo en beneficio propio, sin
hacer concesiones y para exportar más, no para comprar
nuestros productos. En las mesas no se habla de trato
especial y diferenciado, tampoco de fondos de compensación y
se quiere aun paralizar la endeble posibilidad de adoptar
medidas en beneficio de la agricultura. La interpelación ha
llegado al ministro Cano quien ambiguamente al tiempo que
habla a los agricultores de protección, defiende la
negociación del Tratado que va a acabar con esta.

El desentrabamiento de la negociación agrícola no fue más
que una ilusión. No hay ni asomo de resultados en lo
concerniente a mediadas sanitarias y fitosanitarias que
según los negociadores colombianos son la clave del "acceso
real". Lo que Estados está afirmando es que las concesiones
que ha hecho Colombia no son suficientes y que debe hacer
otras adicionales para que el tratado tenga lugar. No basta
con que el gobierno esté de rodillas, lo quieren totalmente
postrado.

El "gran triunfo" en bienes industriales

La negociadora norteamericana, Regina Vargo señaló en su
balance que la oferta norteamericana en bienes industriales,
se acercaba a la consolidación del ATPDEA. Los negociadores
andinos reclamaron éste como el mayor éxito de la ronda e
incluso el jefe de la mesa de Acceso a Mercados fue
vitoreado por los integrantes del "cuarto de al lado" cuando
informó que Estados Unidos había pasado de ofrecer el 95 por
ciento a ofrecer el 98 por ciento de acceso a su mercado a
los productos industriales.

La verdad es que Estados Unidos no ha ofrecido todavía todas
las garantías que Colombia posee actualmente en el sistema
ATPDEA, ya que no se incluye en la vitoreada oferta al
sector textil, el que sería -según los promotores del TLC-
un sector ganador. Todo demuestra que, contrario a lo
afirmado por las autoridades colombianas, estas preferencias
constituyen no el piso sino el techo de las negociaciones,
su máximo "interés ofensivo".

Colombia ha hecho para lograr "casi todo el ATPDEA" en
industria, dos concesiones particularmente graves. Una es
haber aceptado que en 10 años todo el comercio de mercancías
industriales será liberado, lo cual significa que en ese
breve lapso toda la producción manufacturera será sometida a
una competencia ruinosa, aunque muchos productos lo serán de
inmediato y otros en cinco años. La otra es que "por error"
el gobierno aceptó que la salvaguardia que podría proteger
algunos productos por importaciones exageradas, solo operará
mientras termina el proceso de desgravación y no tendrá
vigencia permanente. El famoso error no fue enmendado, no se
tocó el tema y al parecer quedó en firme. Y, no sobra
añadir, que como contraprestación, Estados Unidos exige el
acceso a los bienes usados que abarcan saldos, desechos,
remanufacturados y piezas de desensamble, entre otros
desperdicios. Como paliativo a esta agresiva solicitud, se
indicó a los pequeños industriales que podían pedir créditos
en la banca comercial norteamericana y por enésima vez se
explicó que las compras públicas en los Estados de la Unión,
estaban reservadas para las empresas estadounidenses.

Quedó claro también que el gobierno colombiano está
dispuesto a sacrificar el algodón para "salvar" los textiles
y también que las maquilas colombianas tendrán que competir
con las de Centroamérica y Asia desde el próximo año en el
mercado norteamericano, cuando expire el acuerdo
Multifibras, y para ello necesitan mano de obra baratísima.

Queda pendiente en este tema asuntos cruciales como la
definición de textiles, políticas de competencia, normas de
origen y otros asuntos relacionados.

Para que Colombia acceda al dos por ciento del conjunto de
bienes industriales que falta, debe hacer concesiones
nuevas, pues parece que a Estados Unidos no le parecen
suficientes las realizadas hasta ahora.

Las concesiones "reciprocas" en propiedad intelectual

El otro tema sobre el cual se generó mucha expectativa fue
el de propiedad intelectual. Allí las cartas estaban todas
en la mesa y lo que se esperaba era que concesiones harían
los andinos. Según los primeros informes Colombia aceptó
elevar el decreto 2085 al tratado, lo cual significa que la
protección adicional dada a los medicamentos en esta norma
legal, se colocó como piso para los demás países los cuales
tendrán que hacer concesiones similares y, por otra parte,
dicho decreto que podía tener carácter temporal se vuelve
irreversible.

Colombia también habló de alargar la duración de las
patentes para compensar demoras injustificadas en su
otorgamiento, con lo cual se da una protección adicional y
que según el estudio realizado por la Organización
Panamericana de la Salud, costará millones de dólares a los
colombianos por nuevas dificultades en el acceso a
medicamentos genéricos.

Estados Unidos sigue proponiendo lo mismo desde el primer
día y añadió que no se debía permitir la caducidad de las
patentes aunque estas no se exploten, con lo cual se
garantizaría todavía mayor aumento de la protección al
monopolio que persiguen las multinacionales farmacéuticas.

