Los últimos hechos de corrupción, en los cuales se implica a importantes personalidades de la política nacional, entre las que figuran expresidentes de la República y exdiputados, nos tienen a todos sumamente impactados. Pero, ¡qué curioso!, prácticamente la totalidad de esas figuras públicas hoy sumamente cuestionadas, han sido abanderadas del denominado tratado de "libre" comercio (TLC), que le quieren imponer a Costa Rica con los Estados Unidos de América.

Precisamente fue el hoy cuestionado Dr. Miguel Ángel Rodríguez Echeverría quien, en su administración, le propuso a los estadounidenses la celebración de dicho tratado; el cual, como lo ha indicado un elevado número de organizaciones sociales de toda naturaleza y ciudadanos de las más disímiles posiciones políticas; constituye un verdadero despojo de las mejores empresas públicas de todos los y de todas las costarricenses.

Ese TLC nos exige entregar el ICE, el INS, la CCSS, el A y A. El TLC toca el tema de los medicamentos y ya los costarricenses sabemos cuántos miles de millones se mueven en este negocio. Nos preguntamos: ¿qué intereses se habrán defendido en este caso, como en otros de los temas sensibles en dicho tratado?. Realmente se defenderían los intereses nacionales; o, por el contrario, los de algunos grandes empresarios, amigos de políticos, receptores de millonarias comisiones? Sinceramente, estamos convencidos que lo que privó fue esto último.

Definitivamente lo negociado por nuestros políticos en ese TLC, no cuenta en este momento con el respaldo del pueblo, sobre todo ahora que han quedado expuestos, como nunca antes, los altísimos niveles de corrupción a que ha llegado la cúpula gobernante tradicional.

Por lo tanto, el Gobierno debe, definitivamente, descartar la aprobación legislativa de dicho tratado. En este momento crucial de la historia nacional, debemos los costarricenses preguntarnos, a la luz de estos escándalos, cuánto dinero está detrás de estos negocios que quieren hacer, entregando nuestras mejores instituciones públicas, al amparo del tal TLC.

Definitivamente que urge una profunda investigación para saber qué personas, qué entidades, cuáles empresas, cuáles bufetes, están detrás de los principales cabecillas promotores del denominado TLC; de forma tal que no nos quede la menor duda de que lo que menos ha imperado el proceso del TLC, ha sido el interés nacional.

Por el contrario, estamos convencidos de que ha sido el interés de negocio de esa malévola alianza político-empresarial que ha carcomido nuestra institucionalidad, con la escandalosa corrupción que hoy ha salido a flote; manchando la honorabilidad de empresarios patriotas que no están en el juego de la corrupción y que, erradamente, todavía creen en ese TLC.

Igualmente, debemos proceder a investigar a los eventuales intereses de negocios, de representaciones jurídicas, de compadrazgos empresariales, de aquellos señores diputados y de aquellas señoras diputadas de la actual Asamblea Legislativa, que han manifestado su disposición por la aprobación del TLC.

La multimillonaria cantidad de dólares en potenciales comisiones en torno a los eventuales negocios del TLC, debe ser lo suficientemente tentadora como para que algunos de los actuales políticos del bipartidismo en decadencia, se jueguen su propio pellejo entregando el patrimonio nacional, si se tiene la certeza de que vivirán luego a pierna suelta.

Así parece que lo pretendieron algunos de los involucrados en los escándalos CAJA-FISCHEL e ICE-ALCATEL, sólo que el tiro les salió por la culata. A lo mejor y con la fuerza del pueblo de por medio, a los defensores interesados del TLC, se les quema el pan antes de entrar al horno.

Sin duda alguna que nos sobran razones para desconfiar de las bondades que dicen que tiene el tal TLC, si dentro de sus máximos promotores, hoy encontramos integrantes en la pandilla que ha defraudado al pueblo costarricense, según lo hemos estado comprobando en estos días.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)