Las motivaciones de cientos de organizaciones sociales y
productivas para unirse bajo la bandera de "Ecuador Decide", no
son un capricho de los "que siempre se oponen", como presentan
los desprestigiadores de esta iniciativa. Es, por el contrario,
un compromiso ciudadano en defensa de los derechos sociales y
económicos de la mayoría de la población.

El mal llamado Tratado de "Libre" Comercio es parte de una
estrategia corporativa norteamericana para consolidar un sistema
de sometimiento no solo en lo comercial sino también en esferas
como la soberanía, la producción alimentaria, el control de los
recursos naturales, etcétera.

Se abren las fronteras de nuestro país cuya producción es
fundamentalmente agrícola, para competir en forma DESIGUAL con
una producción agrícola subsidiada. Los precios más bajos y las
mejores condiciones de la producción agrícola norteamericana van
a afectar a los pequeños y medianos productores. El Washington
Post a propósito de la Farm Bill, la ley que garantiza 180 mil
millones de dólares en subsidios a los productores agropecuarios
de su país, la califica como "la carta de defunción de los
agricultores latinoamericanos". En estas condiciones "el libre
comercio" es una farsa.

La avalancha de importaciones va a hacer quebrar a muchas
industrias nacionales que no están en capacidad de resistir,
peor de competir, con las industrias extranjeras. Lo grave es
que el TLC intenta impedir que el Estado fomente la industria,
esto en el nombre de la "economía de libre mercado".

El TLC es un instrumento del capital financiero internacional,
beneficiario de la deuda externa latinoamericana. La economía
del país, cuando su comercio sea estrangulado por la competencia
desigual, va a ver disminuidos sus ingresos fiscales y con ello
se agudizará inevitablemente el círculo perverso del
endeudamiento. El TLC garantizará que la deuda sea un tema
indiscutible en su legitimidad y la responsabilidad que sobre el
mismo tienen los acreedores.

Las selvas, los ríos, el agua, el oxígeno, son tratados en el
TLC como simples mercancías. Su estrategia privatizadora intenta
adueñarse de nuestra naturaleza, de su inmensa biodiversidad y
echar abajo las culturas ancestrales, que tienen que ver con los
saberes de nuestros pueblos.

La experiencia mexicana con el TLCAN es muy ilustrativa: pérdida
de los (pocos) derechos laborales, negación del derecho a la
educación de los más pobres (el 61,3%). Los inversionistas
extranjeros y nacionales exigen leyes que garanticen el pago de
salarios de hambre, la liquidación de conquistas como la
estabilidad laboral, el derecho a la organización.

Los sectores productivos involucrados han cedido la iniciativa a
los negociadores norteamericanos dejando sin piso a los
agricultores y ganaderos que se sienten amenazados por una
política millonaria de subsidios. Igual ocurre con los atuneros
y camaroneros.

Una decisión de esta magnitud debe ser consultada. La
Constitución lo ampara. Es inaceptable que unos pocos
interesados en el negocio TLC decidan a espaldas de un pueblo
que será quien pague las consecuencias en su salud, en su
educación, en su empleo.

Me uno al pronunciamiento del Consejo Episcopal Latinoamericano
(Celam), que condena el TLC y reafirma el llamado de los obispos
de Estados Unidos, que "el reto fundamental es poner en marcha
un modelo de desarrollo humano sostenible" basado en un comercio
justo y solidario.

* Coordinadora Ejecutiva de Jubileo 2000, red Guayaquil.

DIARIO EL UNIVERSO DEL 02 DE NOVIEMBRE DEL 2004