Los partes de victoria de los negociadores colombianos dan
grima. Hablan de que los de Estados Unidos escucharon
atentamente, tuvieron comprensión, van a estudiar el asunto,
aceptaron oír las posiciones andinas, hicieron muchas
preguntas. Pero cuando se indaga cuáles fueron las
favorables posiciones que suscitan tales consideraciones, se
vuelve a encontrar las mismas exigencias que los gringos
han recitado desde el primer día.

De nada han servido los lloriqueos del gobierno de Uribe en
Cartagena a George W. Bush, suplicándole flexibilidad en
las negociaciones, y se ratificó lo que RECALCA ha señalado
desde el comienzo de la negociación: que se trata de un
escenario totalmente desigual en el cual los Estados Unidos
tienen todas las ventajas y Colombia no cuenta siquiera con
un gobierno que ampare dignamente los intereses nacionales.

Antes de Tucson se habló de "necesarias concesiones
recíprocas", de lo inaceptable de la posición
norteamericana. Estados Unidos no ha hecho ni la primera
concesión al cabo de las seis rondas y, en cambio, Colombia
ha corrido con todo el gasto. Estados Unidos hasta ahora ni
siquiera ha ofrecido la renovación completa del ATPDEA, no
está dispuesto a hacer ningún cambio en su normatividad
interna y quiere superar lo acordado con Chile y
Centroamérica. Siempre persigue acuerdos "plus" que le
garanticen normas favorables a sus capitales, a sus
industrias, agricultores y empresas y firmas prestadoras de
servicios.

No será fácil aplastarnos

La inclusión de una ronda adicional a las que estaban
previstas muestra dificultades en la concreción de la
negociación y la persistente negativa de Estados Unidos a
hacer concesiones, atrincherado en las leyes que limitan al
poder ejecutivo a negociar en términos muy precisos. El
gobierno colombiano por su parte tiene del mismo modo una
situación adversa: Fracasó el Estatuto del Inversionista y
cayó la Reforma Tributaria que serviría de base a aumentar
los recaudos fiscales que se reducirían como consecuencia de
la desgravación arancelaria en el TLC. Entre tanto, crece la
conciencia entre los sectores productivos sobre la
inconveniencia del tratado y , por parte de la Gran
Coalición Democrática se convocó a todos los opositores al
TLC a multitudinarias movilizaciones para el 2 de febrero
con ocasión de la siguiente ronda que tienen programada para
efectuarse en Colombia.

En la medida en que el tiempo se alarga, la aprobación del
Tratado tiende a convertirse en un asunto electoral y ni
para Uribe, ni para los congresistas será fácil conquistar
votos con esa acta de defunción de la producción nacional en
la mano, que será el acuerdo surgido de tan inicuas
negociaciones como las aquí descritas.

Recientes estudios, como el de la OPS, los de la Alcaldía de
Bogotá o el del economista Germán Umaña, suman reparos
adicionales al tratado colonizador. La inmensa mayoría de
los columnistas de todos los diarios del país se muestran
críticos o en franca oposición y, a pesar de la aprobación
de la reelección, en el Congreso hay una atmósfera de
malestar que no presagia un trámite fácil en los dos cuerpos
legislativos y, dada la evidente alteración de las
instituciones vigentes que conlleva el TLC, su control de
constitucionalidad apunta a tener grandes dificultades en la
Corte Constitucional. En las rondas hay protestas, denuncias
y los medios son receptivos a los críticos hasta el punto
que aun los medios colombianos registraron que la Red
Colombiana de Acción frente al Libre Comercio, organizó
protestas al tratado en Tucson y vinculó al Representante a
la Cámara de Estados Unidos por el distrito de Tucson, Raul
Grijalba y compartió las denuncias con la AFL CIO,
organizaciones ecologistas y sectores religiosos como la
iglesia presbiteriana y Unitaria de Estados Unidos. Los
canales de televisión han demandado su exclusión del trato,
al igual que el sector cultural.

El momento por el cual hoy atraviesa la negociación no es el
más propicio para seguir afirmando que es inevitable esta
iniciativa; ya se ha incumplido la fecha propuesta
inicialmente para el final de las rondas y, tal como se
proyecta el cronograma, no se terminará antes de que el
Congreso gringo tenga que prorrogar la ley que faculta a su
gobierno para hacer estos acuerdos, el Trade Promotion
Authority . Los colombianos que han fijado su oposición a
este proyecto, aquellos que tienen reparos frente al mismo y
los distintos grupos sociales o sectores económicos que han
expuesto las temibles amenazas que contiene, han logrado
mayor espacio para acrecentar su resistencia e impedir que
se lesione de manera enorme la producción y la soberanía
nacional.